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Las 16 circunscripciones especiales de paz, contenidas en el Acuerdo con las Farc, han tomado un tinte novelesco y vuelven a quedar en el limbo, más aún después de que el presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, señalara que el texto del acto legislativo 017 de 2017, con el que se creaban estas curules, no existe, pues no fue aprobado por esta corporación.
Cepeda rechazó el fallo de tutela emitido por la juez 16 administrativa de Bogotá, Catalina Díaz, con el que se ordenaba enviar el documento a la Cámara de Representantes “para que siguiera su trámite ante la Corte Constitucional”.
Los argumentos presentados por Cepeda fueron: no hay nada que enviar porque no hubo acto legislativo (no fue aprobado); la juez no tiene competencia, pues los proyectos legislativos no deben ser sancionados por el poder Ejecutivo. Según el artículo 44 de la ley 5 de 1992, las decisiones del Congreso sólo pueden ser apelables de forma inmediata. En este caso, el Gobierno, a través del ministro de Interior, Guillermo Rivera, lo hizo un día después con un derecho de petición.
“Preocupa entonces, que una juez de la República esté asumiendo competencias que por mandato constitucional tiene expresamente asignadas el Congreso de la República para reformar la Constitución, en su calidad de máximo órgano de representación democrática, pues en nuestro estado social de derecho es el único que tiene la atribución de tomar ese tipo de decisiones en su condición de constituyente derivado”, expuso el presidente del Senado en un documento al que tuvo acceso EL COLOMBIANO.
En esta misiva, Cepeda precisó que enviará por medio del secretario de esta Cámara Alta, Gregorio Eljach, la documentación en donde se certifica que el proyecto de ley no alcanzó la votación requerida para ser aprobado y se pueda enviar a la promulgación.
“Hoy, apegado estrictamente a la ley, es mi deber, como Presidente del órgano legislativo del poder público preservar la Institucionalidad del Congreso de la República, donde públicamente se ha desarrollado una verdadera discusión democrática, alrededor de las normas que han pretendido crear las condiciones tendientes a superar el conflicto armado, respecto de las cuales, no debe haber dudas sobre la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso”, enfatizó el presidente del Senado.
Conocida la decisión del presidente del Senado, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, expresó que no entraría en controversia con Cepeda, pero que el Gobierno sí esperará por una decisión de fondo que esperan se dé con el fallo de la acción de cumplimiento instaurada para tratar de salvar las 16 curules.
Rivera aseveró no es que el Gobierno quiera hacer aprobar todo a la fuerza, por el contrario “estamos actuando en derecho, pues en la democracia las decisiones legislativas son susceptibles de control jurisdiccional”.
Contrario a la posición gubernamental, varios congresistas expusieron sus puntos de vista y aseveraron que no entienden cómo una juez, mediante una tutela, que es una herramienta jurídica para garantizar los derechos fundamentales, busca doblegar al Congreso.
El primero en manifestarse fue el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, al afirmar que con la decisión de la juez se presenta un choque de trenes “pero de ninguna manera vamos a entregar, los dos presidentes, la independencia y la autonomía del Congreso”.
“No contar con las víctimas en el seno de la democracia es perder una gran oportunidad de ser un país distinto con la voz de ellas , para los cambios que hoy requiere Colombia”. Esta es la visión de Paula Gaviria, consejera presidencial para los Derechos Humanos, quien agrega que los afectados por el conflicto tienen mucho que aportar a la democracia.
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, también se refirió al respecto y dijo que se debe hacer un gran pacto “para devolverle a las víctimas de Colombia esas 16 curules para que sean las personas de esos municipios mas recónditos las que ejerzan el liderazgo”.
El desenlace sobre las circunscripciones especiales se sabrá en 20 días, tiempo reglamentario para conocer la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y saber si las víctimas tendrán un escaño temporal por 8 años en el Congreso de la República.