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De los desmovilizados, solo el 20 % encuentra empleo formal

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Desmovilizado de las Auc trabaja como jardinero. FOTO DONALDO ZULUAGA
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Haber pertenecido a un grupo armado ilegal es una cruz que pesa. En Colombia se han desmovilizado más de 60.000 personas, que cargan un pasado en el que hicieron daño, pero que también los dañó.

De ellas un poco más de 50.000 se vincularon con el programa de reintegración del Gobierno Nacional y, en cifras gruesas, el 24 % reincidió en actividades ilegales, el 51 % se enganchó en actividades económicas informales y solo el 20 % logró ocuparse en un empleo formal con afiliación a la seguridad social, según un estudio de las universidades de Antioquia y la Autónoma Latinoamericana (Unaula). (ver gráfico).

La investigación señala que “en las actuales circunstancias, el mercado laboral no genera estímulos para la incorporación de población reinsertada”.

Actualmente son más de 650 empresas las que apoyan la reintegración a través de diferentes mecanismos, como empleo, voluntariados y encadenamientos productivos (como Sura, Sodexo, Panaca, Coca-Cola Femsa, Terpel, EPM, Eternit, Bancolombia, Ingenio Manuelita, Corona, Coltabaco, Grupo Bolívar, Grupo Éxito, Cencosud, Empresa de Aseo de Bucaramanga, Cámara de Comercio de Bogotá y Uniformar, entre otras).

Jorge Ballen Franco, fundador de Panaca, parque situado en Quimbaya, Quindío, explicó que si bien es cierto que hay muchos prejuicios, “solo si logramos vencerlos tendremos un país reconciliado”, por eso en su empresa tiene vinculados más de 90 excombatientes.

Lo mismo ocurrió en Sodexo, empresa contratista de oficios generales para grandes compañías. Según Dalida Villa, jefe de Desarrollo Sostenible, parte de la responsabilidad de los empresarios es darle oportunidades a las personas que dejaron las armas y optaron por la legalidad, y ello lo han entendido varios de sus clientes.

No obstante, para Julián Santiago Vásquez, vicerrector académico de Unaula, los esfuerzos no son suficientes, ya que el promedio de los desmovilizados cuenta con “un coctel perfecto para volver a la ilegalidad: varios hijos + informalidad + pocos años de educación, ya que el grueso de la población no tiene bachillerato y tiene hasta tres hijos”.

Por eso considera que se hace necesario que el diseño de la política contemple soluciones heterogéneas para realidades que no son homogéneas, que se tenga en cuenta la edad, el saber, el campo en el que la persona quiere desempeñarse y el contexto familiar.

La problemática nacional

De acuerdo con Jorge Gaviria Vélez, experto en conflicto y asesor en temas de reincorporación, las cifras de la población desmovilizada deben leerse en perspectiva nacional, ya que este es un país de informales.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) ubicó la informalidad de enero de 2018 en el 47 %, lo que quiere decir que entre 4 y 5 de cada diez personas que trabajan en el país lo hacen en el sector informal.

Según las cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en la población reinsertada la informalidad es del 67 % de los ocupados, es decir, entre 6 y 7 de cada desmovilizado trabajador es informal y no cotiza al sistema de seguridad social.

Sin embargo, otras estadísticas son más positivas para esta población ya que están desocupados 7,56 % mientras el desempleo nacional es del 11 % y los inactivos son el 14,13 % mientras a nivel nacional es el 25,3 %.

De acuerdo con Vásquez, esto se da porque los desmovilizados tienen mayor urgencia de recursos, tienen varias personas dependientes y están, en su mayoría, en plena etapa productiva.

Las cinco razones

Analistas, expertos y funcionarios consultados por EL COLOMBIANO ayudaron a definir las cinco razones que hacen más difícil acceder al empleo formal para un desmovilizado:

Desconfianza por parte de las empresas

“Las empresas, la industria y el comercio no están preparados para recibir ese personal desmovilizado”, dice Óscar Leonardo Montealegre, reinsertado de las Autodefensas Unidas de Colombia y actualmente investigador de la Fundación Aulas de Paz.

