“Combatiré la publicidad engañosa en el plebiscito”

El procurador general, Alejandro Ordóñez, le pidió al CNE garantizar la libertad del voto por el Sí o el No.

Sobre la decisión del presidente Santos de no responderle el cuestionario de 60 preguntas, Ordóñez dijo que no quiere prolongar esa tensión, pero que las competencias constitucionales del Ministerio Público están claras en el artículo 277 de la Constitución y que el 284 establece que ninguna autoridad puede poner reserva a la solicitud de información de la Procuraduría. “Mientras sea procurador, seguiré cumpliendo mis deberes constitucionales”.

FOTO Jaime pérez

El procurador Alejandro Ordóñez aún no se quiere pronunciar sobre el Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc. Afirmó que está dedicado a estudiar el documento, pero que posiblemente este miércoles hará públicas sus observaciones.

El pasado viernes protagonizó otro habitual cruce de palabras con el presidente Juan Manuel Santos, quien, en Bucaramanga, le dijo a los gobernadores que “no le paren bolas a los que les dicen que no hagan pedagogía, que no pueden hacer campaña”, en alusión a Ordóñez.

El procurador, respondió en Twitter: “Por un lado incitan a los gobernadores a saltarse las reglas y por otro constriñen al Consejo de Estado a sacar a quien le corresponde ejercer el control”. Esto en vista de que la semana pasada Santos les pidió a los magistrados agilizar el estudio de la demanda sobre la supuesta irregularidad de su reelección.

En diálogo con EL COLOMBIANO dijo que espera con tranquilidad y paciencia la decisión del CE e insistió en que el afán del Gobierno y las Farc por sacarlo del cargo (su periodo concluye el 15 de enero de 2017), es porque no quieren control institucional sobre campañas del plebiscito.

En el foro sobre el plebiscito en la Universidad de Medellín, la semana pasada, se mostró más imparcial, ¿le está haciendo caso a la Corte Constitucional, que lo excluyó del debate político?

“El cumplimiento de mis funciones siempre ha estado limitado por la Constitución y la ley. A la Procuraduría le corresponde ser el garante de las garantías constitucionales. Cuando la Corte permite que los funcionarios públicos puedan intervenir en la promoción del plebiscito, pero la restringe respecto a los funcionarios judiciales, organismos de control y las Fuerzas Militares, pues es indudable que dentro de ese marco la Procuraduría cumple sus funciones”.

La sentencia de la Corte habla de difusión del acuerdo. ¿Cómo evitar que en ese espacio se haga campaña?

“Lo que pueden los funcionarios públicos es expresar su opinión, pero no pueden utilizar los bienes públicos al servicio de una campaña específica. Lo que debe hacer la autoridad es difundir los acuerdos transparentemente, sin aprovechar esa difusión para confundir el derecho a la paz con el voto en determinado sentido por el plebiscito”.

¿Qué papel jugará la Procuraduría a partir de mañana, que inicia la campaña oficial por el plebiscito?

“Garantizar el derecho de los ciudadanos a votar consciente y libremente, a estar bien informado. Hacer respetar la ley, la Constitución y las decisiones judiciales. En materia de plebiscito existen unas leyes estatutarias y los precedentes de la Corte Constitucional, la Ley 134, la 1757 y el fallo de la Corte que avaló el plebiscito”.

¿Cuáles son las limitaciones de los funcionarios para hacer campaña?

“No pueden usar los bienes ni el presupuesto público, no pueden obligar a otros funcionarios, ni a los contratistas o amenazar con separaciones de la función pública. No pueden tener publicidad engañosa. Acá no de está en discusión el derecho a la paz, sino una política pública concretada entre Santos y Timochenko. Eso lo dijo la Corte y a mí me corresponde hacerlo cumplir”.

El fallo suena muy bien, pero ¿cómo harán ese control en todo el país?

“Todos personeros, defensores, procuradores y contralores tendrán la obligación de tramitar, no solamente las quejas de los ciudadanos, sino ejercer oficiosamente para lograr disciplinar y conocer actuaciones en materia fiscal. Lo que exige la Corte y la ley estatutaria es la libertad absoluta del voto. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene las competencias para evitar que haya una campaña engañosa. Le pediremos garantías”.

Entonces, ¿qué va a pasar con el expresidente Gaviria, que dice que se va a votar por la paz o la guerra?

“No quiero entrar en polémicas con nadie. La Corte señaló que esa confusión no puede existir. No se puede engañar al elector de esa forma. Al que le corresponde neutralizar la publicidad engañosa es al CNE”.

¿Podrá el gobierno desconocer la orden de la Corte para que las Farc se desarmen antes del plebiscito?

“Ni el presidente ni ningún funcionario se pueden saltar la Constitución, ni las decisiones de los jueces. Un grupo de ciudadanos ha solicitado a la Corte que aclare eso. Lo que se puede considerar es el temor que tiene la Corte al proselitismo político en armas, porque eso afectaría la legitimidad”.

Si gana el Sí, ¿qué acciones concretas adoptará para ayudar al desarrollo de los acuerdos de La Habana?

“La Corte fue muy clara. El acuerdo es político, no tiene un valor vinculante, ni jurídico. Si el Sí logra el umbral no modifica ni una coma de la Constitución, no obliga ni al Congreso ni a la rama judicial. Obligaría al presidente, a quien le correspondería dar un trámite ordinario, al interior del Congreso, a lo acordado. No es cierto que el pueblo tenga la última palabra. Quien la tendrá es la Corte Constitucional, que determinará la exequibilidad o no de los actos legislativos o leyes que sean implementadas para cumplir el Acuerdo Final”.

¿El Gobierno estigmatiza de “guerreristas” a los que van con el No y la oposición de “entreguistas” a los que promueven el Sí?

