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Indígenas contaron a la JEP cómo sufrieron el conflicto armado
Esperan demostrar que en Colombia existe sistematicidad y continuidad del exterminio hacia los Pueblos comuneros por parte de todos los actores del conflicto armado.
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FOTO COLPRENSA
10 de agosto de 2018
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Ni las luchas ancestrales para descubrir la eterna juventud, ni las preparaciones echas con ramas medicinales para curar los hondos dolores de las enfermedades tropicales fueron suficientes para preservar la vida de los 2.954 indígenas que murieron por culpa de la guerra.
Ayer, entre lágrimas, los líderes de los pueblos indígenas entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, seis informes que dan cuenta de cómo sufrieron, y sufren todavía, el rigor del conflicto armado colombiano.
Aunque casi todas las estadísticas de la violencia colombiana datan de finales de los años 40, sus cifras son mucho más amplias: arrancan en 1926, y desde entonces no han hecho más que ver sangre de los suyos correr y moverse de un lado al otro, perdiendo sus raíces, dejando atrás las tierras de sus ancestros para buscar lugares un poco más seguros (ver infografía).
La guerra los persigue y para muchos de sus pueblos eso que desde Bogotá llaman posconflicto no existe. Solo desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc se han presentado 12.398 hechos victimizantes, contó ante los magistrados Aida Quilcué, consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Los armados, interesados en las riquezas de los territorios indígenas y en la facilidad que desde allí encuentran para cultivar y traficar coca, los ha puesto en la mira de todos los grupos ilegales: desde que llevan las cuentas, el 28 % de los hechos han sido realizados por grupos paramilitares, el 26 % por grupos guerrilleros y el 16 % por Fuerzas del Estado, del 30 % restante no han logrado precisar el autor, explicó Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).
“Aquí sigue ocurriendo un etnocidio, porque continúan los asesinatos, las amenazas, los desplazamientos, el confinamiento, la estigmatización, el señalamiento de nuestros procesos de reivindicación de derechos, la ocupación, contaminación, explotación de nuestros territorios, el reclutamiento, la discriminación y la exclusión”, dice el informe.
Los líderes pretenden proporcionar los elementos necesarios para que se investigue, se sancionen a los implicados, se les repare y se garantice la no repetición a una comunidad tan afectada por la guerra.
Habrá justicia
La magistrada Belkis Izquierdo, de la Sala de Reconocimiento de Verdad.. y Responsabilidad de la JEP, aseguró que “todos los informes que se reciben de la sociedad civil pasan a la Sala de Reconocimiento, pero se aplican unos criterios de priorización y selección con los que se inicia la revisión”, como en la JEP aplica el enfoque étnico, en el que se considera que estos sujetos colectivos padecieron especialmente los efectos del conflicto, podrían tener prioridad.
Además, señaló que “cuando se trate de comparecientes indígenas o víctimas pertenecientes a pueblos étnicos se hará coordinación y articulación entre la jurisdicción indígena y la JEP”, y para esto, ya comenzaron el camino.
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