Acabar las “malas EPS” sería larga tarea para Duque

A propósito de la propuesta del presidente electo, revisamos las empresas con más quejas.

Retos de Iván Duque para acabar las “malas EPS”

Richard Aguirre Fernández

18 de julio de 2018

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Las quejas que los colombianos presentan contra sus EPS son un reflejo de la calidad y la efectividad que reciben cuando buscan un tratamiento médico o una cita con especialista.

Teniendo en cuenta esta premisa, planteada por la Asociación Colombiana de Hipertensión Pulmonar, revisamos las bases de datos de la Superintendencia de Salud enfocados en las quejas que reciben contra las EPS.

En el escenario presentado por la Superintendencia de Salud a EL COLOMBIANO se encuentra que en lo que va de este año los indicadores aumentaron en 30.132 casos, al pasar de 193.498 peticiones, quejas y reclamos hasta mayo de 2017, a 223.630 en el mismo periodo de 2018 (ver infografía), siendo el acceso a servicios el más demandado, con 171.753 quejas.

Aquí también hay que tener claro que la EPS con la tasa más alta de quejas por cada mil habitantes es Coomeva, con 2,3, aunque aparece en el segundo lugar con más casos.

Este panorama también se ve a diario en redes sociales y medios de comunicación, en las que pacientes como Jorge Andrés Hincapié - quien sufre xantomatosis cerebrotendinosa, enfermedad metabólica clasificada en Colombia como rara, que afecta la movilidad-, exponen las dificultades para que su tratamiento sea continuo, pues han tenido que acudir a procesos judiciales para que les garanticen sus derechos médicos.

Sin embargo, ni por esta vía Andrés lo ha logrado, pues sigue esperando los ácidos quenodesoxicólicos, formulados y obligados por un fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira que le ordenó a Medimás que se los otorgue, aunque María Aguirre, vicepresidenta jurídica de la empresa, dice que al paciente le “vienen prestando el tratamiento” y que “no cuentan con órdenes de servicios pendientes”.

No obstante, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanas, instancia que estudiará las denuncias de Hincapié.

Para dónde vamos

Conociendo estos resultados, que evidencian el inconformismo de los usuarios, toma vigencia la propuesta del presidente electo Iván Duque, quien planteó acabar con “las malas EPS”, para que, de esta manera, se busquen los caminos para respetar el derecho a la salud de los ciudadanos.

Al etiquetarlas como “malas”, Duque se refiere a las que no cumplen con sus deberes o ponen trabas en el acceso, oportunidad y calidad de los servicios que deben prestar.

Basados en el informe de la Supersalud, las EPS con más quejas son Medimás, Coomeva y Nueva EPS. También es claro que son las de más quejas porque tiene mayor número de afiliados. Puede haber entidades más pequeñas que, en proporción a las personas que atienden, tendrían indicadores más complejos, lo que abre el debate de la posibilidad de acabarlas.

Sin embargo, al consultar analistas sobre la viabilidad de materializar la idea, exponen que llevarlo a cabo supondría un gran reto para el sistema de salud pues, si esto se diera hoy, habría que buscar cómo afiliar a otras EPS a los 10.143.707 afiliados que suman las tres empresas. “Complejo y caótico”, responden los consultados.

Jaime Arias Ramírez, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), reconoce que la propuesta es viable, pero funcionaría en ocho años, como mínimo, porque para implementarla se requerirá de un proceso de adaptación, rediseñsar el sistema y “garantizar que no colapse”.

Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, tiene una visión similar, al punto de calificar de “necesaria” la posibilidad planteada por Duque.

“La que no cumpla con la prestación de servicios debe ser cerrada. No es admisible que los usuarios sigan falleciendo o deteriorándose en su salud porque no se les atiende”, cuestiona Castellanos, quien resalta que este aumento de quejas de los usuarios es responsabilidad de las empresas, “pues las barreras parecen ser prediseñadas por las EPS para dilatar o negar los servicios, sin importar que sean del régimen subsidiado o contributivo”.

La propuesta es coherente y este gobierno ya lo ha hecho, sobre todo cuando las EPS tocaron fondo y, en definitiva, no fueron capaces de responderles a sus pacientes. Por esto el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, destaca como uno de los logros “el saneamiento de deudas y la depuración de EPS, liquidando algunas inoperantes, como Caprecom y Saludcoop”, entre otras.

Deudas, otro lío

Si bien la propuesta de Duque ha sido bien recibida por diferentes actores, incluyendo a pacientes y al representante de las empresas, también dejan claro que no es el único problema que deberá enfrentar y aquí resulta el otro gran lío a encarar: la plata que falta, estimada en $8 billones, para que la situación cambie.

El directivo aprovecha para aclarar que “no es que las EPS se estén quedando con la plata”, sino que hay un acumulado de deudas desde hace unos 10 años, y fue más claro al advertir que si quieren soluciones, la fórmula “mágica” es que el Ministerio de Hacienda disponga el presupuesto. “Es algo complejo, pero el dinero debe salir de este despacho”.

El presidente de Acemi también llama la atención del Gobierno para que cree una instancia que permita identificar, de manera precisa, a cuánto ascienden las deudas en este sector, lo que “permitiría tener información real para definir cuáles son las estrategias que se requieren para sanearlas, sobre todo porque los más afectados son los usuarios”, resalta Arias.

Otro punto, no menor, son las dificultades económicas que arrastran la EPS. Por ejemplo, el informe económico, también publicado por la Súper, muestra que en 2017 la de más pérdidas fue la antioqueña Savia Salud, con $395.000 millones, seguida Asmet Salud, con $175 mil millones.

En contraste, a las que les fue mejor, está Salud Total, con $42.739 millones, seguida de Capital Salud, con $41.144 millones y en el tercer lugar, Medimás, con utilidades de $38.144 millones.

Son muchas

Al indagar sobre la cantidad de EPS que operan, los consultados sostienen que cuando se crearon, con la Ley 100 de 1993, arrancaron alrededor de 70, listado que se fue depurando, hasta llegar a las 40 de hoy.

Sin embargo, el presidente de Acemi, el vocero de los pacientes, y Jairo Humberto Restrepo Zea, director del grupo de Economía de la Salud de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, destacan que la “proliferación” de EPS también aporta a las dificultades que tienen los pacientes.

Restrepo Zea asegura que, por ejemplo, las EPS deberían ser regionales, para que garanticen la prestación de los derechos de la salud a los pobladores y no tener que acabar tantos afiliados en otras regiones.

“El sistema puede revisar para que, por ejemplo, municipios de menos de 50 mil habitantes tengan una EPS y, para ciudades como Medellín, las EPS sean de máximo 500 mil afiliados y no colapsen”.

Es claro que las dificultades que sufren los pacientes se deben a las falencias en el acceso a los servicios o sus medicamentos, pero es evidente que las deudas aprietan al sistema, pues, al tener menos recursos, habrá menos reacción.

Ante esta realidad, el Marco Fiscal de Mediano Plazo para 2018 proyecta que los ingresos del sistema de salud aumentarán en $2,3 billones, que servirán “para garantizar el aseguramiento de mayores aportes que financian el sistema”; sin embargo, también se registrará un déficit de 1,5 billones, proyectados en el aumento de gasto, como lo que se paga en los productos o tratamientos que no hacen parte del Plan Básico de Salud, licencias, incapacidades, entre otros, lo que, a juicio de los consultados, plantea un panorama similar al que han enfrentado los colombianos en los últimos años.