La desconfianza es mucha y la estigmatización igual. Aunque se han dado procesos exitosos realizados por más de 650 empresas, las ofertas no son suficientes para el tamaño de la población y, en muchas oportunidades, no se ajustan a los perfiles de los reincorporados, señala Paulo Serna, coordinador de la ARN en el Valle de Aburrá.

De acuerdo con Lucas Uribe Lopera, director programático de la ARN, “hemos encontrado muchos que prefieren negar que son desmovilizados en sus empleos, para que sean más fácilmente aceptados, pero también tenemos población que lo ha manifestado abiertamente, lo que ha ayudado a eliminar un poco la estigmatización”.

Los desmovilizados no están preparados

“Cuando los excombatientes salen de las cárceles o del monte a vivir en la legalidad desafortunadamente no tienen experticia en absolutamente nada, aunque un empleador quiera colaborarles no va a tener competencias para querer mantenerlo en el empleo”, argumenta Montealegre, quien agrega que muchos de los desmovilizados, por las mismas dinámicas del conflicto, no tuvieron posibilidad de culminar el bachillerato, muchos ni siquiera la primaria, y eso abre una brecha entre quienes alguna vez optaron por la guerra y quienes no.

Es cierto que la ARN ha realizado esfuerzo por formarlos en educación básica, técnica y en algunos casos profesional, sin embargo, según el vicerrector, es necesario dar mayor énfasis en la formación por competencias porque de lo contrario lo que se “van a encontrar es una población formada únicamente en actividades delictivas”.

Por eso es que, como explica Uribe Lopera, el Gobierno viene trabajando desde el año pasado en una línea de inclusión laboral que conecta el desarrollo de habilidades blandas para las capacidades laborales.

“En muchas oportunidades el desmovilizado, recién empleado, se enfermaba y no iba al médico y tampoco a su trabajo, porque así se hace en el campo, si te enfermas no trabajas, a ellos hay que enseñarles todas esas cosas que para nosotros son normales, cómo preparase para una entrevista, cómo vestirse para ir al trabajo, entre otras cosas”, dice Uribe.

El fantasma de los antecedentes Penales

Los reinsertados de las Auc que se sometieron a Justicia y Paz y que pagaron cárcel por sus delitos salen de prisión con antecedentes judiciales. En sus reportes aparecen con concierto para delinquir agravado.

Eso en principio no les permitía contratar con el Estado que, según Uribe, es el principal empleador de los municipios de quinta y sexta categoría, pero gracias al Acto Legislativo 01 de 2017 este impedimento fue resuelto, sin embargo, en la Procuraduría y en las demás entidades de control el antecedente se mantiene.

Esto dificulta que los excombatientes puedan vincularse a empleos formales, por ejemplo muchas empresas de taxis o de seguridad privada, menciona Serna, cuentan entre sus políticas no contratar personas con antecedentes penales, entonces son oportunidades que se pierden.

Pero la afectación no se da únicamente para el acceso al trabajo, estas personas también tienen dificultades para acceder al mundo financiero, los bancos no les abren cuentas de ahorros ni les permiten acceder a créditos porque presumen que podrían estar lavando activos.

El autoempleo casi siempre es informal

La ARN entrega a los desmovilizados recursos para que ejecuten un proyecto productivo o una unidad de negocio, para ello entrega entre dos u ocho millones de pesos a cada persona, así es como cada año desembolsa cerca de 10.000 millones de pesos para crear 2.800 unidades productivas.

