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El presidente de la República, Iván Duque, confirmó este domingo en Nueva York, donde la próxima semana participará en el 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que esta semana firmará el decreto que busca facultar a la Policía Nacional para incautar la dosis mínima de droga en espacios públicos.
“Esta semana estará firmado el decreto que le permite a la policía confiscar cualquier dosis de droga”, señaló el mandatario que no especificó que día entrará a regir.
“Haremos promoción de hábitos saludables y de salud pública, pero la decisión se hará en desarrollo del Código de Policía. No vamos a ser indiferentes a la droga en las calles”, agregó.
En el documento se explica que los uniformados tendrán la potestad de decomisar cualquier dosis de sustancias como marihuana y cocaína, además de hongos alucinógenos y todo tipo de estupefacientes.
La Ley 30 de 1986, denominada Estatuto Nacional de Estupefacientes, estipula que la dosis mínima para la marihuana son 20 gramos; para el hachís, cinco; cocaína o cualquiera de sus derivados, uno; de metacualona, dos.
Así mismo, en esta norma se aclara que una dosis terapéutica es la cantidad de droga que se le recetó a un paciente médico como parte de un tratamiento. Sobre sustancias sintéticas no se ha legislado, por lo que las autoridades pueden incautar cualquier cantidad que encuentren.
La tesis de dosis de aprovisionamiento fue acuñada por la Corte Suprema de Justicia, que estableció este término para las personas que pueden exceder el porte de la cantidad mínima si comprueban que son adictos.
Sin embargo, el alto tribunal no estableció un tope para este aprovisionamiento, lo que ha dejado un vacío para que los ‘jíbaros’ circulen por las calles con dosis que superan la mínima sin poder ser detenidos.
Una de las preguntas que ha trascendido, luego del anuncio del nuevo decreto sobre el decomiso de cualquier dosis mínima, es quién tiene la última palabra sobre cuándo una persona consume droga por adicción y cuándo esta hace parte de redes de microtráfico.
Tras las polémica que desató el anuncio la semana pasada, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, ha aclarado que se trata de una medida administrativa que pretende sacar la droga de las calles y que no está enfocada en hacer detenciones indiscriminadas.
Además de tratarse de un adicto que haya sido diagnosticado, este tendrá la oportunidad de mostrar documentos que certifiquen su condición; o sus padres podrán comunicárselo a los uniformados para devolver el estupefaciente decomisado.