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La vicepresidenta electa de la República, Marta Lucía Ramírez, negó este sábado vínculos suyos y de su esposo en el escándalo de corrupción por lavado de activos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, a través de las empresas Global Security Advisors y Global Strategic Investments.
Ramírez admitió a Caracol Radio que prestó servicios de “asesoría” alrededor del año 2006 a la firma Global Security Advisors, cuando esta llegó a Colombia. Pero señaló que se retiró de su participación en esa empresa “hace cinco o seis años”, antes del 2014, cuando presuntamente se habrían cometido los ilícitos.
El caso se destapó esta semana con la detención del alemán Matthias Krull y el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, ordenada por la justicia estadounidense, en medio de una investigación por el lavado de 1200 millones de dólares, en EE. UU., desfalcados de la venezolana Pdvsa.
El lavado de dinero se dio a través de Global Security Advisors y Global Strategic Investments, empresas del colombiano Hernández Frieri.
Marta Lucía Ramírez salió mencionada en este caso porque su esposo, Álvaro Rincón Muñoz, figuraría como socio de Global Securities, y porque ella misma había sostenido relaciones contractuales con esa firma en el pasado.
Ramírez informó también a Caracol Radio que además del servicio de “asesoría”, también tuvo participación como accionista en bolsa de Global Securities, junto a Ángela María Orozco, quien recientemente fue designada como Ministra de Transporte, para el gobierno de Iván Duque.
“Cuando se estaba armando lo de la bolsa Latinoamerica, nosotros los asesoramos en eso, compraron un puesto en Colombia, y nosotras nos quedamos con un 10 por ciento de ese puesto de bolsa, entre el 2006 o 2008, no recuerdo bien la fecha”, dijo la Vicepresidenta.
El caso
El alemán Krull y el colombiano Hernández Frieri afrontan el cargo de “conspirar para cometer lavado de dinero”, indicó esta semana un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU.
Según la demanda judicial, la conspiración supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un plan para cambiar dinero, diseñado para desfalcar unos 600 millones de dólares de Pdvsa obtenidos mediante sobornos y fraude, y con la intención de los acusados de “lavar” parte de esa cantidad.
Hacia mayo de 2015, la trama supuestamente dobló ese monto a 1.200 millones de dólares desfalcados de la compañía.
La demanda también acusa a cuatro venezolanos, un portugués y un uruguayo -que no han sido arrestados- por su supuesta participación en el complot, que utilizaba propiedades inmobiliarias en Miami y planes complejos de inversiones para lograr sus objetivos.
El escrito judicial apunta que en la trama están implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en EE.UU. y otras partes que operaban como una red profesional de lavado de dinero.
Entre los supuestos conspiradores hay responsables de Pdvsa y miembros de la élite venezolana, así como terceros que se dedicaban al lavado de dinero, señala el comunicado del Departamento de Justicia.
Aparte de EE.UU., en las pesquisas de este caso han intervenido varios países como el Reino Unido, Italia, y España.