El cartel del bastón, un nuevo desfalco con los mismos métodos

El descubrimiento de este desfalco en Córdoba hace evidente que existe una sistematicidad en la forma como se hurtan los recursos públicos.

FOTO COLPRENSA

Descubren cartel del bastón en Córdoba, nuevo escándalo de corrupción

La hemofilia, el sida, los enfermos mentales y ahora el del bastón. La cantidad de carteles dedicados a desfalcar el erario público que se han descubierto en Córdoba pone de manifiesto una grave crisis en la moralidad de los funcionarios, así como una debilidad innegable de los controles del Estado y una sistematicidad en las formas como se consigue, con relativa facilidad, enriquecerse a costa del Estado.

El del bastón parece una copia de los demás, solo con un cambio en el protagonista: al menos 3.400 millones de pesos que se perdieron porque los beneficiarios de planes del Gobierno para la tercera edad estaban muertos o simplemente no existían.

Así lo explicó el procurador, Fernando Carrillo: “técnicamente es una defraudación a los adultos mayores de Colombia, en contratos de mas de 3.400 millones de pesos; encontramos personas fallecidas o que no viven en Córdoba o no pertenecen al Sisbén (...) Antes los corruptos se pegaban de los temas de infraestructura, ahora tristemente lo hacen a los sectores sociales”.

El tiempo en el que se registraron las irregularidades data de 2016, durante la administración del actual gobernador, Edwin Besaile, quien se encuentra suspendido por la Procuraduría y a la espera de definir su situación judicial con la Fiscalía, acusado por ambas entidades de haber participado en el escándalo del cartel de la hemofilia.

Según se conoció, el contratista del cartel del bastón, identificado como Fundación Gotitas de Prosperidad, no habría cumplido con lo pactado para la atención de la tercera edad en seis municipios de Córdoba, y en casos en los que sí existían adultos mayores que debían recibir estos beneficios, se incumplió.

No obstante, al ser preguntada por el tema, Sandra Gómez Urbina, secretaria de Mujer y Género de la Gobernación de Córdoba, negó la existencia de este cartel, argumentando que el departamento gira los recursos directamente a los municipios.

Un desfalco calcado

Este método de falsificar nombres de beneficiarios del Estado para quedarse con los recursos, se ha replicado de forma casi idéntica entre los cárteles que se han descubierto en Córdoba, como es el de la hemofilia y el sida, así como en otros encontrados en departamentos vecinos, como el de los enfermos mentales en Sucre.

En todos estos se ha descubierto grietas en el control de la Nación sobre los desembolsos que realiza a las entidades regionales y en la veeduría para que los objetos de las inversiones se cumplan, lo que ha causado que estos mismos modelos de corrupción empiecen a replicarse en otros departamentos.

De hecho, la Contraloría ya alertó que existe un posible desfalco de más de 20 mil millones de pesos en carteles de la hemofilia descubiertos en Bolívar y en Caquetá.

Ya lo anticipaba el procurador Carrillo que “es un patrón sistemático. Es el modelo de contratación que se blinda perfectamente frente a los controles” y advirtió que lo que está descubriendo el Ministerio Público en Sucre, donde se empezó con el cartel de los enfermos mentales y se está probando la existencia de otros con este modelo, podría ser peor que lo de Córdoba.

Valga decir que esta problemática es solo lo que ya se ha descubierto.

Blindar las grietas que han encontrado los corruptos en la bóveda del erario público cordobés y posteriormente, en el resto del país, encuentra una dificultad en las herramientas de control administrativo.

A diferencia de desfalcos de obras, llamados elefantes blancos, donde es evidente y palpable el incumplimiento; en temas como los servicios médicos se requiere una función documental exhaustiva que no encuentra en el contratante, en este caso la administración regional, el interés para verificar que cumplan.

Según lo explica Ernesto Matallana, experto en derecho público, “corroborar supone todo un proceso documental y un aparato administrativo de vigilancia, cuando hay una cantidad de falsedad ideológica en documento privado bastante fuerte”. Sin embargo, esto se antoja imposible cuando hay contubernio entre el contratista y la administración, como al parecer viene ocurriendo en Córdoba.

Sin conocer aún la magnitud de esta oleada de carteles sistemáticos, no sobra recordar que iniciando 2017, el contralor Edgardo Maya avisó que la corrupción le cuesta al país 50 billones de pesos anuales, una cifra que parece escasa a la luz de los escándalos que conoce el país hoy.