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Gobierno y oposición se pelean la bandera contra la corrupción

ElColombiano
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, radicaron proyectos. FOTO cortesía

Tal y como ocurrió en la campaña presidencial, cuando todos los candidatos se mostraban como los indicados para emprender la lucha contra la corrupción y por la moralización pública, hoy tanto el Gobierno como la oposición quieren ser los líderes de esta causa nacional.

Al tiempo que la Alianza Verde le reclamaba al presidente Iván Duque si mantenía o no su respaldo a la Consulta Anticorrupción y que este, desde San Andrés, ratificaba su compromiso de campaña, su Gobierno se adelantó y radicó un paquete legislativo para enfrentar ese flagelo, como se ventilaba hace días.

Reacciones de la oposición Una de esas iniciativas presentadas por el Ministerio del Interior busca la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, otra intentará depurar el sistema político, otra pretende limitar los períodos de los miembros de cuerpos colegiados y la que adopta pliegos tipo para la contratación pública.

Varios de esos temas hacen parte de la Consulta que se votará el próximo 26 de agosto, y que en caso de ser aprobada, tendrían que implementarse vía Congreso, donde muchas veces estas iniciativas no han prosperado. Igual, estarían detrás de los proyectos ya radicados, por lo que ya varios no se necesitarían.

Ante este nuevo panorama, la oposición se dividió. Mientras que la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), dijo que le sonaba bien el nuevo proyecto de reforma política, el senador Gustavo Petro (Colombia Humana), dijo que era una manera de hacer “trizas” la Consulta, porque el “mandato popular es superior al voto del congresista”.

Otros, como el senador Jorge Robledo (Polo Democrático), cuestionaron el hecho de que el senador Uribe notificará al país de que su partido ya no respaldará este instrumento, pese a que antes de elecciones prometieron apoyarla. Esta decisión dificulta mucho más sus posibilidades.

Uribe se limitó a decir que el presidente Duque ha presentado sus proyectos anticorrupción como lo prometió en su campaña y que es él quien tiene ahora toda la legitimidad para que, vía Congreso, se legisle al respecto.

En otros sectores también hay divisiones. Por ejemplo, el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, afirmó que le pedirá a su bancada acompañar la consulta, mientras que el exministro Luis Felipe Henao, afirmó que “van a dilapidar 350 mil millones de los impuestos de los colombianos en una consulta que propone cambios que ya existen en la ley. Eso es corrupción”.

¿Riñen consulta y leyes?

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que durante su campaña, el presidente Duque se comprometió a luchar contra la corrupción y, si la consulta es aprobada, significa que varios proyectos de acto legislativo y de ley tendrán que ir al Congreso, “por lo que son dos mecanismos complementarios, que tienen un mismo propósito”.

No obstante, varios académicos no piensan lo mismo. Para Angélica Bernal, directora del Departamento de Ciencia Política de la U. Jorge Tadeo, las personas que quieren participar en la consulta saben que esta se hizo debido a que el legislativo no quiso autorreformarse, así que intentar de nuevo pasar estos temas en el trámite legislativo ordinario pretende desestimular la consulta.

“El Centro Democrático puede constituir mayorías, pero no puede darlas por sentadas, ya que deberá negociar mucho para constituirlas. Ahí tendrán que usar la mermelada que tanto han criticado”.

Al respecto Patricia Muñoz, docente de Ciencia Política de U. Javeriana, la radicación de estos proyectos puede ser interpretada como un plan b o anticipación por si la consulta no alcanza el umbral, pero ante la fractura entre la voluntad del presidente y la negativa de su partido, puede tener consecuencias en la opinión, pues si ya se está avanzando en el trámite legislativo, no se hace tan necesaria la asistencia a las urnas.

En contraposición, Carlos Builes, docente de Ciencia Política de la U. Pontificia Bolivariana, afirmó que no hay por que asustarse porque se presenten nuevos proyectos, parecidos a los puntos que se plantean en la Consulta y que es natural que el Gobierno o su partido muestren de entrada sus cartas en el lugar indicado, el Congreso.

“En cuanto al proyecto que modifica el proceso de licitaciones, es para evitar la corrupción en la contratación. Ahora, podría darse un debate en el Senado de si se va a crear una instancia alternativa para no realizar la Consulta Anticorrupción y mejor hacer las reformas por el Congreso, lo que sería algo inesperado”.

Lo importante ahora es que todos quieren que la corrupción no tenga cabida.

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iniciativas legislativas del Gobierno tienen por objeto luchar contra la corrupción.

El avance que tenga en las próximas semanas el paquete de proyectos del Gobierno, podría generar un impacto en la opinión pública sobre la necesidad o no de salir a votar la Consulta.

Contexto de la Noticia

A través del proyecto de acto legislativo 073 de 2018 radicado hace dos días, el Gobierno quiere modificar el artículo 122 de la Constitución Política para obligar a los funcionarios a levantar la reserva de la declaración de renta. En la actualidad el servidor público, antes de tomar posesión del cargo, al retirarse o cuando una autoridad competente se lo solicite, debe declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes, pero esta solo puede ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. Ahora se propone que el servidor o el particular que ejerza funciones públicas o administre bienes o recursos públicos actualice cada año, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas, y no será información reservada.


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