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Las presuntas extravagancias que se habrían visto en la celebración del matrimonio del Jorge Luis Alfonso López, hijo de la empresaria Enilse López, “la Gata”, en la cárcel El Bosque de Barranquilla, donde paga una condena por homicidio, generó la apertura de una investigación contra las autoridades encargadas de esta penitenciaría y vuelve a poner bajo la lupa las libertades que tendrían los políticos cuando son detenidos.
El día de la unión, el patio de reclusión especial de la cárcel se llenó de manteles, arreglos florales y repostería fina, que nada tendría que envidiar a una boda en algún club social, para celebrar esta unión que terminó en la madrugada con una parranda vallenata y bastante licor, según cuentan desde la prensa regional.
Lo cierto es que tanto el director encargado de la regional norte del Inpec, coronel Dionisio Calderón Sánchez, como la subdirectora Mistela Garcés Álvarez fueron apartados de sus cargos por los excesos que tuvieron en esa celebración. Sin embargo, la institución negó que se hubiera producido la lluvia de billetes que se denunció ayer.
Ambos trabajadores serán sometidos a una investigación para aclarar lo que ocurrió el día del matrimonio de López con su abogada.
Un funcionario del Inpec en Barranquilla le confirmó a EL COLOMBIANO que si bien “sí hubo bochinche” en ese matrimonio, la versión de los billetes sería una exageración.
En esto mismo coincidió el general Álvaro Miranda, director regional del Inpec, quien explicó la situación.
Según manifestó, los matrimonios en prisión son permitidos e incluso, usuales, siempre y cuando tengan el permiso correspondiente de los mandos de la cárcel y del propio instituto.
En el caso en cuestión, el exceso habría corrido por cuenta de la decoración, los arreglos florales y manteles, con los que se transformó un patio de la cárcel en un lujoso salón de eventos.
De cualquier manera, según confirmaron desde el sindicato del Inpec en la capital del Atlántico, no es raro los excesos en los pabellones con políticos pues dicen que son ingobernables.
“Ese pabellón es un problema desde todo punto de vista. Los que entran ahí son conocidos, tienen influencias, ponen y quitan, y manejan a su antojo el lugar”, aseguró un guardián quien pidió la reserva de su nombre por seguridad y por la influencia que tienen estos personajes.
Según su relato, para los dragoneantes significa un dolor de cabeza ejercer control y autoridad en esos patios, pues “ellos se disgustan si los miran, si los revisan, si uno dice algo por llevan algo o no y si no les gusta algo, van llamando a poner la queja a gente poderosa”. Concluyó diciendo que “nosotros le huimos a atender ese pabellón”.
Se trata de una problemática que ocurre en varias cárceles del país y que estalló en el ojo del público en 2010, cuando se conocieron los excesos que se cometían en el pabellón ERE Sur, destinado a los presos políticos de la cárcel La Picota de Bogotá.
Es más, los Establecimiento de Reclusión Especial (ERE) que existen en todo el sistema carcelario poseen instalaciones más cercanas a las habitaciones que a las celdas y están pensadas para albergar reclusos de baja peligrosidad. Usualmente albergan a implicados por delitos políticos o financieros.
Probablemente los escándalos más conocidos los protagonizaron los exsenadores Juan Carlos Martínez, que mandó a ampliar su celda derribando muros de la cárcel e Iván Moreno Rojas, que hacía ingresar a su patio a personas que le cocinaban los platos de su predilección.
Para Francisco Bernate, abogado penalista y experto en política criminal, si bien es cierto que es difícil ejercer control en estos pabellones por la clase de recluso, recalcó que suelen ser solo algunos personajes los que estiran lo permitido por la ley.