viernes
7 y 9
7 y 9
A partir de junio de este año, cada vez que un familiar o allegado a una persona encarcelada quiera consignarle dinero por los medios establecidos, que es una cuenta bancaria común nacional, deberá pagar una cuota de 2.000 pesos más IVA.
Así quedó ordenado en un comunicado firmado por el general Jorge Luis Ramírez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, dirigido a los directores de las 136 cárceles del país.
Según el documento, al que tuvo acceso EL COLOMBIANO, con base en un análisis negativo en las pérdidas y ganancias del banco operador del convenio con el Inpec, que es el Banco Popular, se acordó este cobro para poder mantener el servicio. Es decir, que los beneficios llegarán directamente a las arcas del banco.
Esto, para Óscar Robayo, directivo sindical de la Unión de Trabajadores Penitenciarios y dragoneante del Inpec, es un golpe a la moral de los reclusos, pues aunque 2.000 pesos parezca poco, “adentro del penal, significa los jabones del mes o una lata de atún, que para muchos reclusos que provienen de familias de escasos recursos, es un almuerzo”.
El sistema de consignaciones en las cárceles no funciona con dinero en efectivo, sino con créditos a nombre de cada reo. (ver Dicen de)
Según las cifras de 2017 del Inpec, existen algo menos de 120 mil personas privadas de la libertad en Colombia, lo cual significa una ganancia de 240 millones por cada vez que se le consigne a un recluso (si se multiplica por la cifra global). “A ellos se les consigna normalmente cada semana. Otras veces de a pocas cantidades, confome la familia vaya consiguiendo. Si se sacan 2.000 pesos por cada vez, hablamos de mucha plata”, consideró Robayo, quien agregó que ese cobro se vuelve significativo para cada preso tomando en cuenta que a ellos les suelen consignar sus familiares de forma separada y en pequeñas cantidades.
Al consultar al Inpec sobre esta polémica decisión, informaron que este cobro es una decisión netamente bancaria, unilateral y en la que no tuvieron incidencia o negociación.
Al interior de la entidad corroboraron que ningún peso de este cobro se dirige a la institución y que en los penales se está socializando, pues se trata de una tarifa como la que se cobraría en cualquier otra transacción bancaria .