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Lo que esperarían los ciudadanos es que cuando llega un proyecto de ley que busca mejorar la salud de los colombianos, pasara sin cortapisas, pero, por lo visto, es un escenario utópico. Cada una de estas iniciativas ha tenido trabas y con ellas crecen los rumores sobre posibles intereses económicos.
Pasó con los impuestos a bebidas azucaradas, el etiquetado a productos –comida chatarra– y esta semana se aplazó la erradicación del asbesto. Para la senadora ponente del último proyecto, Nadia Blel, no ha sido fácil, pese a que han contado con el apoyo de ministerios como el de Salud, Trabajo y Ambiente. No se han logrado los votos.
Sobre el asbesto, se argumenta que 350 personas mueren por cáncer de pulmón y 60 por mesotelioma anualmente, asociadas al contacto con este mineral, según datos del Instituto Nacional de Cancerología (INC), esto no ha sido suficiente para que se apruebe.
El pasado lunes, el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, solicitó aplazar la discusión argumentando que no se había escuchado a la industria, aunque reconoció que “debe ser aprobado en algún momento”. Sin embargo, la discusión se concentró en la Justicia Especial para la Paz (JEP) y no hubo más debates.
Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace Colombia, aseguró que los argumentos de la industria, representados por la Asociación Colombiana de Fibras (Ascolfibras), que representa a empresas que trabajan con este producto, fueron escuchados durante la audiencia pública en diciembre. “Por esta razón, con el respaldo del Gobierno, el proyecto fue aprobado en Comisión”.
En cuanto a las víctimas, Cecilia Riaño, familiar de dos personas que fallecieron de cáncer provocado por este mineral, recordó que esta no es la única vez que el Congreso “nos da la espalda”, aclarando que no prosperó en otras siete ocasiones durante los últimos 11 años. “No es justo que primen otros intereses por encima de la salud”, recriminó.
Pese a que en Colombia no está reglamentado el lobby –posibilidad de negociar con congresistas– algunos acusan a esta práctica el fracaso o la dilación de las discusiones. Al respecto, Carolina Piñeros, directora ejecutiva de la ONG Red Papaz, asegura que cuando se adelantan proyectos como estos, se complejiza la labor legislativa.
“Cuando sucedió lo de la comida chatarra, en la sesión estuvieron diferentes industriales y, aunque tuvo el respaldo del Minsalud, primó la presión económica”, comentó Piñeros, y destacó que el trasfondo está relacionado con la financiación de las campañas.
Por ejemplo, en abril pasado, Ascolfibras le envió una carta al presidente del Senado, Efraín Cepeda, en la que calificaba como “lamentables” los casos de las víctimas que se relacionan con la fibra del crisotilo, y pedían que antes de realizarse la votación en plenaria, se realizaran audiencias regionales para evaluar los impactos, aunque ya se habían hecho.
Sobre la carta, la vocera de Greenpeace aseguró que estos ejercicios se realizaron y cuestionó el actuar de la asociación, por considerar que “quieren argumentar que no se tiene claro cómo será la reconversión, pero el proyecto de ley lo incluye”.
Lo que esperan Greenpeace, Red Papaz y las víctimas del asbesto, por ejemplo, es que haya movilización ciudadana para exigirle al próximo Senado, que empezará a legislar desde el 20 de julio, que pongan la salud del país por encima de los intereses económicos.