Colombia | Publicado el

Fiebre del oro poco a poco acaba con el agua de 152 municipios


Policía destruye una draga en Ayapel. FOTO Julio César herrera

Tres Black Hawk del Ejército y la Policía, cargados con equipos de fuerzas especiales, escuadrón antidisturbios, CTI de la Fiscalía y EL COLOMBIANO como testigo, partieron desde el Batallón Rifles de Caucasia hacia el departamento de Córdoba. Después de 10 minutos de vuelo en los que solo se observa una inmensa llanura dividida por ríos, quebradas, cultivos de arroz y extensos potreros para la ganadería, el panorama se transforma.

El verdor se opaca, se vuelve café, pierde su brillo. La planicie parece un escenario reciente de guerra, lleno de huecos, como si hubieran explotado decenas de bombas. La mayoría de ellos tienen agua con un color que provoca cualquier cosa menos saciar la sed que produce los más de 33 grados de temperatura.

En ese punto, ubicado en jurisdicción de la vereda San Isidro del municipio de Ayapel, descienden las aeronaves. Una vez en tierra, soldados, policías e investigadores del CTI toman el control de la zona, unos van directo a donde se encuentra la comunidad, otros arrancan su travesía por un terreno totalmente uniforme en busca de la maquinaria utilizada para la minería.

“No sabe uno donde está el caño que pasa por acá, está totalmente desviado por la minería, toca buscar la corriente del agua”, dice un teniente de la Policía especialista en medio ambiente, refiriéndose al caño Trejos, uno de los tantos afluentes que llega a la ciénaga de Ayapel.

Al ubicar la corriente, el oficial suelta un multiparámetro, un pequeño aparato con el que se mide el PH (calidad) del agua. “Acá mido la conductividad y PH del afluente. La normatividad para la actividad minera está contemplada para que el parámetro esté entre 6 y 9 y acá nos marcó 6.30”, dice.

Luego hizo la medición en una de las “piscinas”, los mismos cráteres avistados desde el aire, donde los números bajaron a 5.2, “esto quiere decir que esta agua está contaminada, probablemente por mercurio y otros productos usados para la minería ilegal”, afirma el teniente, quien recoge una muestra de agua para llevar a Bogotá y precisar el nivel de contaminación por el metal.

Cerca de donde se hacen las mediciones, los pobladores observan como son destruidas con explosivos las máquinas y estructuras empleadas para la extracción ilegal de oro.

—Si se roba es malo, si se trabaja es malo, dice uno de los campesinos.

— ¿Pero no ve como está la tierra, el agua?, le pregunta un miembro del CTI.

— Yo a usted le digo que es mejor vivir de la tierra, a que la tierra viva de usted. Le puedo asegurar que si acá se para de trabajar ya, en 10 años va a volver a ver la tierra pareja y con árboles grandísimos. Y del agua sí dependemos, pero estos caños o la misma ciénaga no nos dan la comida, el oro sí”, replica el afectado.

Tras una operación de nueve horas contra la minería ilegal, el Ejército confirmó que más de 640 hectáreas, algo similar a la mitad de un municipio como Sabaneta, fueron destruidas, eso, sin mencionar las afectaciones al caño Trejos cuyo cauce quedó irreconocible por el desvío de sus aguas.

<b>Río Sambingo, Cauca, antes de la llegada de la minería en 2014</b>
Río Sambingo, Cauca, antes de la llegada de la minería en 2014
<b>Foto actual del Río Sambingo</b>
Foto actual del Río Sambingo

Las zonas más afectadas

Ayapel es uno de los 152 municipios que, según la Brigada contra la Minería del Ejército, está siendo afectado por la explotación ilícita de yacimientos mineros.

El coronel Carlos Alberto Montenegro Maya, comandante de esa unidad militar, afirma que Antioquia, Nariño y Chocó son los departamentos con más afectaciones ambientales por este flagelo, especialmente en sus recursos hídricos.

“Desde hace dos años estamos realizando un estudio en las zonas donde está el fenómeno. En el segundo semestre de 2016, que fue esa primera evaluación, sumaban 100 municipios a nivel nacional, después hicimos otro seguimiento para el tercer semestre del 2017 y aumentó en 29 municipios. Al cierre del año pasado cerramos con 152 municipios afectados. Hay que decir que 53 están en Antioquia”, dice el oficial.

