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Acusado de participar del saqueo a las finanzas de Córdoba, con 8.950 millones de pesos perdidos, el exmandatario de ese departamento Alejandro Lyons consiguió cerrar la primera parte de su negociación con la justicia y, al menos por el próximo año, no deberá preocuparse por las investigaciones que se adelantan en su contra.
Dentro del acuerdo avalado por el Tribunal Superior de Bogotá, entre el político y la Fiscalía General de la Nación, por dos de los tres delitos de los que lo acusan (peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales), se suspende la actuación penal en su contra y se le da un máximo dos años para devolver 4.000 millones de pesos.
A cambio, deberá contar toda la verdad acerca del carrusel de sobornos y corrupción en fallos judiciales al interior de la Corte Suprema de Justicia y frente a lo ocurrido en su propio departamento, y estos datos deberán ser sustanciales y verificables.
A la situación judicial de Lyons solo le falta que la propia Corte Suprema le apruebe la negociación por el tercer delito, concierto para delinquir, conocida el 23 de agosto pasado, en la que se compromete a pagar cinco años de cárcel una vez regrese al país. Actualmente se encuentra viviendo en Miami, colaborando con la justicia de Estados Unidos en un proceso por lavado de activos contra el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno.
Por laxo que pueda parecer este trato, el exgobernador sería una fuente de información clave en los procesos penales contra 18 señalados en el escándalo de corrupción en la justicia, incluyendo a Moreno, el senador Musa Besaile, los exmagistrados Camilo Tarquino, Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, el actual gobernador de Córdoba Edwin Besaile y un funcionario de esta entidad territorial, Guillermo Pérez.
Para Musa, recientemente capturado, tendría pruebas de que parte del pago a Moreno por sus favores en la Corte salieron del saqueo a Córdoba, que la Fiscalía avalúa en al menos 80.000 millones de pesos.
Trascendió además que tendría pruebas de un pedido de 20.000 millones de pesos de Tarquino para pactar el proceso por el desfalco a las regalías en Córdoba.
Según su abogado, Darío Bazzani, quien fue clave en la negociación del exgobernador con la DEA en Estados Unidos, la colaboración iniciará de forma “inmediata”.
En plena ebullición de las investigaciones por casos de corrupción en Colombia, existen otros involucrados esperando llegar a un acuerdo con los entes de justicia.
Con la Fiscalía están hablando el exsenador Otto Bula, por el escándalo de sobornos de Odebrecht y Luis Ignacio Lyons (abogado de Musa Besaile) por el caso de corrupción en la justicia.
La de Bula, que se viene adelantando hace semanas, recordando que este es uno de los primeros ventiladores del caso de la multinacional brasileña, se está esperando a que un nuevo juez, competente para evaluar la negociación, recibael caso y fije la audiencia para aprobar lo pactado con la Fiscalía.
Según pudo conocer EL COLOMBIANO, como al expediente de Bula le sería agregado el delito de lavado de activos, la competencia pasa a ser de un juzgado especializado, por lo que la defensa y el ente acusador pidieron remitir el proceso.
El exfiscal Gustavo Moreno, que está en el centro de la polémica en la Corte, también está a la espera de firmar un preacuerdo para contar todo lo que sabe a cambio de beneficios en la invetigación por los delitos de concusión y uso indebido de información privilegiada. Esto, al margen de su proceso con la justicia estadounidense.
Frente al caso del abogado Luis Ignacio Lyons, resultó salpicado por las conversaciones captadas por la DEA entre Gustavo Moreno y su primo, Alejandro Lyons.
En estas, el abogado fue señalado como presunto intermediario entre su defendido, Musa Besaile, y la red que pretendía defenderlo de los procesos que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema y por los que le pagó a Moreno 2.000 millones de pesos.
Por otra parte, ante la Corte Suprema de Justicial busca acordar directamente el exsenador Bernardo “Ñoño” Elías, involucrado con el escándalo de Odebrecht.
Involucrado como receptor de pagos de la multinacional para hacer lobby ante la ANI para la adjudicación del millonario contrato de la vía Ocaña-Gamarra, Elías manifestó su intención de buscar un acuerdo desde el 20 de septiembre pasado, dando algunos datos sobre el papel que jugó Bula y el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade en el entramado.