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La degradación del conflicto armado, las confrontaciones entre el Eln, el Epl las Águilas Negras y el Clan del Golfo; además, el aumento de los cultivos de uso ilícito, son parte de las causas por las que el desplazamiento forzado en Colombia alcanzó otra vez niveles que no se presentaban hace 10 años.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, registró que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año, 38.490 personas fueron víctimas de este flagelo (ver infografía), un aumento que llega al 34 % al compararse con los datos de la Defensoría del Pueblo para el 2017: 12.841 personas fueron expulsadas de sus territorios.
Paola Hurtado, coordinadora del Sistema de Información de Codhes (Sidhes), dice que el desplazamiento ha venido en aumento por factores que se agudizaron este 2018 y se conjugaron en zonas sin presencia del Estado.
“El fortalecimiento financiero, armado y político de algunos grupos herederos del paramilitarismo y la consolidación de estos para ejercer el control de algunas zonas, la brecha generada entre lo acordado en el proceso de paz y su implementación que ha desencadenado el engrosamiento de filas de disidentes con excombatientes y las hostilidades, están entre las causas para la expulsión”, argumenta.
No obstante, la confrontación armada es, según Codhes, la principal causa del desplazamiento, “que causó el 43 por ciento de los eventos, seguido de las amenazas e intimidaciones (25 %) y la presencia de grupos armados (13 %)”, como registra en su informe.
El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, ratifica los hallazgos de Codhes y en su informe plantea que “la mayoría de los desplazamientos forzados se han presentado por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales Epl y Eln por el control del territorio; en menor medida se han generado desplazamientos forzados como consecuencia de combates entre la Fuerza Pública y el Epl”, así como con los otros grupos irregulares.
La última medición de los cultivos de uso ilícito en el país hecha por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, anota que las plantaciones de hoja de coca aumentaron en un 17 por ciento al pasar de 156.000 a 171.000 hectáreas. Así mismo, aumentó la producción del alcaloide y con esos cultivos se produjeron en el mismo lapso, 1.379 toneladas de cocaína.
Estas dinámicas de producción de droga es otro de los factores que, en palabras del analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, desencadenan el destierro de los habitantes de ciertas áreas.
Entre sus argumentos, el experto destaca que “la disputa territorial por las zonas abandonadas por las Farc en las que había presencia de plantíos de hoja de coca, ha llevado a que los campesinos cultivadores queden en medio de las confrontaciones, obligándolos a preservar sus vida abandonando sus fincas”.
Para Ortega, en la cadena del narcotráfico la negociación de la materia prima es esencial, de ahí que los ilegales presionen a los labriegos a negociar con su grupo, y si no lo hace bajo sus condiciones, viene la amenaza, el desplazamiento o la muerte. Además, se suman los asesinatos de los líderes sociales que le apuntan a la sustitución de los cultivos de uso ilícito (ver Radiografía).
Desde la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, director (e) de esta entidad encargada de atender y registrar a los afectados por las hostilidades, indica que el Gobierno ha percibido un aumento de los desplazamientos. En su corte de cuentas, en este año van 60 eventos masivos de desplazamientos que han afectado a más de seis mil familias, alrededor de 22.000 personas, 8 desplazamientos más que en 2017.
“El desplazamiento en los temas individuales ha disminuido, pero si se han presentado masivos. Tenemos una mesa y en esta revisamos y contrastamos cifra para unificarlas. Tenemos que sentarnos a revisar con Codhes”.
Según Rodríguez, las entregas de las ayudas no ha sido tan grande como en años anteriores, sin embargo, el Gobierno ha atendido las situaciones que se han presentado a lo largo de este 2018.