Municipio quitó fotomultas, ¿puede pasar en otros?

Se logró por medio de la inviabilidad del negocio y ayudado por las nuevas resoluciones del Gobierno. Su desmonte es más un tema de voluntad.

La instalación de fotomultas depende de varios condicionamientos definidos por la ley. En Floridablanca, Santander, las asfixiaron hasta que lograron tumbarlas. FOTO cortesía gente cañaveral

En Floridablanca, un municipio de casi 300 mil habitantes en Santander, esta semana celebraron haberse convertido en la primera población de Colombia que tumbó todo su esquema de fotomultas o comparendos electrónicos de tránsito.

La pelea del alcalde, Héctor Mantilla, empezó desde el momento de su campaña con la promesa de sacar estos polémicos comparendos de su municipio y terminó dos años y medio después con una conciliación ante la Procuraduría, en la que el concesionario que tenía el negocio de las fotomultas aceptó de mutuo acuerdo terminar el contrato.

“Ese contrato de concesión fue firmado el 28 de diciembre de 2011, tres días antes de salir de mando el alcalde de la época, Jaime Flórez. En ese entonces no habían mayores controles y quedó armado con solo un 17% del recaudo para municipio, más un blindaje jurídico de 170 mil millones de pesos de indemnización”, sostiene Mantilla.

A su llegada al poder en 2016, la estrategia del municipio consistió en cortar el oxígeno de las fotomultas, reglamentando el radio de acción del carro que fue adaptado con cámaras para captar infractores y enviando a los ciudadanos panfletos con el procedimiento para verificar que el comparendo haya sido aplicado acorde a la ley.

Así las cosas, recalca el mandatario local que 40 mil multas tomada de esa forma se absolvieron por vicios de forma de un total de 86 mil captadas en 2016.

“Eso hizo que la concesión perdiera el 50 % de sus ingresos y empezara a perder interés en el negocio”, reconoce.

Ahora, al terminar el contrato, no se trata de una decisión de generosidad de la concesión, Infracciones Electrónicas de Floridablanca, pues ellos mismos admitieron a la prensa local que las fotomultas habían dejado de serles rentables, ya que pasaron de unos 200 comparendos diarios a solo 15 o 30, en un municipio de solo 97 kilómetros cuadrados, pero que comparte parte del flujo vehicular de Bucaramanga, al hacer parte de su área metropolitana.

Recalca Mantilla que los indicadores de las foto detecciones en ningún caso evidenciaron una mejora en los indicadores de accidentalidad en el municipio, “todo lo contrario: La imagen de tránsito era totalmente negativa y la gente no quería ir al municipio para nada, por el riesgo de salir multados sin siquiera poder decir una palabra, lo que generó una serie de afectaciones al municipio”.

¿Se puede replicar?

Los sistemas de detección fotográfica para las multas no son un requerimiento para ningún municipio de Colombia, por lo que cada uno es responsable por el esquema que monte en sus vías, esto amparado en la Ley 769 de 2002 que estableció que las alcaldías podían usar ayudas tecnológicas, como cámaras de vídeo, para imposición de comparendos, con la finalidad de mejorar el comportamiento de los ciudadanos, sin aumentar el número de agentes, con los gastos esto conlleva.

Eso sí, dos normas del Gobierno, la ley 1843 del 14 de julio de 2017 y la resolución 718 del 20 de marzo de 2018, establece al detalle las condiciones en las se deben instalar este tipo de sistemas.

“Es un tema de voluntad política y de estrategia jurídica, que se basa en regular y reglamentar”, dijo Mantilla.

Además, la ley 1843 establece que la inversión en la instalación de estos sistemas no puede superar en ningún caso el 10% del recaudo, por lo que todo contrato lesivo para los municipios puede caerse a la luz de esta norma.

Por otra parte, la Resolución 718 deja en claro que todos los municipios que tengan estos sistemas, deben advertir al conductor 500 metros antes de la existencia de una cámara. Además, la ubicación del aparato debe responder a estudios serios sobre su conveniencia, en términos de accidentalidad y zonas de riesgo.

Además, el municipio que quiera implementar fotomultas, no solo debe cumplir los requisitos mencionados, sino que debe acudir al Ministerio de Transporte, que es la entidad que decide sobre la ubicación de la cámara.

7,5

millones de fotomultas se han impuesto en Colombia desde 2010, según Mintransporte.