Colombia

Por la Operación Orión, el general Montoya va a la JEP

Si la JEP decide recibir el caso del oficial retirado, se abren dos opciones: que reconozca su responsabilidad o que se abra un juicio controversial.

El general (r) Mario Montoya, quien comandaba la IV Brigada durante la Operación Orión, quiere comparecer ante la JEP para aclarar su responsabilidad en este hecho. FOTO Archivo El Colombiano

Olga Patricia Rendón Marulanda

18 de julio de 2018

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinará si los eventos por los cuales el general (r) Mario Montoya Uribe está siendo procesado en la justicia ordinaria son de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es decir, si fueron cometidos en el marco y con ocasión del conflicto armado.

Montoya manifestó ayer su deseo de que sea la JEP la que lleve sus casos, convirtiéndose en el oficial de más alto rango que se ha presentado ante este nuevo sistema de justicia transicional.

Andrés Garzón, abogado del general, explicó a EL COLOMBIANO que la decisión se tomó para que las dos indagaciones que en este momento se adelantan en su contra, sean analizadas por ese tribunal. “El acto legislativo y la nueva ley de procedimiento verifica cómo es la JEP el juez natural del general, por lo tanto nos presentamos para que nos escuche y evalúe las pruebas que tenemos para demostrar su inocencia”.

Lo que se le acusa

Contra Montoya se adelantan en la justicia ordinaria dos procesos que están en etapa de indagaciones preliminares: el primero tiene que ver con la connivencia con los paramilitares y exceso en el uso de la fuerza durante la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, ocurrida en 2002 mientras era comandante de la Cuarta Brigada.

La segunda se basa en las ejecuciones ilegítimas presentadas como bajas en combate (conocidas como “falsos positivos”) de Valledupar y Santa Marta, cuando era comandante del Ejército. El general está en libertad y los demás procesos en su contra no han prosperado.

¿Quién es Montoya?

Fue uno de los más importantes hombres de las Fuerzas Militares, pero con el paso de los años un manto de duda se ha ceñido sobre su actuación, pese a que es innegable que fue uno de los hombres fuertes de la política de seguridad democrática.

Su carrera militar terminó cuando explotó el escándalo de los falsos positivos de Soacha, lo que hizo que renunciara a su cargo ante el presidente Álvaro Uribe. También ha estado involucrado en investigaciones sobre la masacre de San José de Apartadó, ocurrida en 2005, mientras comandaba la Primera División del Ejército. Fue señalado de omisión durante la masacre de Bojayá (Chocó, 2002), y el exalto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, lo acusó de ser la mente de la falsa desmovilización del frente Cacica la Gaitana (2006), caso por el que Restrepo es prófugo.

Gana el general

Para Fernando Rodríguez, abogado de varias víctimas de falsos positivos, esta es una estrategia de defensa en la que “lo último que pretende (Montoya) es decir la verdad. Existe un cálculo político, porque luego de los cambios que la nueva mayoría del Congreso ha logrado a la JEP, dejan un espacio para la impunidad”.

Por su parte, el general (r) Jaime Ruiz, presidente de Acore, consideró que después de toda la legislación que se ha desarrollado en torno a la nueva justicia de paz, “la JEP se convierte, de las opciones posibles para el general Montoya, la que más le favorece”.