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Defensor, trabajo de gran riesgo
En el Día Internacional de los Derechos Humanos se denunciaron más asesinatos.
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FOTO JAIME PÉREZ
11 de diciembre de 2017
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En Colombia, durante el 2017, han sido asesinados 206 líderes sociales y defensores de DD. HH., denunció el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.
De acuerdo con las estimaciones del Sistema de Alertas Tempranas y del mecanismo de monitoreo de la entidad, el Gobierno trata de proteger a los líderes, pero en Colombia son tantos que “la capacidad del Estado no alcanza a darles medidas de seguridad”.
Esta cifra fue difundida justamente ayer, cuando el mundo conmemora el Día Internacional de los DD. HH.
La última víctima fue Hernán Bedoya, líder reclamante de tierras en Riosucio, Chocó, quien fue asesinado en la tarde del viernes pasado.
Aumentó la persecución
La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se intensificó desde 2016 y continuó durante 2017, estableció el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
Ese instituto agrega que “a pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, de la puesta en marcha de la fase pública de los diálogos con el Eln, de las denuncias e informes que han publicado organizaciones sociales y de derechos humanos y de la elaboración de un Informe de Riesgo por parte del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, no se perciben avances en términos de disminución de agresiones, ni de garantías de seguridad para la labor de líderes sociales y defensores de derechos humanos; por el contrario, la situación empeora”.
A juicio de Indepaz, lo que resulta más complejo es que en la mayoría de los casos se desconoce el autor. Cuando es posible establecerlo se le atribuye, generalmente, a las Autodefensas Gaitanistas, conocidos como “los urabeños” o “Clan del Golfo”. Señalan que la posición del Gobierno es atribuir esos asesinatos a conflictos personales.
El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que entregará hoy su informe regional, manifestó seguir “empeñado en hacer posible la paz y que la labor de defensa de los derechos humanos no sea criminalizada, en tanto que trabajar por la construcción de la paz con justicia social no nos cueste la vida”.
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