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Los siete retos en siete meses que le quedan a Santos

ElColombiano
El presidente Juan Manuel Santos cumple su segundo periodo en el 7 de agosto, su gran triunfo fue la firma del Acuerdo de paz con las Farc. FOTO presidencia

En el ocaso de su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos tiene obras para mostrar, especialmente en vivienda, entregó 100 mil gratis y avanza otras 30.000; saneamiento básico, el año pasado entregó 141 proyectos de acueducto y alcantarillado, y en adaptación al cambio climático hizo 5.428 obras de mitigación.

Sí cumplió con su principal bandera campaña en 2014, acabar con las Farc como guerrilla, pero el aumento de los cultivos de coca, el accionar de las disidencias de las Farc, la lentitud en la implementación y la impredecible mesa de paz con la guerrilla del ELN lo empañan.

En otros sectores no le va bien, como salud, con notables problemas, como la desfinanciación de las EPS; justicia, economía y ya no tiene capital político para adelantar reformas en el Congreso. De igual manera, algunas otras propuestas del Plan de Desarrollo, sobre todo en lo social, quedan pendientes, no obstante, sigue asumiendo compromisos. El mes pasado, por ejemplo, en el Congreso Nacional Cafetero, comprometió vigencias futuras para renovar 100 mil hectáreas a 2024.

EL COLOMBIANO le preguntó a varios expertos que tareas tiene Santos en los pocos meses que le quedan.

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reformas constitucionales aprobó el Congreso, en 2017, para la implementación.

Contexto de la Noticia

Implementación del Acuerdo de paz con Farc, negociación con el Eln y una salida jurídica al sometimiento de las bandas criminales, específicamente el Clan del Golfo, son los retos que deben tener avances antes de terminar los siete meses que restan.

Para analistas, el principal objetivo debe centrarse en cumplir con lo que se pactó con Farc. “Sin lugar a dudas la incertidumbre de la paz ha dejado a un país sumergido en un proceso irreversible pero lleno de vacíos jurídicos y políticos, el Gobierno cedió en todos los aspectos de la negociación con las Farc, pero queda un ambiente de falta de justicia en este proceso y eso es lo que podría generar nuevos círculos de violencia, que ya se ven en el país con las bandas criminales y las disidencias”, afirma Olmer Muñoz, profesor Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB.

Sobre las negociaciones con el Eln, está la tarea de continuar con las conversaciones en Quito y buscar extender el cese el fuego bilateral, el cual vence el próximo martes. A pesar de esto, la agenda de los diálogos de paz con ese grupo guerrillero no está pactada para que termine antes de estos siete meses, como lo ha reconocido el Gobierno y la misma guerrilla.

En la tarea de establecer un marco jurídico para que se facilite el sometimiento a la justicia de los integrantes de las bandas criminales, Pedro Pemberty, director del Departamento de Ciencia Política de la U. Nacional, cree que el jefe de estado “no debe meterse en legalizar a las bacrim, eso lo debe tratar el nuevo gobierno. Lo de las bacrim no porque es muy complejo, toca muchos sectores interesados y él ya no tiene juego político para convocar consensos. Va a pasar lo mismo de La Habana, se vuelve asunto de Gobierno
y no de Estado”.

Agrega el académico que estos temas no serán fáciles de sacar adelante “porque los congresistas, de cara a sus intereses electorales, ya han dejado ver con claridad que la paz como bandera política genera un potencial rechazo en la opinión pública y en el electorado”.

Luego de terminado el mecanismo especial de fast track en el Congreso de la República, el Gobierno decidió utilizar, para los proyectos que no fueron aprobados, el mensaje de urgencia.

Entre esas iniciativas están el de sometimiento a la justicia de las bacrim, la ley que da beneficios judiciales a los pequeños cultivadores, el Catastro Multipropósito, la ley de reserva forestal, la regulación de la jurisdicción agraria, las garantías para la protesta social y la que reglamenta algunas normas del Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con el Acuerdo de Paz, algunas de estas normas ya tienen varios debates mientras que otras a penas se van a comenzar a discutir.

Además está el problema generado por las 16 circunscripciones de paz que están en un limbo jurídico.

Juan Carlos Ruiz profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario asegura que sumado al poco tiempo que tiene el Gobierno “le queda muy poco capital político que lo dilapido en el manejo burocrático y clientelar, en este momento es un gobierno sin margen de negociación pues no puede conceder nada, además hay que sumar la imagen desfavorable que tiene el jefe del Estado. El Estado no tiene los recursos suficientes el para solventar esa implementación, el problema será para el nuevo presidente”. Y agrega que en materia práctica el mensaje de urgencia no va a tener ningún impacto pues los parlamentarios están en campaña, el Gobierno no aprovechó para sacar las leyes cuando podía”.

Para Francisco Azuero, docente de Economía de la U. de los Andes, lo más urgente es enfrentar la situación fiscal, desde el punto de vista del gasto público. “Debería trabajar para implementar-- las recomendaciones de la Comisión de Gasto, que requieren cambios legales. Deberían presentarse cuanto antes al Congreso”

Según Ramón Javier Mesa, docente de Economía de la U. de Antioquia, Santos no la tiene fácil porque su impopularidad afecta las decisiones de inversión y consumo. “En lo que resta debe impulsar medidas que busquen cambiar la tendencia de bajo crecimiento, especialmente en el tema de la infraestructura y la vivienda. Las tareas están contaminadas por las elecciones presidenciales”.

