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Duque se acerca a los Estados Unidos


El presidente Iván Duque se reunió esta semana con el senador republicano Marco Rubio. FOTO Colprensa

Las relaciones de Colombia con Estados Unidos siempre han marcado una prioridad en la agenda internacional de nuestro país. Es el primer socio comercial de Colombia tanto en exportaciones como en importaciones, pero, sin duda, es una alianza estrátegica desde lo militar, que se ha hecho evidente desde el nacimiento del Plan Colombia.

En el renglón económico, solo en 2017, de todo lo que vendió Colombia en el exterior, 29,7 % fue enviado a Estados Unidos. De 37.800 millones de dólares, las ventas a ese país significaron 10.540 millones de dólares.

Además, solo en 2012, en el llamado plan Consolidación, destinó 275 millones de dólares para apoyar la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad, según la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Esa es una de las razones por las que el electo mandatario Iván Duque comenzó acercándose al gobierno de Donald Trump. El primer diálogo de Gobierno se dio pocas horas después de que se conocieran los resultados. Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, llamó al recién elegido para expresarle sus felicitaciones. Según el comunicado oficial, “existe una necesidad en acabar de manera decisiva la producción y el tráfico de drogas en Colombia”.

Así mismo, la embajada informó que ambos líderes “discutieron sobre la crisis humanitaria que vive Venezuela y la necesidad de restaurar la democracia en ese país”.

Ese no fue el único acercamiento. El presidente entrante, esa misma noche, se reunió con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, y según se conoció los temas centrales de esa reunión también fueron la lucha contra las drogas.

Solo faltaba la llamada de Trump y llegó el lunes, se comunicó con él por teléfono para recordarle los fuertes lazos que unen a las dos naciones “y discutir sobre los desafíos en materia de seguridad que el Gobierno Colombiano enfrentará en el siguiente cuatrienio”, según informó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

La agenda estuvo nutrida. También se encontró con Mike Popeo, secretario de Estado de este país. Los temas: cultivos ilícitos y Venezuela.

Al terminar el encuentro Duque manifestó: “estoy motivado de recibir mensajes de respaldo a la agenda que hemos planteado y creemos de suma importancia enfrentar la difícil situación del crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, al mismo tiempo con unas políticas de desarrollo alternativo en las regiones donde hemos visto la mayor expansión”.

En el Congreso, que es el que finalmente aprueba las partidas económicas para la lucha contra las drogas, se reunió con uno de los más influyentes parlametarios republicanos, Marco Rubio. Pero no dejó de abonar en el sector demócrata. Se encontró con el representante por el Estado de Arizona, Rubén Gallego. Con ellos intercambió opiniones sobre la importancia de fortalecer las relaciones.

La cercanía del uribismo con el senador norteamericano es de vieja data, el nombre del legislador salió a relucir por la supuesta reunión con los dos promotores de la Consulta Colombia, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, que dejó a Duque como candidato de la centro derecha al derrotar a la exministra Marta Lucía Ramírez y al exprocurador Alejandro Ordóñez. Además, Rubio ha expresado en distintas ocasiones sus críticas al Acuerdo de paz con la Farc.

Una relación de vieja data

Álvaro Uribe fue el encargado, durante su gobierno, de ejecutar el Plan Colombia junto a tres presidentes norteamericanos: Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.

El primero terminaba su gobierno en la época en que Uribe comenzaba a ocupar el solio de Bolívar. Sin embargo, aportó, según cifras de Estados Unidos, más de 4 mil millones de pesos en material logístico y de entrenamiento destinados para la fuerza pública colombiana.

Cuando llegó el gobierno de Bush, el presidente norteamericano solicitó fondos adicionales para el Plan Colombia, recursos que fueron aprobados y llegaron a la cifra de 553 millones de dólares.

Sin embargo, en el gobierno Obama, cuando ya estaba llegando a su ocaso la presidencia de Uribe, la inversión decayó debido a los problemas económicos que en ese momento atravesaba la economía de los Estados Unidos.

En el gobierno Santos el apoyo continuó, durante el primer periodo en la presidencia (2010-2014) avanzó la ejecución del Plan Colombia con fuertes golpes militares en la lucha contra la guerrilla. Durante el segundo (2014-2018) se planteó la implementación del plan ‘Paz Colombia’, “pedaleado” en el Congreso por el entonces embajador, hoy ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

Se trata de una estrategia para consolidar la paz en el territorio que en 2017 aprobó 450 millones de dólares y en 2018, cuando se está implementando el Plan Consolidación, según dijo el presidente saliente de Colombia, el Congreso de los Estados Unidos aprobó 391 millones de dólares.

