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El Consejo de Estado condenó a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) a pagar más de 550 millones de pesos por los daños ocasionados a 108 familias mineras del municipio de San Rafael, en el Oriente antioqueño, que se vieron afectadas por las inundaciones provocadas por el embalse de Guatapé desde el 6 de agosto de 1999.
El organismo judicial consideró que EPM es el responsable de las inundaciones, pues “los vertimientos de aguas desde la central hidroeléctrica en la cuenca del río Guatapé (...) generaron procesos de sedimentación y socavación de las orillas del río que, a su vez, ocasionaron las inundaciones registradas”.
Así pues, dice la relatoría del Consejo de Estado, “el río Guatapé, que atraviesa varios municipios en el departamento de Antioquia, se ha desbordado en numerosas ocasiones, generando estragos en las viviendas de los pobladores del municipio de San Rafael e impidiendo la actividad de la minería de barequeo ejercida por otros tantos”.
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El magistrado ponente Danilo Rojas aseguró que “se generaron enormes incomodidades a los propietarios con las inundaciones porque tuvieron que desalojar sus casas, perder sus enseres y quedar desplazados en su propio pueblo”.
De hecho, no es la primera acción de grupo presentada contra EPM por esos mismos motivos.
Antes, los mismos habitantes de San Rafael habían reclamado por los daños ocasionados por inundaciones entre el 25 de julio de 1987 y el 15 de noviembre de 1996, pero sus pretensiones no fueron tenidas en cuenta porque no demandaron a tiempo -el plazo era de dos años después de ocurridos los hechos-.
En cambio, aunque las pretensiones de los mineros por las inundaciones entre 1998 y 2000 se encuentran igualmente caducadas, “el daño que se registró para este grupo actor consistió en la imposibilidad para estos de ejercer la actividad de barequeo con ocasión de la puesta en operación de la represa Guatapé”, explica el Consejo de Estado.
Sin embargo, esta corte aclaró que las personas que compraron alguna propiedad en la zona después del 17 de septiembre de 1996 no podrán reclamar indemnización, pues en ese momento ya habían iniciado las negociaciones entre EPM y algunos pobladores para reubicarlos en otros barrios más seguros y los compradores “habrán asumido los riesgos de habitar inmuebles en cercanías al río”.
Por eso, aunque fueron 108 familias demandantes, el Consejo de Estado solo ordenó indemnizar a 31, dice Santiago Villegas Yepes, director de Planeación de Generación de Energía de EPM.
La sentencia, además, pide a EPM que negocie con los propietarios afectados por las inundaciones “para que les compre o les pague los inmuebles”, y solicita que se implementen planes de gestión del riesgo por parte de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de San Rafael y Cornare.
La primera etapa del embalse de Guatapé empezó a funcionar en 1972, y la segunda entró en servicio en 1980. Para la construcción de la represa fue necesario reubicar la cabecera municipal de El Peñol y trasladar a 4.725 personas de ese municipio y de Guatapé.
En ese momento, explica Yepes, se identificaron los impactos sobrevinientes y EPM empezó a negociar con muchas de las familias de la zona: “como producto de esas negociaciones se construyó el barrio El Jardín, donde viven 85 familias de San Rafael afectadas por la represa, y se trasladó la Institución Educativa Narciso Narváez”.
“Pero no con todos fue posible negociar”, dice el funcionario de las empresas públicas. Estas fueron las familias que demandaron a EPM y que finalmente obtuvieron una respuesta de la justicia, 20 años después de las inundaciones.
“Apenas quede ejecutoriado el fallo nosotros procederemos a girar los dineros correspondientes”, expone el vocero de EPM.