José Roberto Acosta, docente de Economía de la U. de los Andes, precisó que la única tarea del Gobierno antes de irse es sanear la enorme nómina paralela de medio millón de empleados que tiene “para amarrar burocracia y que todos pagamos con impuestos. Agregó que se debe depurar el Sisbén y Familias en Acción.

Tres cosas puntuales tendrá que hacer Santos en infraestructura en los próximos meses: contratar las obras de navegabilidad del río Magdalena, resolver el futuro de la Ruta del Sol 2 y 3 y que las obras del paquete de concesiones de Cuarta Generación avancen al menos en una ejecución del 50 %. Ernesto Matallana, docente de Derecho Público de la Universidad Externado, sostuvo que definitivamente su principal reto es resolver quién va administrar nuevamente la Ruta del Sol luego del “descalabro de Odebrecht y luego de la solicitud de terminación unilateral del contrato por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por fraude a la libre competencia derivado del pago de sobornos”.

Antes de dejar la Casa de Nariño, Santos espera poner en marcha los 4,73 kilómetros del viaducto de la Ciénaga de la Virgen entre Cartagena y Barranquilla, que lo hará el más largo del país y el tercero de Latinoamérica. Definitivamente, no alcanzará a entregar el túnel de la Línea ya que, según la veeduría, los tiempos del nuevo contrato son muy ajustados.

María Figueroa Cahnspeyer, decana Ciencias de la Educación de la U. Externado, afirmó que el Gobierno debe asegurar la continuidad de programas que han tenido impacto como Todos a Aprender, Aulas sin fronteras y Ser Pilo Paga, asegurando que las universidades públicas no pierdan financiación. “Es clave una sistematización y evaluación de lo ocurrido para dejarle la foto completa al siguiente Gobierno. Por último, empezar a cumplir algunos desafíos del plan decenal de educación y hacer un cronograma de su seguimiento y ejecución”. Por su parte Cecilia Dimaté, coordinadora de la Maestría en Educación de U. Externado, manifestó que hay muchas tareas pendientes, que seguramente este Gobierno terminará su mandato sin el ajuste a la Ley 30. “Ojalá se unificaran los criterios en la formación de maestros y en el proceso de acreditación de las licenciaturas. Importante que cumpla la promesa hecha a Fecode de hacer un reforma al Sistema General de Participaciones. En educación básica hay un tema de infraestructura vinculada a la jornada única en la que se han hecho avances, pero no los suficientes para garantizar condiciones adecuadas y calidad”.

En este momento, es el sector que más le interesa a los colombianos, al punto de ser el que decidiría por quién votarían en las presidenciales, según la encuesta de Yanhaas, publicada a finales de diciembre. Pese al poco tiempo que le queda al gobierno y la poca maniobrabilidad, Carlos Agusuto Galán, director del Observatorio Nacional de Salud y Luis Hernández, director de Salud Pública de la U. de Los Andes, señalan cuáles son las tareas que deberá cumplir el presidente, aunque destacan que la mayoría quedarán pendientes para el próximo gobernante. Galán, por ejemplo, asegura que lo principal será estabilizar las finanzas, incluyendo las EPS. “El flujo de los recursos debe ser cada vez más expedito, hay avances, pero es una tarea que debe mantenerse. Por las circunstancias políticas, pretender reformas que inyecten más recursos al sector quedará como tarea”. Por su parte, Hernández señala que “es importante fortalecer los programas de promoción de salud y prevención de la enfermedad, incluyendo acciones frente a contaminación del aire en centros urbanos”. Igual, la preocupación se mantiene sobre el funcionamiento de Medimás y su capacidad de atención a sus 5 millones de afiliados.

Nicolás Liendo, vicedecano de la Escuela de Política de la U. Sergio Arboleda, sostuvo que será un semestre muy difícil en términos de gobernabilidad. “Le toca consolidar los proyectos que haya estado desarrollando. La fallida reforma electoral dejó
en claro que no es momento de grandes reformas”.

Según Pedro Pemberty, director del Departamento de Ciencia Política de la U. Nacional, sede Medellín, Santos debe gobernar serenamente y seriamente para evitar polarizar más el país. “La agenda legislativa no debe ir contra los sectores sociales o vulnerables. No debe presentar reforma pensional, porque requiere debate nacional, ni influir en la campaña presidencial”.

Para Ólmer Muñoz, profesor de Ciencias Políticas de la U. Pontificia Bolivariana, se vienen siete meses de incertidumbre y Santos deberá generar confianza en la población frente a su Gobierno, “tarea que será casi imposible pues es el presidente con mayor indicador de impopularidad”. Agregó que la corrupción ha desbordado todos los límites posibles y es uno de los problemas que dejará el jefe de Estado sin resolver. “La corrupción en contratación generó una desconfianza generalizada en la población que ya no ve en los entes de control acciones efectivas para enfrentarla, máxime cuando el mismo presidente se ha encargado de repartir recursos para mantener el legislativo a su favor”.


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