Paz y derechos humanos | Publicado el

Los urabeños dicen que sí quieren una negociación política


Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, jefe del clan del golfo. FOTO ARCHIVO

“Reiteradamente hemos llamado la atención sobre la necesidad de hacer una fuerte inversión social en las zonas en donde hemos hecho presencia, que sea duradera en el tiempo y se convierta en política de Estado, para que no dependa de los avatares de la coyuntura política. Hasta ahora no hemos recibido respuestas que sean consistentes en este sentido”, dijeron las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocidas como “Los Urabeños” o “Clan del Golfo” en su página web, lo que demostraría que su único interés no es el sometimiento a la justicia sino una negociación política.

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“En lo que respecta a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, somos persistentes, y confiamos en que este año lograremos encontrar eco en el Estado a nuestros deseos de paz y reconciliación, y encontraremos las salidas dignas para alejarnos definitivamente del conflicto, que ha sido desde siempre una aspiración como Organización. Pero la desarticulación de la estructura armada de las AGC no puede hacerse a sombrerazos, como pretenden algunos. Seríamos irresponsables en desarmarnos, solucionar nuestros problemas legales y ya está, como si nada hubiera pasado”, advirtió ese grupo armado.

Acerca del narcotráfico, por ejemplo, el Clan del Golfo dijo que si no se solucionan los temas relacionados con este flagelo, los problemas de orden público seguirán desbordados, y por lo contrario, aumentados, como ya se ha visto con la desmovilización de las Farc.

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“Sabemos que una paz estable y duradera debe hacerse extensiva a todos los grupos armados existentes en el país. De lo contrario, mientras unos languidecen los otros se robustecen. Así ha sido hasta ahora, además de que debe evitarse la atomización de los grupos, lo que haría que el fenómeno de la violencia se volviera incontrolable, y en lugar de avanzar, retrocediéramos”, concluyó el Clan del Golfo.

Por su parte, el Gobierno ha insistido en que no va a ceder en las pretensiones de ese grupo, conocidas desde el 2008, y que lo que podría acordarse, si ello Congreso aprueba el proyecto de ley sobre la materia, es un acuerdo de sometimiento en el marco del código penal que ya existe.


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