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Repotenciar la economía necesita caja de 10 cambios


Foto Colprensa

Al asumir la presidencia de Colombia, Iván Duque recibe una economía en proceso de recuperación. La variación del Producto Interno Bruto (PIB) o crecimiento económico en el primer trimestre de este año fue 2,2 %, luego que para todo el 2017 el indicador se ubicara en 1,8 %.

Estimaciones de expertos consultados por la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco de la República, en julio, ubicaron el crecimiento de ese indicador al cierre de este año en 2,56 %, levemente superior al 2,43 % calculado en enero.

Si bien, docentes de la Universidad Nacional e investigadores de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) coincidieron en señalar que el crecimiento potencial de la economía colombiana se encuentra entre 3,8 % y 4,0%, el Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo) consideró que aumentos de ese orden o superiores en el mediano plazo serían poco probables.

“Incluso si mantenemos altas tasas de inversión y de crecimiento del capital, el PIB sólo podrá dinamizarse a partir de cambios importantes en la productividad y en la utilización de los factores de producción”, explicó la entidad.

Una muestra de la mejor dinámica o, por lo menos, estabilidad económica, se evidencia en el hecho de que el Banco de la República, en lo corrido del año, haya practicado dos ajustes a su tasa de intervención (de 4,5 % a 4,25 %), mientras que entre enero y julio de 2017 la modificó en seis ocasiones (de 7,25 % a 5,50 %).

En el frente laboral, la tasa de ocupación en junio, reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), fue del 58,3 %, es decir que 22,6 millones de colombianos tenían trabajo. Mientras tanto, el índice de desempleo se ubicó en 9,1 %, o sea que 2,26 millones de personas estaban desocupadas.

Pero, el tablero de indicadores es amplio: inflación, tasa de cambio del dólar, sector externo, precios del petróleo, endeudamiento, presupuesto y reformas tributaria y pensional. Las tareas son múltiples y variadas.

Carpeta de pendientes

La elección presidencial del 17 junio sirvió para que gremios, tanques de pensamiento, calificadoras de riesgos, sindicatos, académicos, entre otras instancias, “aterrizaran” las iniciativas que desde su visión estiman necesarias para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo productivo que redunde en el bienestar de los colombianos.

La firma evaluadora Fitch Ratings anticipó que habrá continuidad en la política económica, incluyendo los objetivos de inflación y el régimen de tipo de cambio flexible, pero advierte que “el impulso del crecimiento y la consolidación fiscal serán los desafíos claves para la administración Duque”.

Marcelo Carvalho, economista de BNP Paribas para Latinoamérica, señaló que uno de los mayores retos será diversificar la economía, pues la ganancia de Colombia sigue atada a los precios de los productos básicos de la energía (petróleo y carbón).

Desde la dirección del Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo), Mario Alejandro Valencia, sostuvo que la gran apuesta debe ser una reforma productiva estructural: “la economía de las últimas tres décadas ha sido dependiente de la extracción y exportación de recursos naturales y materias primas básicas. Mientras tanto, los sectores agroindustrial y manufacturero se han deteriorado, perdiendo participación en el PIB y en la capacidad de creación de empleo”.

También comentó que “el Gobierno deberá ocuparse de adelantar una reforma que incluya diversificación, protegiendo y estimulando a sectores creadores de valor agregado, que son diferentes a la minería, el comercio y la intermediación financiera”.

Además de la diversificación planteada por Paribas y Cedetrabajo, el grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia sugirió que otro de los frentes que requerirá atención es el mejoramiento de la competitividad del país.

En ese aspecto insistió en la necesidad “de reducir los costos de transporte, mejorar la infraestructura vial y portuaria, reducir los importes en los cuales incurren las empresas por los problemas de inseguridad y costos energéticos”.

A su turno, el director de la Escuela Nacional Sindical (ENS), Alberto Orgulloso, recordó que Colombia tiene compromisos internacionales, relativos a la agenda laboral y ambiental derivados del Plan Acción Laboral con los Estados Unidos y Canadá, así como la Hoja de Ruta del Parlamento Europeo y con el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Lea en los módulos inferiores otros desafíos para el nuevo Gobierno.