A parte de los departamentos con mayor afectación, la Fuerza Pública también priorizó esfuerzos para atacar la minería ilegal en Norte de Santander, Sur de Bolívar, Córdoba, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, Guainía y Vichada.

“La reincidencia de los mineros en la ilegalidad es habitual y por eso está la necesidad de que no sea tratado solo desde una óptica militar y policial, hay que abrir el espectro a otras cosas de índole social, cultural, político, administrativo, para estudiar las regiones y saber cómo combatirlo”, añade el coronel Montenegro.

Mapas de una realidad

Basta mirar los mapas satelitales en Google Earth de algunos tramos de importantes ríos del país como el Sambingo (fotos) o Micay en el Cauca, el Atrato en Chocó, el Cauca en Antioquia, para darse cuenta del efecto que ha traído la minería ilegal, incluso, la situación resulta peor si se compara con años anteriores.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible le afirmaron a EL COLOMBIANO que se han priorizado en los últimos años acciones para contrarrestar la extracción ilícita de minerales.

“Por un lado, la generación de instrumentos que regulen los proyectos mineros y propendan por el control, mitigación, corrección y compensación de los posibles impactos generados por la actividad minera. Por otro lado, acciones puntuales contra la explotación ilícita de minerales en articulaciones con otras de entidades de Gobierno”, detallaron desde esa cartera oficial mediante un comunicado.

Además, recuerda el ministerio que las autoridades ambientales desde sus fueros legales actúan de manera coordinada, pero con autonomía administrativa, y son las que realizan el seguimiento y control de los proyectos mineros en tanto se restrinjan a que cumplan con la normatividad minera y ambiental.

Minería sin mercurio

Desde el pasado 16 de julio entró en vigencia en todo el país la ley 1658 de 2013, la cual prohibe el uso del mercurio para actividades mineras.

“Seguiremos trabajando para promover la regularización, eliminación del mercurio, aprovechamiento adecuado de los minerales y conservación de los recursos naturales del medio ambiente”, afirma el Ministerio de Minas y Energía en un comunicado.

Mientras esa ley genera un efecto positivo en la minería y el medio ambiente, las autoridades siguen con su lucha por contrarrestar la ilegalidad en esta actividad.

En lo que va corrido del año, El Ejército Nacional, por medio de la Brigada contra la Minería, ha realizado un total de 171 operaciones en todo el país, que han dejado 562 capturas, la destrucción de 49 minas ilegales y 489 máquinas de todo tipo destruidas. Los avances no son muchos, mientras tanto, por cuenta la minería de oro, los ríos de Colombia están perdiendo su brillo.

Contexto de la Noticia

En 1996, mientras trabajaba en la región del medio río Caquetá, empezaron a llegar una cantidad inusitada de “dragas” que venían en busca del oro que se deposita en los lechos de ríos amazónicos provenientes de Los Andes, así como en afloramientos del Escudo Guayanés. Gran conflicto se suscitó entre comunidades indígenas y mineros migrantes. El apoyo armado de las Farc fue definitivo en la permanencia de esta minería, al igual que la corrupción de la fuerza pública, policía y ejército. El fenómeno se expandió en las grandes cuencas: Putumayo, Apaporis, Vaupés, Guainía. Poco después vendrían minerías como la del Coltán.

Hace unos meses tuve la oportunidad de sobrevolar parte del río Caquetá y encontré la misma situación: dragas en el río y ningún control a la operación o al manejo de insumos. En estos más de 20 años, he visto operativos, nuevas dragas, actores armados, los mismos territorios indígenas más degradados, al igual que su población. A los pocos funcionarios públicos que hacen presencia en la zona, contaminados con niveles de mercurio intolerables para la salud. Ante la ausencia de oportunidades económicas viables, los indígenas se siguen vinculando como mano de obra barata a la minería; La violencia intrafamiliar, enfermedades de transmisión sexual y erosión cultural siguen en ascenso. Sin oportunidades económicas legales, con corrupción en las autoridades locales y la ausencia notable del Estado, estos territorios quedan en manos de economías y grupos ilícitos que financian su aparato militar, político y operativo. Este cuadro se repite en el resto del país, permitiendo la pérdida de ecosistemas, de vidas humanas, de culturas enteras y de opciones económicas alternativas. ¿Hasta cuando?


Powered by