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Los retos de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz
Tras la designación de los 20 magistrados que integrarán el Tribunal para la Paz, los 18 de las tres Salas de Justicia y a Mirtha Patricia Linares Prieto como directora de la Jurisdicción Especial para la Paz, empieza a clarificarse el camino de la justicia especial acordada en La Habana con la guerrilla de las Farc.
En estas personas queda el reto histórico de poner punto final a la verdad judicial de 52 años de conflicto, con la revisión de miles de expedientes penales, administrativos y disciplinarios cometidos en ocasión y en relación directa con el conflicto.
Para esta trascendental tarea se pactó un plazo de diez años, con un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad, que podrá ser prorrogado a solicitud de los magistrados de la JEP.
Expertos señalaron que los nuevos magistrados de esta jurisdicción tienen el deber de dar legitimidad al proceso de paz ante la ciudadanía, con retos específicos de técnica jurídica ante la cantidad de casos.
El director de Dejusticia, César Rodríguez, señaló que hay retos jurídicos enormes dada la magnitud de procesos que conocerá el Tribunal, “en una guerra que se está acabando a través de un acuerdo de paz y no en una victoria militar de una parte sobre la otra”, dijo.
“Ellos tienen una misión sin precedentes, no hay un Tribunal de transición con tantos casos y actores potencialmente cubiertos por este”, agregó.
Los retos jurídicos pasan entonces, según Rodríguez, por interpretar qué significa la cadena de mando “para responsabilizar a los comandantes; interpretar qué significa complicidad de terceros, etc. Son asuntos jurídicos complicados”.
Pero además, los nuevos magistrados del Tribunal tienen un reto administrativo. De acuerdo con Rodríguez para determinar “cómo se priorizarán casos, cómo se encuentran patrones de investigaciones para que no se vean desbordados por el número de miles de situaciones jurídicos que tendrán que conocer”.
Para el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra el reto fundamental que tendrán estos juristas será “hacer viable, creíble y confiable esa Justicia Especial para la Paz”.
“Se debe generar confianza y ser sumamente eficiente, rápida, pero al mismo tiempo juiciosa, cuidadosa, pausada, objetiva, sobria y alejada de la política totalmente”, agregó.
¿Cómo funcionará?
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se fundamentó en el acto legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
Tiene tres Salas, compuestas por 18 magistrados colombianos y 7 suplentes: la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas; y la Sala de Amnistía o Indulto.
Igualmente, contempla el Tribunal para la Paz como órgano de cierre y la máxima instancia de la JEP, con 20 magistrados colombianos y 6 suplentes, dos secciones de primera instancia, una sección de revisión de sentencias, una sección de apelación y una Sala de Estabilidad y Eficacia.
El Tribunal se encargará de revisar los casos, someter a juicio a quienes no reconozcan responsabilidad, emitir sentencias, imponer las sanciones correspondientes y fijar las condiciones para su ejecución; así como la de supervisar el cumplimiento de las sanciones. Igualmente, revisará condenas emitidas por la justicia ordinaria, siempre que se trate de delitos cometidos en el marco el conflicto.
Aunque todavía el proyecto de ley estatutaria que reglamenta la JEP está en curso en el Congreso, el Tribunal impondrá sanciones con restricción efectiva de libertad a personas que hayan cumplido con todos los requisitos del sistema como contar la verdad y reparar a las víctimas, que no es cárcel. También habrá sanciones alternativas, que van dirigidas para las personas que se acojan de manera tardía a la JEP o que no cuenten toda la verdad, y que incluyen prisión de 5 a 8 años.
Y habrá sanciones ordinarias a quienes comparezcan ante la JEP y no reconozcan verdad y responsabilidad. No serán inferiores a 15 años, ni superiores a 20 en el caso de conductas muy graves.
La JEP también tiene la Unidad de Investigación y Acusación, cuyo director será elegido próximamente, y quien realizará las investigaciones correspondientes y adelantará el ejercicio de la acción penal ante el Tribunal para la Paz, para lo cual podrá solicitar la colaboración de la Fiscalía General de la Nación y establecer acuerdos de cooperación con esta y tendrá un mínimo 16 fiscales colombianos.
Cuenta con una Secretaría Ejecutiva, que es la única que está en marcha, y se encarga de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz; así como un presidente, cargo en el que quedó Mirtha Patricia Linares, y 6 juristas extranjeros quienes podrán intervenir excepcionalmente.
Las salas
La Sala de Verdad recibirá toda la información sobre el conflicto que tengan entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Justicia Penal Militar, entre muchas otras instancias, para su análisis y que allí se quedará la información de lo más grave y representativo del conflicto.
Lo que tenga que ver con amnistías pasará a la Sala de Amnistía en donde se definirá si es posible otorgar amnistías o no; y el resto pasa a la Sala de Definiciones Jurídicas.
Será en la Sala de Verdad en donde los magistrados estudiarán los casos más importantes y en donde la persona involucrada dirá si acepta o no la responsabilidad de los hechos que se señalen en una resolución. Si la acepta, el expediente pasa al Tribunal para que le fijen una sanción, si no lo hace, irá a juicio ante el Tribunal.
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