Contexto de la Noticia

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), expresó que la máxima prioridad del nuevo gobierno debe ser “recuperar el crecimiento económico para poder generar mejores empleos y mayor prosperidad para el país”. En esa línea, el Consejo Gremial Nacional (CGN) presentó la “Agenda empresarial” en la que se recopilan 95 propuestas en cinco ejes temáticos (tributación; mercado laboral y sistema pensional; provisión de bienes y servicios públicos; propiedad, uso y ordenamiento de la tierra y facilitación al comercio), que según ese organismo contribuirían a impulsar la economía, así como a incrementar la productividad, mejorar las condiciones de inserción del sector productivo en mercados globalizados y aportar a la reducción de la pobreza.

Desde BNP Paribas se destacó que el plan del gobierno Duque apuesta por aumentar el crecimiento del PIB a al menos 4,5 %, y para ello intentará reducir la burocracia, cobrar impuestos más bajos y tener reglas más claras y estables. Además, aumentar los niveles de inversión en el país, principalmente, incentivando a los capitales privados.

Con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación en el primer semestre del año de 2,47 % y de 3,2 % para los últimos doce meses, es decir dentro del rango meta definido por el Banco de la República (2,0 % y 4,0 %), la misión del gobierno será mantener controlado el indicador.

Los analistas de la firma comisionista

Credicorp Capital proyectaron una inflación total para el final del año de 3,1 %, aunque advirtieron una leve aceleración temporal debido al comportamiento de los precios de los alimentos.

En el mismo sentido se expresaron los investigadores económicos de Alianza Valores, aunque la proyección de estos es un poco mayor y la fijan en 3,50 %. En la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco de la República, correspondiente a julio, los analistas consultados señalaron que el IPC al finalizar este año estará 3,37 %, cifra que sería la más baja desde 2014, cuando terminó en 3,66 %.

Fedesarrollo señaló que la menor variación de la inflación ha servido para que este año se acelere el consumo público y de los hogares, frente a lo observado en 2017.

El Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia recomendó trabajar decididamente en la formalización de empresas como fórmula para estimular el empleo. Explicó que se podría trabajar en dos campos: el primero, impulsando una estrategia educativa con empresarios y trabajadores y, el segundo, promoviendo un plan de formalización que implique incentivos y sanciones. Los docentes plantearon un “choque” de ingresos sobre el salario mínimo legal vigente, pues afirmaron que la inflación no representa el problema de décadas atrás y los aumentos del salario mínimo han demostrado no trasladarse directamente a la variación del IPC. En ese contexto argumentaron que los aumentos de salario generarían círculos virtuosos sobre la producción, la pobreza y la distribución del ingreso. “Con el fin de buscar la reactivación de la economía colombiana, se recomienda el incremento del salario mínimo en 4 % de forma inmediata e inesperada. Esto dinamizaría el comercio y elevaría el consumo. Al igual que mostraría un compromiso importante del Gobierno para reducir brechas con la población de menos ingresos”, dijeron los docentes.

Fitch Ratings analizó que las políticas macroeconómicas consistentes y confiables y el cumplimiento de la regla fiscal serán claves para que Colombia mantenga su positiva calificación crediticia (BBB con perspectiva estable). “Colombia está en medio de una consolidación fiscal multianual sujeta a objetivos determinados por el Comité Consultivo para la Regla Fiscal. El déficit presupuestal del gobierno central se alineó con la meta revisada para 2017 de 3,6 % del Producto Interno Bruto (PIB), y la regla fiscal revisada exige que el déficit disminuya más, a 3,1 % para 2018 y a 2,4 % para 2019”, anotó la calificadora internacional.

En este aspecto, el entrante ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le dijo a EL COLOMBIANO el pasado 13 de julio, que no contempla introducirle modificaciones a la regla fiscal. “Este es un compromiso que tiene Colombia. Una especie de matrimonio de la institucionalidad fiscal del país y hay que pelear las cosas que sean para mantener las condiciones claras. La regla fiscal es un componente importante de nuestra institucionalidad, así es vista y no vamos a discutir sobre eso en este momento”, declaró.

