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El informe “Sin política pública contra los homicidios no es posible proteger la vida en Colombia”, de la Fundación Ideas Para la Paz (FIP), que se publicará hoy, muestra cómo se incrementó este delito entre enero y agosto de este 2018, frente al mismo lapso del año pasado.
La publicación, conocida por EL COLOMBIANO y basada en los datos de la Policía, muestra que en ese periodo de este año fueron cometidos 8.475 homicidios, lo que representa un aumento de 674 casos (8,6 %) frente al mismo lapso del año pasado, cuando se registraron 7.801.
A juicio de la Fundación, las cifras demuestran que no hay una política pública efectiva de cara a la protección de la vida, pues el dato de homicidios es similar al registrado en 2014, cuando fueron 8.526, y aún permanecía activa la guerrilla de las Farc.
“El incremento tiene relación con la ausencia de una política de Estado para prevenir las muertes violentas cometidas en el país”, se lee en el informe, de 36 páginas, el cual también señala que “el gobierno anterior fundamentó buena parte de su estrategia en el desarrollo de su política de paz, pero no tuvo en cuenta que las causas del homicidio son diversas, así como sus modalidades”.
Por ejemplo, Diego Corrales, analista en temas de seguridad, destaca que los últimos años en el país la cifra de homicidios se ha mantenido ente 10 y 11 mil, aunque esos indicadores se dieron por la concentración de casos en “las guerrillas y grupos paramilitares” y tras su desmovilización, el Gobierno debe enfocarse “en enfrentar nuevas formas de violencia, crimen organizado y disidencias”.
En diálogo con este diario, Jerónimo Castillo, director del área de Seguridad y Pólítca Criminal de la FIP, señala que ese fenómeno había sido advertido por la Fundación desde mayo pasado y, además, sostiene que para el caso de Antioquia, las zonas que anteriormente eran dominadas por las Farc se convirtieron en “un objetivo específico del Clan del Golfo”, además de la disputa entre Eln y los Caparrapos, que delinquen en esta zona.
Castillo cuestiona la estrategia del Gobierno y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, conocida como “El que la hace la paga”, pues, dice el director de la FIP, “preocupa la falta de conciencia”.
En ese sentido, el analista Corrales asegura que se debe tener en cuenta que la delincuencia común, principalmente, “en esta época ha adoptado una transición como generadora de nuevas violencias” y que, básicamente, giran alrededor del crimen organizado y la violencia en las principales urbes del país.
Los consultados dicen que el gobierno se ha enfocado en militarizar las zonas donde hay mayores indicadores de homicidios, como Antioquia o Tumaco (Nariño), pero los resultados no son los esperados. “Con la sola presencia del Ejército no se disminuirán los hechos violentos”, asegura el director de la FIP.
El analista, por su parte, asegura que la reducción de las cifras de homicidios se lograría si reconfigura la política pública, mirando “las nuevas formas de violencia, pero también se requieren nuevas medidas y estrategias en convivencia ciudadana”.
El gobierno, en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, entre las 10 metas trazadas, menciona el “Pacto por la legalidad”, cuyos componentes se enfocan en la justicia transparente y la seguridad, apuntándole “a la disminución de los delitos, la lucha frontal contra las economías ilegales y organizaciones criminales, y el combate efectivo a la corrupción” que, básicamente, es lo que plantean los analistas como necesario.