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Desde los tiempos del escándalo de la parapolítica no había tantos miembros del Congreso en el radar de la Corte Suprema de Justicia por un escándalo. Ayer, el alto tribunal anunció que se encuentra en indagación preliminar la actuación de 230 congresistas y excongresistas por presuntamente haber recibido beneficios burocráticos del Gobierno para apoyar la implementación del acuerdo de paz. De esta lista, más de 50 ocupan hoy curules.
Se identificaron tres de estos: asignación de cupos indicativos, que son una reedición de los polémicos auxilios parlamentarios (ver Glosario); priorización en la contratación dentro del Consejo de Política Económica y Social, Conpes, y el nombramiento de familiares y amigos en el Gobierno.
Para acceder a estos beneficios, los políticos debían apoyar los proyectos del Gobierno para la implementación del acuerdo de paz con las Farc. Se trata de la llamada “mermelada”.
Si bien la consideración del magistrado Eyder Patiño, quien ordenó la indagación, fue corroborar y verificar la veracidad de las denuncias presentadas en 2013, para que esta pesquisa llegue a conclusiones, aún deberá pasar algunos obstáculos.
El primero será la nueva norma de la doble instancia para aforados, que permite a los congresistas apelar las condenas que, hasta el momento del nacimiento de la regla, eran definitivas en primera instancia.
Esta regla de doble instancia, que entró en vigencia el pasado 18 de enero y aplica para todos los funcionarios con fuero (presidente, congresistas y magistrados), cobija la indagación anunciada ayer. Sin embargo, al no existir todavía la sala ni los magistrados encargados del nuevo procedimiento, el camino que debe tomar el proceso judicial debe tomar todos los cuidados para evitar demandas.
Así lo advirtió el exmagistrado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, quien recalcó que “aunque el alto tribunal trató de tranquilizar a la gente diciendo que hasta no integrarse ambas salas, ellos conservaban las competencias, con todo respeto me aparto de esa conclusión, porque ya existe el derecho a una segunda instancia y una investigación separada”.
Eso implica, acorde al jurista, que ya hay “un principio de favorabilidad para el que se vea afrontado a una investigación con doble instancia. Entonces, lo que se debe hacer es correr para que integren rápido ambas salas a la Corte y evitar nulidades en un futuro”.
Según el cronograma del Consejo Superior de la Judicatura, solo hasta el 9 de mayo se conocerá la conformación de las listas de candidatos para ser uno de los nueve magistrados que se integrarán a la nueva sala. A partir de allí, está en manos de la propia Corte Suprema deliberar y elegir.
La estabilidad no está garantizada por la sombra de corrupción del llamado cartel de la Toga. Ese temor lo han expresado personajes como el procurador, Fernando Carrillo, quien le pidió a la Judicatura que sea especialmente transparente en la conformación de estas listas.
La denuncia que tomó la Corte fue interpuesta por una ONG llamada “Corporación Foro Ciudadano”, compuesta por dos abogados: Ricardo Cifuentes y Eduardo Carmelo. Ambos presentaron los datos del llamado “computador de Palacio”, en donde se evidencian las cuentas de la burocracia y fue presentado inicialmente en 2013 por el hoy senador del Centro Democrático, Ernesto Macías.
Estos datos que habrían sido filtrados por personal de la Casa de Nariño dan cuenta de unos 1.968 cargos directivos y 597 contratos de OPS.
Entre la lista de implicados, que aún no ha sido dada a conocer por la Corte, se dan cuenta de varios políticos de partidos afines al Gobierno como los senadores de La U Bernardo Elías y Musa Besaile, que habría sido beneficiados con recursos estatales para sus departamentos por 115 mil y 55 mil millones de pesos, respectivamente, según la denuncia inicial.
Al preguntarle por la indagación, el senador de la bancada uribista recalcó que “desde 2013 eso estaba muerto y me satisface que por lo menos se dio un paso... Es claro que muchos de los nombrados puede que no tengan nada que ver, pero no quería dejar por fuera a nadie”.
Informes posteriores a la divulgación de Macías fueron analizados por medios especializados como La Silla Vacía, que encontraron que más de la mitad de los casi 2.000 cargos denunciados venían ordenados desde el gobierno anterior.
Este “cartel de la mermelada” se trataría de la tercera gran indagación de congresistas en los últimos años.
La primera fue el proceso 8.000, por la entrada de dineros calientes a la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994. Fueron más de 120 parlamentarios quienes estuvieron en las toldas liberales y 15 fueron investigados.
Más de una década después, a partir de 2006, empezó las pesquisas por la parapolítica, por la que se condenaron más de 60 congresistas por forjar pactos ilegales con grupos paramilitares para llegar al poder.
Además de este “cartel de la mermelada”, al país aún le resta conocer la magnitud real de los escándalos de Odebrecht y del Cartel de la Toga en el Congreso y cuántos están salpicados.