Durante la campaña, el presidente electo, Iván Duque, aseguró que no firmará más Tratados de este tipo. Sin embargo, sostuvo que se dedicará a “implementar bien” el que ya tenemos, “y abriré oportunidades para los exportadores con estímulos para que nuestros productos se inserten en las cadenas de valor en los mercados de destino. Hay que evaluar las deficiencias de nuestra diplomacia comercial”, dijo en su momento.

Lucha contra el narcotráfico

Este ha sido uno de los focos de la amistosa relación, de hecho Duque ha asegurado que una de las prioridades será “trabajar en acabar con el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos para que ese fenómeno sea derrotado”.

Si bien el actual gobierno trabajó de la mano con la anterior administración de los Estados Unidos para tratar de lograr un enfoque diferencial en la lucha contra el narcotráfico, el saldo quedó en rojo. La preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos la heredó el gobierno entrante y con ella la amenaza de descertificación.

Si bien la certificación es un título que entrega el Gobierno de Estados Unidos frente a los países productores de drogas o que sirven de tránsito para este tipo de actividades, en la que se demuestra que éstos han cooperado en la lucha contra los narcóticos, el retiro de nuestro país de esa lista implicaría perder beneficios en materia de visas, en ayuda financiera, pero, sobre todo, en el ingreso de productos colombianos al mercado de ese país.

Según dijo Trump, Colombia no habría cumplido sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico, “debido al extraordinario crecimiento del cultivo de coca y de la producción de cocaína en los últimos tres años”.

Ante esto, el mandatario colombiano calmó los ánimos asegurando que la lucha contra los cultivos ilícitos no se ha debilitado y que seguirá haciendo los esfuerzos para acabar con el flagelo del narcotráfico.

Hace poco Colombia recibió un nuevo golpe al respecto, según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por su sigla en inglés), los cultivos de coca aumentaron el 11 % en 2017 hasta alcanzar una cifra récord de 209.000 hectáreas. Así mismo, la producción potencial de cocaína pura también subió el 19 %, hasta alcanzar las 921 toneladas métricas.

Sin embargo, Santos sostuvo que los resultados son visibles en materia de lucha contra las drogas. El Ministerio de Defensa afirma que en 2017 se lograron erradicar 52.000 hectáreas y este año la meta es de 70.000. “Entre 2017 y 2018 vamos a erradicar 123 mil hectáreas”, dijo.

El Acuerdo de paz

Si bien el gobierno de los Estados Unidos ha sido uno de los aliados en la implementación del Acuerdo con la extinta guerrilla y ha hecho inversiones importantes en esa materia, el actual gobierno de Colombia ha dicho que va a “mejorar” lo pactado. Según Santos, modificar el acuerdo implica perder la confianza internacional en la palabra empeñada.

A este panorama hay que sumarle la solicitud de extradición de Seusis Pausias Hernández, conocido como Jesús Santrich, por la supuesta conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, después de la firma del acuerdo. El proceso avanza en Colombia y cuando se decida qué corte tiene competencia seguramente el exguerrillero será extraditado.

Contexto de la Noticia

Los dos gobiernos han trabajado de manera conjunta para combatir amenazas como la expansión del comunismo en los años 50 y del terrorismo a principios del 2000. De hecho, Colombia ha sido considerado como su aliado estratégico en la región y ha apoyado las decisiones del país del norte. Por ejemplo, cuando Donald Trump decidió adelantar el bombardeo contra Siria el pasado mes de abril, el presidente Juan Manuel Santos fue uno de los primeros en respaldarlo. Según Juan Ramón Martínez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, “desde la década de los 50 Colombia y Estados Unidos han firmado tratados de cooperación en los que el tema central ha sido la seguridad regional y hemisférica y, a su vez, hay documentos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que busca atacar amenazas externas e internas”. El analista agrega que con el pasar del tiempo la relación se ha ido especializando en temas particulares como la posición de nuestro país con respecto a la guerra fría y la batalla contra el narcotráfico. Después del 11-S la ayuda se concentró en la lucha contra el terrorismo y los grupos ilegales. Según el experto, los marcos de los tratados de cooperación entre los dos gobiernos son muy amplios.

