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Jalón de orejas de la Procuraduría al Gobierno por implementación del acuerdo de paz
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FOTO ARCHIVO DONALDO ZULUAGA
13 de junio de 2018
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En una carta dirigida a Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz y al director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper, el procurador Fernando Carrillo, advirtió al Gobierno Nacional de las dificultades que se están presentando en relación a la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, especialmente en la reincorporación social y económica de los excombatientes del antiguo grupo guerrillero.
Para el ministerio público, en el tema económico, “hay ausencia de una ruta clara y eficaz que permita avanzar en la apuesta en marcha de los proyectos productivos, colectivos e individuales, así como una oferta amplia para la empleabilidad de los excombatientes”.
Agrega la Procuraduría que según la información que le suministró la Agencia para la Reincorporación, de 214 iniciativas productivas de carácter colectivo identificadas en los diferentes Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), tan solo 35 están en fase de formulación, de esos dos han sido aprobados y solo uno está en fase de desembolso.
“En este contexto y no obstante que para la Procuraduría son claras las funciones asignadas al Consejo Nacional de Reincorporación, se hace un llamado al Gobierno Nacional para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales adopte las medidas que de estas se derivan, así como los lineamientos específicos para la aprobación de proyectos productivos”, se afirma en la carta.
Adicionalmente, la Procuraduría también mostró preocupación con la actual situación de los ETCR, donde aún permanecen centenares de exguerrilleros. Según lo publicado, hay un nuevo llamado de atención al Gobierno sobre el futuro y la sostenibilidad de cada uno de esos espacios. “A juicio de este organismo de control, “en algunos de los ETCR a la fecha no hay excombatientes, y en otros más del 50% de quienes ingresaron a dichos territorios se han trasladado a otros lugares”.
Por último, se le pidió al Gobierno que además de la Unidad Nacional de Protección, donde hay cerca de 520 exmiembos de las Farc, ampliar la oferta de alternativas de empleo con mayor cobertura y diversidad que permitan la sostenibilidad del nuevo proyecto de vida de los excombatientes en la legalidad.
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