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El inventario para el fiscal ad hoc

EL COLOMBIANO conoció el avance de los casos que tendría que abordar quien sea elegido por la Corte.

  • La Ruta del Sol es uno de los proyectos por los que se habría pagado coimas para su aprobación. FOTO Julio César Herrera
    La Ruta del Sol es uno de los proyectos por los que se habría pagado coimas para su aprobación. FOTO Julio César Herrera
12 de diciembre de 2018
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El punto que más críticas ha levantado de la decisión de utilizar un fiscal ad hoc para darle transparencia a la gestión de la Fiscalía en el caso Odebrecht ha sido el alcance de esta figura.

Ante las dudas que han caído sobre el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por su posible conocimiento de los sobornos de la multinacional brasileña un año antes de llegar al cargo y no haber presentado la denuncia, su vicefiscal, María Paulina Riveros, le pidió a la Corte Suprema de Justicia designar un funcionario independiente para abarcar esta investigación y separar la polémica de la gestión del ente.

Aunque se temía que este fiscal solo tuviera los tres casos específicos en que el fiscal general se declaró impedido, EL COLOMBIANO conoció un documento en el cual se exponen los expedientes que la vicefiscal entregará al nuevo investigador y cuál es el estado de cada uno de estos procesos, sus avances y los principales implicados.

Entre estos se encuentran dos de los más relevantes para la polémica que envuelve a Martínez: el del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade y el del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo.

Vale recordar que los audios revelados el pasado 12 de noviembre de las conversaciones entre el fallecido excontroller de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, y Martínez, muestran que al fiscal le expusieron una serie de irregularidades en la concesión que podían implicar un pago de coimas.

Adjudicación de la Ruta del Sol 2

El inicio de la investigación de coimas de Odebrecht apuntó el soborno por 6,5 millones de dólares para el exviceministro de Transporte y director encargado del Instituto Nacional de Concesiones, Inco, Gabriel García Morales, por haber incidido en la adjudicación de la concesión Ruta del Sol 2 para los brasileños.

Esta investigación es clave para la actual polémica que rodea al fiscal Martínez, pues los representantes de Odebrecht aseguraron que el presidente de Corficolombiana, José Elias Melo Acosta, estuvo al tanto del soborno en 2009.

Corficolombiana es una empresa que hace parte del Grupo Aval y que controla a Estudios y Proyectos del Sol, Episol, que es la socia directa de la Ruta del Sol 2, por lo que ha sido cuestionado que pasaran siete años sin que el grupo tuviera conocimiento alguno de estas irregularidades, cuando uno de sus directivos estaba presuntamente al tanto.

El caso contra Melo en la Fiscalía está suspendido por cuestiones internas de la Procuraduría de Brasil, sin embargo, el juez 14 de conocimiento de Bogotá, que tiene a su cargo este juicio, “regañó” a la Fiscalía por los aplazamientos.

Este exdirectivo es la única persona en juicio por estos hechos y la indagación permanece sobre otras tres personas: Luiz Mameri, Luiz Eduardo Da Rocha y Daniel García Arizabaleta, todos extrabajadores de Odebrecht.

De esta línea de investigación se desprenden dos condenas: la de García Morales a cinco años y dos meses de prisión, y la de los hermanos Eduardo y Enrique Ghisays Manzur, a 3 y 10 años de prisión respectivamente, quienes fueron los que le dieron apariencia de legalidad a la coima por medio de transacciones bursátiles.

Adición del otrosí: vía Ocaña-Gamarra

Para conseguir el contrato para construir esta vía que atraviesa transversalmente la Ruta del Sol 2, Odebrecht habría pagado coimas por 65 mil millones de pesos. Esta investigación es la que concentra a una mayor cantidad de políticos.

En este expediente se encuentra el juicio contra Luis Fernando Andrade, por lo que el fiscal ad hoc podrá tener conocimiento de su caso.

Vale recordar que Andrade ha acusado a la Fiscalía de generar un juicio amañado en su contra y su defensa se ha centrado en que solo obedeció órdenes de sus superiores.

El exjefe de la ANI está en negociaciones con EE.UU. a cambio de protección.

Por ello, el juez de su proceso accedió ayer a recibir los testimonios del fiscal, del expresidente Juan Manuel Santos, y del exvicepresidente Germán Vargas para su caso.

Los exsenadores Otto Bula y Bernardo “Ñoño” Elías ya han sido condenados a 2 y 6 años de cárcel respectivamente, mientras que la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema contra el senador Armando Benedetti y los excongresistas Musa Besaile, Antonio Guerra, Ciro Rodríguez, Martín Morales, Sandra Villadiego, Ape Cuello, Álvaro Ashton y Luis Fernando Duque por haber intercedido de alguna manera ante la ANI, para entregarle el otrosí a Odebrecht.

contrato de estabilidad jurídica

Se trata de una de las investigaciones con vínculos más visibles con el fiscal general. La investigación asegura que para obtener un contrato de estabilidad jurídica (tiene como fin congelar impuestos para las empresas extranjeras), Odebrecht habría pagado 4.000 millones en sobornos.

Aunque en 2011, el Gobierno le había negado al concesionario Ruta del Sol 2 la firma de este contrato, se comisiona a Néstor Humberto Martínez como abogado para que saque adelante la negociación. El 31 de diciembre de 2012, cambiando su opinión inicial, el Mincomercio decide avalar la firma de este contrato.

Por ello, la Fiscalía compulsó copias a la Corte para investigar al exsenador Antonio Guerra y los hallazgos hicieron parte de la condena para el “Ñoño” Elías.

En indagación permanece el exviceministro de Agricultura Luis Miguel Pico, el exsenador Otto Bula y Javier Alberto Hernández López, expresidente financiero de la ANI nombrado por la entonces ministra Cecilia Álvarez.

Contrato Tunjuelo-Canoas en Bogotá

Esta hace parte de una de las investigaciones del “carrusel de la contratación” en la capital y se busca esclarecer la forma como se adjudicó el contrato para la descontaminación del río Bogotá, en favorecimiento a los intereses de Samuel e Iván Moreno Rojas.

El consorcio constructor está compuesto por Odebrecht (60%) y Cass Constructores (40%). La Fiscalía estableció que hubo un direccionamiento desde la Alcaldía para favorecer al que pagara el 8% del valor del contrato como comisión, unos 243.345 millones de pesos.

Por esta adjudicación estaba siendo investigado el fallecido Jorge Enrique Pizano, quien en su calidad de gerente del Acueducto de Bogotá firmó la adjudicación de la obra.

Asignación del Crédito para Navelena

La Fiscalía investigó la omisión por parte de altos directivos del Banco Agrario del riesgo reputacional que implicaba en 2016 otorgar un crédito por 120 mil millones a la Constructora Norberto Odebrecht para el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, Navelena.

Este caso aún no tiene condenas y están imputados dos exdirectivos de esta entidad financiera.

Aunque no hay nexo directo entre esta investigación y Néstor Humberto Martínez, sí es cierto que una firma de abogados que cuenta con su hijo tuvo injerencia en la estructuración financiera del proyecto.

89
personas han sido vinculadas al caso Odebrecht por parte de la Fiscalía.
15
fiscales están encargados de las investigaciones que tenía la vicefiscal general.
El empleo que busca está a un clic

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