Los Tratados de Libre Comercio son una oportunidad para ingresar a mercados extranjeros sin aranceles o con impuestos a las importaciones muy bajos. Según,

Mauricio Escobar profesor de la Universidad del Rosario, el tratado con los Estados Unidos “le ha servido a Colombia para sectores y empresas que no habían tenido la oportunidad de enviar sus productos, esto no se ve reflejado en la balanza comercial porque las empresas que antes no exportaban nada ahora exportan hasta un millón de dólares, cifras que en macroeconomía no impactan, pero que tienen un efecto en la economía del país”. Según el analista, hay productos agrícolas que están protegidos y aún tienen hasta 10 y 20 años de gravamen como el arroz. Y agrega que el presidente, Iván Duque, deberá “dejar de concentrarse en el sector minero energético y darles oportunidad a las pequeñas y medianas empresas en la generación de innovación social, por ejemplo, si le apostamos a las autopartes hay que pensar en sector automotriz eléctrico”. Las exportaciones significaron 10.540 millones de dólares en 2017, según el Dane, y los principales productos enviados son minerales y petróleo con 5.464 millones de dólares. El café representó 1.157 millones de dólares y la flores tuvieron una participación con 1.101 millones de dólares.

En este momento Estados Unidos enfrenta uno de los retos más grandes de su historia en materia migratoria, debido a sus políticas antiinmigrantes que van desde la construcción de un muro en la frontera con México hasta la separación de niños de manos de sus familias. Estas decisiones no afectan directamente a Colombia, pero según María Teresa Palacios, directora del grupo de investigación en Derechos Humanos de la U. Rosario, puede influir en la manera en que Colombia toma decisiones migratorias. Además, asegura la experta que con la coyuntura actual es importante que el nuevo gobierno controle las entradas y salidas para que no exista una migración irregular.

“Considero que está en construcción nuestra política migratoria. El reto es crear una legislación pública que nos garantice flujos ordenados y que no desconozca que la migración va a seguir sucediendo. Debemos optimizar la llegada de personas desde otras latitudes, pero respetando los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y garantizando el trabajo de migrantes en el territorio colombiano para dar cumplimiento a los tratados con Estados Unidos en esa materia”, dijo la experta de la Universidad del Rosario.

La lucha contra las drogas ha atravesado la relación de los Estados Unidos con Colombia. Solo para dar un ejemplo, el país del norte entre el 2000 y el 2013 invirtió, según la Usaid, más de 8,9 billones de pesos en asistencia militar e institucional. Parte de esos recursos fueron usados para el control de cultivos ilícitos. Según María Isabel Loaiza, politóloga de la Universidad del Rosario, aunque los cultivos ilícitos son preocupantes para el país, advirtió que será fundamental que programas de la Agencia Internacional para el Desarrollo (Usaid por sus siglas en inglés) continúen apoyando el desarrollo productivo y los procesos de erradicación voluntaria.

Aunque Estados Unidos es un abanderado mundial de la lucha contra las drogas, explicó Loaiza, en Colombia nos hemos dado cuenta que las soluciones que funcionaban hace 30 años ahora no son efectivas. “Es hora de plantearles a los productores opciones lícitas que sean más atractivas que las ilícitas”. Agregó que el gran reto del siguiente gobierno será “hacer una política que solucione la pregunta: ¿qué hacemos para erradicar este flagelo sin pensar en el uso del glifosato? Sumado a esto el gobierno está pensando nuevamente en usar ese químico, que así sea con pequeñas aspersiones puede generar daños. El presidente electo, Iván Duque, deberá invitar a dialogar a las sociedades para que aporten soluciones”.

Según cifras del Ministerio de Justicia, desde 2008 se han extraditado 1.420 personas al país del norte, entre otras cosas, lavado de activos, homicidios y narcotráfico.

Alfonso Palacios Torres, doctor en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Madrid, sostiene que “este proceso genera garantías a los colombianos pues está avalado por la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República. Sin embargo, no está exento de errores como sucedió en el caso de Ariel Josué Martínez Rodríguez, un campesino de 43 años que por poco es extraditado por error”.

Según el experto, “la justicia que solicita las extradiciones no está exenta de error pues el acusado no tiene derecho a la réplica de las pruebas que son presentadas en su contra. En Estados Unidos los jueces solicitan las pruebas en condiciones distintas a los colombianos y eso se debe entender y afrontar”. El analista afirmó que el nuevo presidente “debe evaluar la conveniencia de un mecanismo que permite que los extraditados paguen penas altas en otros países, pero que no cuenten la verdad en nuestro territorio. Las víctimas en los procesos transnacionales han sufrido la desprotección y el desinterés de los Estados. ¿Qué interés puede tener un extraditado que tenga tres cadenas perpetuas en otro país de contar la verdad y reparar a las víctimas? Lo que se debe hacer es evaluar caso por caso y buscar soluciones que beneficien a los dos países”.


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