Dice Uribe Lopera que “la sostenibilidad de esas pequeñas empresas es del 60 % durante el primer año, que es una cifra alentadora si se compara con la cantidad de emprendimientos que sobreviven durante el primer año en América Latina, que es solo el 24 %. Estos proyectos se han convertido en una fuente de ingresos alternativa, no permanente, para las familias y son un importante anclaje a la legalidad, pero en su mayoría son informales”, aclara.

Falta motivación salarial formal

Por los antecedentes y la inexperiencia laboral, el salario que pueden recibir los excombatientes es bajo, según el estudio de las universidades, los jóvenes entre 18 y 25 años sin bachillerato, perciben en promedio 379.000 pesos cada mes, mientras que con bachillerato reciben cerca de 610.000 pesos. Ambas cifras por debajo del salario mínimo, lo que no motiva al desmovilizado a mantenerse en la legalidad.

“Desafortunadamente las propuestas de las bandas emergentes son del triple de ese ingreso y muchos se dejan seducir por ese discurso”, advierte Montealegre.

Los hijos, un riesgo

Uno de los principales factores por los que la reincorporación debe ser efectiva y en un mundo ideal los desmovilizados deberían gozar de empleo formal es el futuro de sus hijos.

Montealegre asegura que en una investigación de Aulas de Paz encontraron que muchos hombres y mujeres fueron empujados hacia los grupos armados porque sus padres no tenían oportunidades de empleo y ellos debían desertar del sistema educativo para empezar a trabajar y generar recursos para la familia. Muchos de ellos no encontraron otra posibilidad que vincularse al conflicto.

En ese sentido “si esa historia se repite con los padres de hoy la próxima generación estaría condenada a seguir los pasos de sus padres”, sentencia el vicerrector.

El futuro

A todas las cifras expresadas hasta ahora le faltan los 11.000 exguerrilleros que dejaron las armas en agosto del año pasado. Con ellos habrá un reto particular y es que su modelo de reincorporación es más colectivo que individual y el éxito dependerá de que funcionen los negocios que planearán a través de las cooperativas Ecomún.

Ellos contarán con una gran ventaja y es que gracias a la Ley de Amnistía y a que el delito que cometieron fue la rebelión, que es político, y no concierto para delinquir, como lo hicieron los paramilitares, no tendrán ese antecedente en las bases de datos de los organismos de control.

“Cada momento histórico tiene sus propios retos y vamos que afrontarlos con la experiencia de más de 15 años que ya tenemos”, concluye Uribe Lopera.

Empleo formal para desmovilizados en Colombia

Contexto de la Noticia

A finales del 2017, de los 51.050 desmovilizados 3.861 estaban desocupados, 7.215 hacían parte de la población económicamente inactiva, 19.172 estaban ocupados en el sector informal y solo 9.051 estaban ocupados en el sector formal.

En Antioquia están ubicados el 26,9 % de los ocupados en el sector formal y el 19,3 % de los informales.

Este es el departamento con mayor probabilidad de que un desmovilizado acceda a un empleo formal si tiene bachillerato y es menor de 25 años, con el 51 %. El de menor probabilidad es Córdoba con el 21 %. Si el desmovilizado no cuenta con bachillerato sus mejores opciones están en Cundinamarca, con el 29 %, y lo tendrá más difícil en Sucre, con el 5 %.

Para el caso de las personas en edad productiva (26-40 años) si tiene bachillerato la mejor opción sigue siendo Antioquia, con 56 % de probabilidad.

· Según el estudio, en Colombia, hasta el 2017, se desmovilizaron 59.693 personas, 12.211 en Antioquia.

· Del total, 3.002 desmovilizados fueron asesinados, lo que corresponde al 5,88 %. El 30,6 % fueron asesinados en Antioquia (920).

· Se ha comprobado reincidencia en 4.945 casos, el 9,69 %. En Antioquia lo hicieron 1.600 excombatientes.

· 1.927 desmovilizados han recibido formación para el trabajo.

· 77 de los desmovilizados son técnicos profesionales, 2.353 son tecnólogos y 490 tienen educación superior.


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