Los 2.133 millones de dólares que llegaron a Colombia en el primer trimestre de este año como Inversión Extranjera Directa (IED) representaron una disminución del 14,68 % en comparación con el mismo periodo del año pasado, y fue una de las más bajas en los últimos ocho trimestres. No obstante, el saliente ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó que durante los dos mandatos de Juan Manuel Santos (2010-2018) la IED estuvo en promedio en 14.500 millones de dólares anuales. “Esto se tradujo en más empleo formal, por que esos recursos llegaron a crear o comprar empresas. En 2013 la IED sumó más de 16 mil millones, y en la década pasada esa inversión fue en promedio de 6.400 millones de dólares, es decir que la multiplicamos 2,2 veces”, dijo hace un mes en la clausura del congreso de las empresas de servicios públicos (Andesco).

A juicio de Cárdenas, el nuevo gobierno recibe una economía que tiene credibilidad. “Esa confianza se puede medir a todas horas, pues hoy es posible mirar las tasas a las que se están transando los bonos de la República de Colombia, que pasaron de 11 % en el 2000 al 4 % hoy, lo que es beneficioso”, enfatizó.

Para los docentes del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia se debe trabajar en la consolidación de las vías de cuarta generación (4G) y en un ambicioso plan de vías tercerías, lo cual se sugiere ser financiado con el 10 % de Ecopetrol (sacar en venta dicho porcentaje de la Empresa Estatal). Adicionalmente, plantearon que se debe promover la participación de terceros en esos proyectos, tal como se viene haciendo a través de Alianzas Público-Privadas (APP).

Desde el Consejo Gremial Nacional hay varias ideas:

1° Definir que los recursos de preinversión deben estar asociados a los proyectos establecidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035.

2° Establecer que la licitación y adjudicación de los proyectos se hagan luego de surtidos los trámites de consulta previa, licencias ambientales y adquisición de predios.

3° Poner en funcionamiento la Unidad de Planeación de Infraestructura (UPIT) y la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT).

4° Expedir la Ley Estatutaria de consultas previas.

El director de Cedetrabajo, Mario Alejandro Valencia, abogó por la revisión a la política comercial, pues según expresó Colombia cuenta con catorce Tratados de Libre Comercio (TLC) y, a pesar de tener acceso a un amplio mercado, la oferta exportable sigue siendo la misma de hace tres décadas y presenta un ostentoso déficit comercial. “La Ley 1868 de 2017 (presentación de informes anuales sobre los resultados de los tratados), exige al gobierno una evaluación rigurosa de esos acuerdos. Será necesario establecer mecanismos de protección a la producción nacional, lo que seguramente obligará a una revisión de los TLC”, mencionó Valencia.

También llamó la atención sobre la promesa hecha en campaña por Iván Duque a los empresarios, según la cual no se firmarían nuevos tratados o acuerdos comerciales. “Eso dejaría sin piso la negociación actual de Colombia, que junto a sus socios de la llamada Alianza del Pacífico (Chile, México y Perú) se intenta con Australia, Nueva Zelanda, Japón y Singapur, lo que ha suscitado preocupaciones en sectores agropecuarios asociados a la ganadería y producción de caña”, manifestó.

“Nosotros queremos darle a Colombia el gobierno de la justicia social en el campo, la cual se tiene que reflejar en un aumento del empleo y de la sostenibilidad del empleo a partir de un modelo donde nosotros tengamos una expansión de lo que yo llamo la clase media rural, la micro, pequeña, mediana y gran empresa rural”. Con estas intenciones, Iván Duque le anunció a la Sociedad Agricultores de Colombia (SAC) la creación de una mesa permanente de trabajo, para el sector.

Para los catedráticos de la Universidad de Antioquia, el país debe trabajar en la promoción de diferentes formas de economía solidaria que permitan a empresarios locales la comercialización directa de sus productos. Se trata de eliminar la intermediación de diferentes artículos agrícolas, lo cual deriva en un encarecimiento de sus frutos y una reducción de los beneficios para los agricultores. Además, esperan que las actuales políticas de sustitución de tierras, de reincorporación de excombatientes, el proceso de paz atraigan capitales, y para esto se requiere hacer el campo colombiano más atractivo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la actividad.


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