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La tensión político - electoral vaticinada es una realidad en el Congreso, justo cuando el Gobierno está en la recta final de su gestión, se avecinan las presidenciales y se requiere acelerar el andamiaje jurídico para el desarrollo del Acuerdo.
El ritmo actual contrasta con el dinamismo que se vivió en el primer semestre del año, cuando fueron aprobados en bloque (antes de la regulación de la Corte), y con fast track (vía rápida) cuatro actos legislativos, dos proyectos de ley y una ley estatutaria.
Desde el pasado 20 de julio, cuando se instaló el Congreso, es nulo el avance. En el Senado aprobaron el mes pasado la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz, pero el informe aun no llega a la Cámara. Y el proyecto de acto legislativo de la reforma política solo lleva dos artículo aprobados en Comisión de veintidós.
Incluso, por primera vez, un partido de la Unidad Nacional, Cambio Radical, pidió que esa iniciativa, que según el Gobierno da cumplimiento al punto de dos del Acuerdo, fuera archivada. Mañana llegará a la Cámara el polémico proyecto de ley que prohibe el paramilitarismo en el país.
Según Congreso Visible, están en curso cuatro proyectos de acto legislativo sobre la implementación (sistema de regalías, reforma electoral, circunscripción especial de paz y monopolio de la fuerza), y dos proyectos de ley (tierras y el Sistema de Innovación Agropecuaria). El resto del andamiaje jurídico del acuerdo no lo ha presentado el Gobierno.
La semana pasada, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, le pidió por escrito al presidente de la Comisión Primera de Cámara, el representante Carlos Arturo Correa (La U) agilizar y nombrar al ponente del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Para el senador Roy Barreras (La U), negociador plenipotenciario del Acuerdo, los partidos políticos que se oponen a la reforma política es porque quieren que perviva la compra y venta de votos.
Agregó que si el Congreso hunde las reformas del Acuerdo, el presidente Juan Manuel Santos debe convocar a una Constituyente limitada en marzo de próximo año, que desarrolle también la reforma a la justicia, para que en mayo se elijan los constituyentes.
“En la Cámara hay una operación tortuga. Han bloqueando tres proyectos: la reforma política, que lleva cuatro semanas y no ha surtido el primer debate. Tampoco avanza el de los mecanismos de participación ciudadana, ni la ley estatuaria JEP, que está engavetada en el Congreso, y no ha empezado ni el primer debate ”, agregó Barreras.
Sobre este particular, otro representante de La U, que pidió no ser citado, fue más directo y acusó al presidente de la corporación, Rodrigo Lara (Cambio Radical), de falta de colaboración.
“Cuando estamos sesionando, el presidente abre el registro para torpedear los avances del estudio de la reforma política. El proyecto de la JEP lo tiene engavetado hace tres semanas: apenas lo remitió la semana pasada”, precisó.
Pero no solo en La U cuestionaron al partido del exvicepresidente y precandidato Germán Vargas Lleras. Ayer, durante el primer Congreso Constitutivo de las Farc, Iván Márquez hizo un balance del fast track y afirmó que Lara tiene represada la reglamentación de la JEP.
Este diario intentó obtener respuesta del ministro Rivera sobre estos atrasos y sus implicaciones políticas, pero no fue posible.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Lara enfatizó en que desde la presidencia de la Cámara no se está bloqueando ningún proyecto, y que para continuar con la discusión de la JEP es necesario evacuar “la reforma política, hecha por el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, para Cristo, que está atravesada como una vaca muerta en el camino de la JEP”
Sobre la carta que envió a la Comisión Primera el ministro Rivera, afirmó que el Gobierno quiere ponente único, pero que, aunque es amigo del proceso, es más democrático una ponencia colectiva, tal como sucedió con el acto legislativo de la JEP, del cual él fue coordinador ponente.
“Gracias a mi ponencia se incluyeron garantías para los militares, el artículo del fiscal que permite perseguir lo activos de las Farc y el artículo 16, que establece el régimen de garantías para los terceros no combatientes. Más que el número de ponentes, lo que interesa es que el texto que se radique esos tres puntos que incluimos”, añadió Lara.
El realinderamiento de las fuerzas políticas, como precalentamiento a las elecciones de 2018, ha hecho que los partidos políticos tengan ahora mayo concentración en definir el próximo gobierno que en atender los compromisos que tienen con el saliente.
Además, las últimas leyes que el Congreso aprobó no pasaron con las amplias mayorías de los primeros seis años de la era Santos, cuando funcionaba a todo vapor la Unidad Nacional.
Andrés Felipe Bernal, docente de la Escuela de Política de la U. Sergio Arboleda, el mayor impacto para Santos, con lo que está ocurriendo en el Congreso, no será solo en la continuidad de su gobierno, sino en la incapacidad de poder materializar el programa bandera de estos cuatro años: la aplicación del Acuerdo.
Según Santiago Virgüez, investigador de Congreso Visible, observatorio de la U. de los Andes, en los años electorales disminuye la aprobación de leyes. Agregó que con el cambios en las mesas directivas, también puede haber una variación en prioridades.
Así la cosas, la hipótesis de que el Gobierno tenía aceitada la maquinaria para aprobar con agilidad toda su agenda legislativa, está cada vez más en entredicho. El reemplazo del ministro Aurelio Iragorri, que saldría esta semana para dirigir La U, podría representar otro lío insubsanable con el Partido Conservador, que espera recuperar esa cartera.