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¿Quién es quién en la terna para el fiscal ad hoc?
Mañana se conocería el nombre del que quedará a cargo
de los casos de Odebrecht en los que la vicefiscal esté impedida.
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MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO - CLARA MARÍA GONZÁLEZ ZABALA - LEONARDO ESPINOSA QUINTERO -
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05 de diciembre de 2018
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Entre una magistrada en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, una abogada de la entraña del presidente y un hombre forjado en el ámbito académico estará el fiscal ad hoc -locución latina que significa literalmente “para esto”- que abarcará los expedientes de Odebrecht en los que la vicefiscal, María Paulina Riveros, se encuentra impedida.
Se trata de Margarita Cabello, Clara María González y Leonardo Espinosa, tres juristas con perfiles disímiles.
“Son tres nombres que han sido pensados, buscando darle al alto tribunal opciones para que se escoja a la persona que con independencia deberá llevar estos procesos y producir resultados satisfactorios”, aseguró el presidente, Iván Duque, quien acudió personalmente a la Corte Suprema de Justicia, a primera hora de ayer, para darle a conocer la terna al presidente de la corporación, José Luis Barceló.
La celeridad con la que el mandatario confeccionó la terna, encargada tan solo el jueves pasado, contagió al alto tribunal, pues Barceló confirmó que mañana, en la Sala Plena Ordinaria, se reunirán los magistrados para elegir quién será el fiscal ad hoc.
Para que haya decisión, el elegido deberá obtener al menos 16 votos de los 23 magistrados que componen la sala plena del alto tribunal.
A pesar de la rapidez exhibida por ambas partes, lo cierto es que las funciones y alcances de esta figura aún plantea varios interrogantes.
Una primera vista a la terna muestra que ningún candidato es abogado penalista, especialidad que se esperaría de un funcionario encargado de investigaciones penales del Estado, como las de Odebrecht.
Se desconoce si tendrá investigadores a su cargo o si usará la infraestructura de la Fiscalía para su trabajo.
“Es una persona totalmente autónoma, que podría usar a la Fiscalía o pedir al Presidente que le asignen personal o recursos según las necesidades que exponga, pero, por lo pronto, no está previsto”, explicó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla.
Y aclaró que, por lo general, esos nombramientos son ad honorem, es decir, que no tienen pago alguno. “Ese cargo no posee un procedimiento en el tema presupuestal”, dijo el jurista.
Otro punto a resaltar es la temporalidad del cargo. El abogado penalista Juan Carlos Álvarez, docente de Eafit, advirtió que el ad hoc aplica “hasta que los casos que lleva se hayan cerrado, indistinto a si ya ha terminado el periodo de Martínez o no”.
Esto lleva al mayor interrogante: ¿Qué tanto trabajo tendrá? Como el fiscal ad hoc se nombra en función al impedimento de la vicefiscal, heredaría únicamente dos casos, los de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez-Correa, por la adición del contrato para la vía Ocaña-Gamarrá para la Ruta del Sol 2. Ambos archivados ya en este año.
En estos dos casos, el fiscal general se declaró impedido por su aparición como abogado y luego como “superministro” en varios episodios de la configuración del negocio de la Ruta del Sol 2.
Además, existe un tercer y último expediente del que pidió apartarse el fiscal. Se trata del litigio entre el empresario Carlos Mattos y la compañía Hyundai, pues Martínez fue el defensor del empresario. Sin embargo, este no contaría para el rol del fiscal ad hoc, pues su designación gira solo en torno al escándalo de Odebrecht.
Aunque la norma indica que la vicefiscal asume todas las investigaciones en las que su superior se declare impedido; esta vez, en razón a la polémica surgida en torno a las grabaciones del fallecido excontroller (auditor) de la Ruta del Sol 2 Jorge Enrique Pizano, que indican que el fiscal general sabía de las coimas de Odebrecht un año antes de llegar a su cargo, Riveros pidió a la Corte Suprema de Justicia designar el fiscal ad hoc.
Desde que se conocieron estas grabaciones, Martínez ha sido acusado de mantener un conflicto de interés siendo fiscal general y, por eso, su labor de la Fiscalía se puso bajo duda.
Ante esto, Riveros sostuvo que su impedimento reside en la necesidad de “desvirtuar conjeturas y cuestionamientos”. Restará ver si el elegido ayudará o empeorará este ambiente de incertidumbre que rodea hoy al ente investigador..
Margarita Leonor Cabello Blanco
Abogada barranquillera con especializaciones en Derecho de familia y procesal civil. Actualmente oficia como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y, entre 2016 y 2017, ocupó la presidencia de esta corporación.
En su trayectoria como jurista ejerció durante tres años el cargo de procuradora delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General.
En su experiencia académica se destaca que ha ejercido como catedrática de Unicosta
y las universidades del Norte, Libre y Simón Bolívar de Barranquilla en Derecho Probatorio, Procesal Civil y de Familia.
