La prioridad es controlar la corrupción en el PAE

Procuraduría, Ministerio de Educación y otras entidades buscan salidas al problema del Programa de Alimentación Escolar.

Willintong Rodríguez, secretario de Educación de Tuluá, sostiene que aunque las soluciones se plantean tarde, “cualquier estrategia es bienvenida para proteger los recursos”. FOTO Julio Herrera

Pechugas de pollo a 40 mil pesos, panes o refrigerios descompuestos, raciones de alimentos sin entregar y los bolsillos de los corruptos llenos: el panorama que se ve cuando se habla del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Más allá de las virtudes que debería ofrecer, ha sido presa fácil de las jugadas de algunos contratistas para aumentar su botín, esto ante los ojos del gobierno que, casi ocho años después de conocer la situación, ha decidido empezar a controlar este fenómeno que afecta a los estudiantes, pues se entregan 5,5 millones de raciones diarias.

Buscando una solución y alineando estrategias que permitan una reestructuración del programa, ayer la ministra de educación, Yaneth Giha; el procurador general, Fernando Carrillo; el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía, entre otros representantes del gobierno, se reunieron para definir una nueva hoja de ruta que permita que los recursos destinados para este fin se inviertan cómo debe ser y dejen de satisfacer el apetito de quienes se los apropian ilegalmente.

Las denuncias no son nuevas y han quedado en evidencia en diferentes informes de la Procuraduría y la Contraloría, es por eso que las soluciones o el interés de controlar este fenómeno parece que llegan tarde. Incluso, según reporta la Procuraduría, están en curso 152 procesos disciplinarios por presuntos hechos de corrupción, en la que incluso se incluyen funcionarios de secretarías de Educación.

¿Qué viene?

El procurador indicó que en los últimos meses de 2017, el programa se convirtió en “el foco de corrupción más grande del país”, por lo que los esfuerzos deben concentrarse en mantener un diálogo permanente entre los organismos de control, el Ministerio y los entes territoriales, que permitan tener un control efectivo de los recursos que se destinan en este programa.

Carrillo sostuvo que es necesario que se formule una política de Estado y deje de ser un programa de un solo gobierno, para que la continuidad ayude a blindarlo. “Le hemos solicitado al DNP, a Minhacienda y a Mineducación que, en un mes tengamos una propuesta de modelo de sistema de financiamiento y las competencias que tendrían los niveles territoriales, desde lo nacional, hasta lo departamental y local”.

A su turno, la ministra de Educación reconoció las falencias del programa y la falta de control, que se reflejan en riesgos de corrupción.

En ese sentido, Giha manifestó que se ha hablado de crear o potenciar “una entidad que logre dar más lineamientos y fijar precios de referencia”. Además, instó a los padres de familia para que creen veedurías que permitan controlar la ejecución y el destino de los recursos.

152

procesos disciplinarios inició la Procuraduría General durante 2017.

7.780

contratos analizó la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales desde 2013.