“Me voy a referir a la respuesta que en esa materia dio la Corte Constitucional: “Debe resaltarse que el objetivo del plebiscito especial no es someter a refrendación popular el contenido y alcance del derecho a la paz, sino solamente auscultar la voluntad del electorado sobre la decisión política contenida en el Acuerdo Final”.

Si usted fuera el presidente ¿qué ajustes le haría al Acuerdo con las Farc?

“La Procuraduría plasmó sus observaciones en materia del Acuerdo de Justicia, en un documento que envié a La Habana en abril del año pasado, recordando los deberes que internacionalmente tiene el estado colombiano, que se llama “La paz no lo justifica todo”. He manifestado temores en torno a la fortuna de las Farc, la conexividad de los delitos políticos, la jurisdicción especial para las paz, entre otras. Todo con el ánimo de blindar los acuerdos para el futuro”.

¿Por qué el presidente Santos y muchos ciudadanos lo ven como un obstáculo para el acuerdo de paz?

“La Procuraduría es parte del Estado, pero no del Gobierno. Hablo en defensa de los derechos de ciudadanos y víctimas, del ordenamiento jurídico. Las críticas son constructivas, desde la institucionalidad. La mortificación de alguno es no haber logrado cooptar el organismo de control para que asumiera un espíritu de cuerpo, y eso se le hubiera hecho un flaco servicio a la democracia”.

La comunidad internacional y hasta el Papa Francisco creen en el proceso de La Habana, pero usted no. ¿No teme una excomunión?

(Risas). “No, el Papa no se ocupa de eso, suficientes problemas tiene. Utilizar el nombre del Romano Pontífice y del secretario de la ONU tiene que ver un poco con tratar de legitimar una jurisdicción especial que deja serias dudas respecto al cumplimiento de estándares internacionales”.

Respecto al debate por las cartillas con enfoque de género ¿Por qué el Ministerio Público no se pronunció cuando se hizo algo parecido en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe?

“Yo no era procurador en ese momento. Eso fue entre 2005 y 2006 y llegué en el 2008”.

Un constitucionalista me dijo que hoy la Procuraduría es más atractiva porque usted demostró el poder que tiene. ¿A eso se debe la puja por su reemplazo?

“Antes se creía que el procurador tenía solo funciones disciplinarias, pero es maestro, padre y policía, porque tiene funciones preventivas y de intervención judicial. He sancionado a 8.000 funcionarios de todos los partidos, entre ellos 3.000 de elección popular. En materia preventiva hemos hecho más de 300.000 acompañamientos. En materia judicial son muchas las decisiones en garantías ciudadanas, debido proceso, derecho a la defensa y sobre patrimonio público”.

¿Es función también del procurador repartir mercados? Se le ha visto muy diligente en esa tarea.

“A eso le han metido mucho folclor. Desde el primer año lo he hecho todos los diciembres, como función social. Rezamos las novenas en los 27 pisos (en cada uno se hace el pesebre), y recogemos donaciones voluntarias. Al terminar, ese dinero lo destina la institución, no el Procurador, a comunidades necesitadas”.

¿Ha proferido maldiciones cuando lo llaman Monseñor Ordóñez, o cuando lo caricaturizan con sotana o lo imitan pontificando?

“Solo me río porque es cuando carecen de argumentos para criticar. Por la función pretenden ridiculizarme pero a mí no me disgusta, lo veo como parte del folclor nacional. Incluso, al que me imita en Caracol, cuando lo veo le digo: Procurador. Los funcionarios públicos debemos tener eso presupuestado. Dice el adagio popular “el que quiere celeste, que le cueste”.

¿Fracasó en su sanción a Piedad Córdoba? ¿Quién cancelará la indemnización?

“La debería de pagar las Farc. No es novedoso que el Consejo de Estado anule una decisión del procurador. A mí me tocó como consejero anular varias decisiones de los procuradores Bernal y Maya. Está bajo el control de legalidad. Soy respetuoso de la institucionalidad y acato esa decisión, aunque interpondré un recurso de revisión. Las razones del Consejo de Estado no son porque no estén demostrados los vínculos de Piedad con las Farc, sino porque, al parecer, las pruebas del PC de Raúl Reyes no se podrían valorar en un proceso. A la Procuraduría no le cabe duda de que Piedad es alias Teodora”.

¿Por qué la “Farc-política nunca avanzó?

“El Estado decidió que no hubiera Farc-política, que a las Farc no se les tocara ni con el pétalo de una flor. El Estado decidió llorar solamente por un ojo”.

¿Qué hará la Procuraduría ante la supuesta infiltración a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga?

“Si existen funcionarios públicos implicados, investigarlos”.

EL COLOMBIANO publicó una denuncia sobre presunta corrupción en la elección de 735 procuradores judiciales. Esa elección es revisada por el Consejo de Estado.

Todo acto de un funcionario está sujeto a controles. Cumplí una orden judicial de la Corte Constitucional, que me ordenó que 735 funcionarios judiciales ingresaran a carrera. Se posesionarán en los próximos días. Algunos creen que hubo irregulares. Perfecto, que los jueces decidan”.

¿A quién le gustaría de fórmula vicepresidencial? O ¿Puede decirle al país que no aceptará ninguna candidatura, así le insistan?

“Quiero ser un buen procurador. Todavía no he decidido si seguir criando los nietos, porque mis hijas son bastantes pródigas, o dedicarme a la academia, o ejercer la vida pública. Por el momento no me distraigo. El presidente está muy preocupado, sigue herniándose por mi permanencia, pero quiero invitarlo a rezar la novena, a comer natilla en mi último diciembre y entregar los mercados a los pobres”.