“Buldócer”, los lobbistas de Odebrecht desde el Capitolio

La Fiscalía presentó avances en investigaciones por el otrosí Ocaña - Gamarra y el contrato de estabilidad que significó ahorros millonarios en impuestos a la constructora.

El grupo de políticos señalados. FOTO ARCHIVO Y COLPRENSA
MUSSA BESAILE, PARTIDO DE LA U.
BERNARDO EL ÑOÑO ELÍAS, PARTIDO DE LA U.
ANTONIO GUERRA, CAMBIO RADICAL
ÁLVARO ASHTON, PARTIDO LIBERAL

Los “Buldócer” es el nombre dado por los funcionarios brasileños de Odebrecht a los congresistas encargados de hacer lobby en favor de empresa en Colombia, según lo estableció la Fiscalía, que presentó nuevos avances sobre este escándalo de corrupción.

Este grupo lo componen Armando Benedetti, Musa Besaile, Bernardo “Ñoño” Elías, Antonio Guerra y Álvaro Ashton, expuso el ente acusador.

De los mencionados, Benedetti y Ashton son los últimos políticos en ser vinculados formalmente al proceso (Elías y Besaile están presos por su papel en el caso).

Deacuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, su actuación “consistía en la ilícita contratación de servicios por parte de congresistas, mediante comisiones de éxito, para que (...) presionaran decisiones en favor de Odebrecht”.

Las funciones de Los Buldócer se identificaron en dos de las líneas de investigación que adelanta la Fiscalía: el contrato de estabilidad jurídica, a través del cual la constructora se ahorró miles de millones de pesos en pago de impuestos, y el otrosí Ocaña-Gamarra, que no estaba contemplado en la Ruta del Sol y fue agregado, además, con el presunto respaldo de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez.

Contrato de estabilidad

Esta investigación fue de las últimas en iniciar y tal como lo contó EL COLOMBIANO, se trató de la aprobación de un contrato de estabilidad jurídica para el tramo 2 de Ruta del Sol, un acuerdo que le congelaba a la concesión los impuestos por varios años.

La Fiscalía relata que Odebrecht, principal accionista de Ruta del Sol, y dos emisarios suyos, el exsenador Otto Bula y el empresario Federico Gaviria, buscaron la ayuda de estos congresistas para que gestionaran la aprobación del contrato, siempre y cuando ocurriera antes de finalizar 2012.

La meta se cumplió a cabalidad, pues tras recibir una negativa inicial a celebrar el contrato por el Comité de Estabilidad Jurídica del Estado en septiembre de 2011, el mismo 31 de diciembre de 2012 se cambió la postura y se firmó el contrato entre Ruta del Sol y Mintransporte.

“La presión que se ejerció por este grupo de senadores a través de la reforma tributaria fue abriendo camino para ir venciendo las distintas aprobaciones de una manera exprés, rápida”, argumentó un testigo brasilero, citado por la Fiscalía.

Se estableció que el pago por esta aprobación fue de 2.000 millones de dólares para los congresistas, 500 mil dólares para Bula.

Con ese material, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema, que es la encargada de juzgar congresistas. En las evidencias se encuentran giros de Odebrecht en marzo de 2013, que fueron cambiados en efectivo en Colombia para pagar los sobornos. Se trata del único contrato de estabilidad jurídica que el Estado ha celebrado con un contratista de vías de Cuarta Generación (4G).

El otrosí Ocaña – Gamarra

Esta polémica adición de un tramo de vía desconectado de la Ruta del Sol 2 ya tiene contra las cuerdas al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade y ha salpicado a senadores.

Según comprobó la Fiscalía, fue el exministro de Transporte Miguel Peñaloza el principal responsable. Cuando estuvo al frente de la cartera movió el proyecto Ocaña-Gamarra del Fondo Adaptación (que dirigía entonces la exministra Cecilia Álvarez-Correa) a la ANI, pues allí sí se podía utilizar esta figura.

No se trata de un dato menor. El eje de la polémica gira en torno a que Ocaña-Gamarra recorre transversalmente el tramo 2 de la Ruta del Sol (que va de Cundinamarca a Cesar) y según las especificaciones de la concesión, no se pueden otorgar adiciones de contratos a vías que no estén en línea con la función inicial de la vía, que es conectar el centro del país con la costa.

Sin embargo, Andrade ha defendido que al aprobar esta adición de 670 mil millones de pesos, lo que hizo fue ahorrarle dinero al Estado.

Vale anotar que también existe una investigación en torno al papel del Fondo Adaptación en este caso, pues este organismo se creó en diciembre de 2010 para manejar los recursos de los proyectos para recuperar zonas más afectadas por el fenómeno de La Niña.

El asunto no termina allí, el ente investigador estableció que la salida de Peñaloza del Ministerio causó que el avance del proyecto perdiera impulso y por eso, Odebrecht habría encomendado a Bula a que contara con el grupo de Los Buldócer.

La adición termina firmándose en marzo de 2014 con una particularidad: lo hace sin la firma del documento Conpes que es el que viabiliza los recursos. Este solo se firmaría siete meses después, con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y su gabinete.