A Favor
Su amplia trayectoria como jurista y el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la convierten en la más experimentada de los tres a la hora de presentar resultados de las investigaciones.
En contra
Su condición de magistrada de la Corte Suprema de Justicia va en contravía a lo expresado por el presidente de la corporación, José Luis Barceló, qué ha declarado querer una elección veloz.
En ese sentido, en su condición de compañera de sala, muchos magistrados podrían declararse impedidos para votar por ella, lo cual alarga el trámite de elección.
Según Duque
“Tiene una larga trayectoria jurídica y es una mujer que tiene todas las condiciones profesionales y éticas para ser puesta a consideración”, aseguró el presidente.
Su reacción
“En principio pienso que no debería renunciar a la Corte de ser elegida fiscal ad hoc. Este sería un trabajo paralelo al que hago en el alto tribunal y la discusión que podría plantearse es si es un cargo público o es el estudio de un expediente judicial, lo cual no configuraría como otro trabajo. Este tema tiene muchos vacíos legales. Cuando miré bien con mis asesores, consideramos que el fiscal ad hoc no es un nombramiento en un cargo”, aseguró la magistrada Cabello.
Clara María González Zabala
Esta abogada vallecaucana de la Universidad del Rosario, con experiencia en derecho electoral, administrativo y civil, oficia actualmente como secretaria jurídica de la Presidencia de la República. También es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Llegó al ojo del público durante la campaña a la presidencia de Iván Duque, en donde manejó temas financieros. Anteriormente, trabajó en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, en 2014.
Dentro de su trayectoria como jurista, fue defensora de la excongresista Yidis Medina en los procesos ante el Consejo de Estado por pérdida de investidura y también trabajó en la campaña reeleccionista del expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2006.
En su trayectoria pública también se cuenta que fue registradora nacional en 1999.
A Favor
El presidente la ha defendido como una de las artífices de los proyectos anticorrupción del Gobierno, por lo que tendrá la responsabilidad de representar ese ideal ante la Fiscalía General de la Nación, llevando a buen término uno de los casos de corrupción más simbólicos de los últimos años en el país como es el de los sobornos de Odebrecht.
En contra
Su rol como secretaria jurídica de Presidencia afectaría lo que se pretende lograr con el fiscal ad hoc: independencia y transparencia. Así lo consideró Jorge Iván Cuervo, analista político e investigador de la Universidad Externado.
Existe un fuerte ruido frente al impedimento de González Zabala, pues la campaña Zuluaga de 2014, en la que trabajó, terminó salpicada en el escándalo de Odebrecht por la existencia de un presunto pago del asesor brasilero Duda Mendoza por parte de la multinacional, tras una reunión en Brasil en la que estuvo Duque y no ha sido explicada a cabalidad por el primer mandatario.
Según Duque
“Ella ha sido una persona que me ha acompañado en la elaboración de los proyectos de lucha contra la corrupción que se han presentado al Congreso. Ha participado en las iniciativas de directiva presidencial y circulares con el mismo propósito. “Tiene gran trayectoria en el derecho, con gran solvencia ética”.
Su reacción
La secretaria jurídica de la Presidencia no se ha pronunciado en torno a su designación en la terna.
Leonardo Espinosa Quintero
Abogado bogotano, doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, en España, con fortalezas en el derecho administrativo. Actualmente oficia como decano ejecutivo de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, en donde tiene una trayectoria de 30 años como docente.
A Favor
De los tres candidatos, el único que no tiene ningún tipo de acusaciones por posibles impedimentos frente al caso Odebrecht o la Fiscalía, es Espinosa, explicó Jorge Luis Yarce, analista político y docente de la Universidad Central. Como las otras dos candidatas están cumpliendo cargos públicos, este jurista sería el único que no tendría ningún tipo de compromiso moral o laboral, le daría el tinte de transparencia que se está buscando. Además, su perfil concuerda con el interés de Duque de nombrar personas con perfil técnico.
En contra
Su falta de experiencia en temas de derecho penal, así como en los quehaceres de los jueces y fiscales, lo pondrían como el menos preparado de los tres. Aunque no tiene señalamientos por puestos públicos, no ha pasado por alto que la Universidad Sergio Arboleda es el alma máter del presidente Duque, explicó Yarce.
Según Duque
“Es un profesional con muchos años de experiencia y de investigación jurídica. Conocedor del derecho societario y de empresa. Sobre todo, una persona que por años ha sido investigador académico sobre las responsabilidad de las personas jurídicas, el levantamiento del velo corporativo y responsabilidades por malas prácticas”.
Su reacción
“Es un desafío y un reto que acepto con mucho orgullo, porque desde la academia hemos querido estar presentes y contribuir en la realidad colombiana, en la solución de problemas concretos y no aportar solo desde lo teórico, sino en lo estrictamente jurídico”, consideró Espinosa.
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