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Armados quieren impedir el desarrollo en el campo
Los proyectos de energía eléctrica en Antioquia están siendo amenazados por las disidencias de las Farc,
el Eln, los Caparrapos y el Clan del Golfo.
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En las montañas del Nudo de Paramillo, en Antioquia, la Fuerza Pública protege las nuevas líneas de energía eléctrica. FOTO
Jaime Pérez
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14 de noviembre de 2018
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Pasar de las tinieblas a la luz es el sueño para muchos colombianos habitantes de territorios remotos. Lo que para los residentes de las grandes ciudades es un servicio básico presente, del que ni siquiera se habla porque está ahí y parece que siempre hubiera estado, es una carencia y un anhelo en las comunidades más apartadas del país.
Hoy, los grupos armados ilegales buscan minar esa posibilidad y la Fuerza Pública trabaja para que el desarrollo y la seguridad energética sean posibles y así, lograr este sueño.
En 2015, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, 431.137 viviendas colombianas no contaban con el servicio de electricidad; de ellas, 162.956 estaban ubicadas en las zonas más afectadas por el conflicto armado, es decir, en los municipios que fueron priorizados para la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
Precisamente, en la Reforma Rural Integral, contemplada en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, la electrificación de las zonas rurales era uno de los puntos primordiales que buscaba “garantizar condiciones de vida digna y mejorar la conectividad”.
Para ello el Gobierno se comprometió con implementar el Plan Nacional de Electrificación Rural, que permitiera ampliar la cobertura eléctrica y la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas a la generación de energía, de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades.
EL COLOMBIANO conoció el documento en borrador que el entonces ministro de Minas, Germán Arce, construyó durante el gobierno anterior para darle vida a ese plan. Ahí quedaba claro que, siguiendo con el crecimiento de los operadores de la red, 32.000 usuarios ubicados en zonas rurales de los municipios Pdet podrían tener las redes antes de 2031.
Si el esfuerzo del Gobierno fuera disruptivo y buscara la universalización del servicio de energía en Colombia antes de 2030, sostenía el documento, debería invertir 6,14 billones de pesos, de los cuales $1,93 billones se destinarían para atender las viviendas que serían interconectables. En los municipios Pdet, aproximadamente el 52 % de las viviendas sin servicio son susceptibles de hacerlo al sistema nacional.
“Por lo tanto, es necesario invertir fondos del Estado y buscar recursos para hacer viables los proyectos”, aseguraba el documento.
Ya varias empresas están trabajando en ello. EPM, por ejemplo, espera cerrar 2018 con 4.000 nuevas viviendas electrificadas y en 2019 conectar 3.500 más, según Jaime Alberto Villa Valencia, director de proyectos, subestaciones y líneas de esa compañía.
Desde 2009, EPM ha conectado 111.000 viviendas rurales con una inversión de 443.000 millones de pesos, pero no siempre es posible hacerlo, reconoció el directivo, porque deben cumplirse requisitos básicos: viabilidad técnica, que cumpla con la gestión ambiental, que la vivienda sea habitable y que los costos de conexión no superen los 10 millones de pesos.
Pero hay otra condición que se le sale de las manos a EPM y a cualquier otra compañía: el orden público. Por ejemplo, en la vereda La Rica, en Ituango, EPM ha intentado conectar a seis viviendas pero no lo ha logrado, porque informes de Inteligencia Militar indican que el territorio está minado. Así pasa en otros lugares del país.
El ataque de los armados
En febrero de 2015, ISA ganó la Convocatoria Pública UPME 03-2014 que incluye el diseño, construcción, operación y mantenimiento de dos nuevas subestaciones y cuatro líneas de transmisión a alto voltaje (500.000 voltios), así como la ampliación de cuatro subestaciones existentes. Esas redes son las que transmiten la energía desde las generadoras hasta las subestaciones, desde donde se distribuye, a través de otras líneas de menor tensión, hacia a las viviendas.
“Este megaproyecto, de 700 kilómetros de líneas de transmisión, es fundamental para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico del país, dado que además de permitir la entrega de la energía generada por la Hidroeléctrica Ituango, ofrece nuevas líneas de conexión a las centrales hidroeléctricas de Porce en Antioquia y Sogamoso en Santander, sin dejar de lado la integración con las redes actuales en los departamentos de Antioquia, Santander y Córdoba”, explicó esa compañía.
Para tender esas líneas, especialmente la que va de Hidroituango (Antioquia) hasta Cerromatoso (Córdoba), es necesario un fuerte acompañamiento de la Fuerza Pública.
“La presa está en el corazón de Ituango, y la línea Pescadero Cerromatoso parte el área base a los grupos armados organizados porque va por todo el límite entre Briceño e Ituango, recorre las veredas sembradas de coca en esta zona montañosa del Nudo de Paramillo”, explicó el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.
El riesgo es alto. Aunque ya no es como en el pasado cuando las Farc podían derribar hasta diez torres de un solo golpe, en lo que va corrido del año, tres de estas estructuras han sido derribadas en Antioquia, una de ellas en este tramo en particular y 19 artefactos explosivos han sido destruidos por soldados alrededor de las líneas de energía. “En esta línea hemos tenido dos soldados amputados al ser impactados por minas antipersonal cuando estaban verificando el terreno para que pudieran entrar los trabajadores”, contó el general.
La verdad sea dicha. El conflicto armado en esa zona encontró a la Fuerza Pública sin conocimiento de causa. La opinión pública supo de los ataques, amenazas y extorsiones a estos trabajos luego de la quema del helicóptero MI17 de la empresa que trabajaba para transportar elementos de las torres de energía, ocurrido el pasado 22 de junio.
“Al principio del año teníamos la falsa concepción de que no había ningún grupo armado residual (disidencias de las Farc) en esa zona, y cuando el residual sale necesita generar renta ilegal para sostenerse y busca generarla con todos los contratistas del proyecto hidroeléctrico Ituango, que son más de 100 empresas”, señaló el militar.
Con esa acción ilegal se afectaron el Valle de Toledo, Toledo, San José y San Andrés de Cuerquia, toda la entrada a la línea hidroeléctrica por parte de la disidencia del frente 36 de las Farc comandada por alias “Cabuyo”.
“La quema del helicóptero al lado del puesto de policía del Valle de Toledo nos hace reaccionar y montar una operación militar sostenida sobre Ituango. Ya hemos logrado impactar esa estructura criminal en más de un 50 %”, según el alto mando militar.
Sin embargo, el tramo que cubre esa línea no es solo de interés del antiguo Frente 36, también la disidencia del frente 18, el Clan del Golfo, los Caparrapos y el Eln están presionando para controlar ese rico territorio.
Un asunto que no es poca monta, pues el acceso a servicios básicos, más allá del Acuerdo de Paz, es un tema humanitario y de desarrollo del país, clave para llevar el progreso a los territorios apartados, los mismos a los que los ilegales, aprovechando las precarias condiciones, imponen la ley del fusil (y el silencio). No obstante, esta necesidad hoy contrasta con la polémica propuesta del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien plantea cortar el servicio de energía en las regiones cocaleras del país.
431.137
hogares no contaban con el servicio de electricidad en 2015, según el Ministerio de Minas y Energía.
111.000
viviendas rurales han sido conectadas a la energía eléctrica por EPM desde 2009.
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