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Actualmente en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia cursan varios procesos que relacionan al expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. De todos esos procesos que van desde la supuesta conformación de grupos paramilitares, masacres, hasta el homicidio de un defensor de derechos humanos, el exmandatario ha sido llamado a indagatoria por uno solamente: el de manipulación de testigos.
La investigación empezó el pasado mes de febrero, después de que la Sala Penal del alto tribunal se abstuvo de abrir un proceso en contra del senador Iván Cepeda, instaurado por Uribe y en cambio compulsó copias contra el denunciante: el expresidente y senador.
Los cargos tienen relación con presuntas presiones que habría sufrido Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en los casos contra los Uribe Vélez, a quien personas cercanas al expresidente habrían contactado para que supuestamente cambiara su versión y así armar un caso por falsos testigos en contra de Iván Cepeda.
Caso por el que fue llamado también a indagatoria el congresista Álvaro Hernán Prada, a quien señalan de haber intermediado para presionar a Monsalve.
Este expara no ha escatimado en asegurar que en la hacienda ‘Guacharacas’ que era propiedad de los hermanos Uribe Vélez se fraguaron masacres y se constituyó un grupo al margen de la ley del que él habría hecho parte.
El exparamilitar quien está condenado por actos delictivos y ha pasado por las principales cárceles de máxima seguridad del país, fue contactado por el senador Iván Cepeda en septiembre de 2011, esto con el fin de demostrar ante el Congreso de la República la responsabilidad del senador Uribe Vélez en varios actos criminales.
Cabe señalar, que durante los últimos años, la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado varias indagaciones en procesos en los que de alguna manera sale mencionado el nombre de Álvaro Uribe Vélez.
Uno de los procesos es el de una presunta omisión de Uribe cuando ejerció como gobernador de Antioquia, en el momento que ocurrieron las masacres de La Granja y El Aro, conocidos por la Fiscalía en el año 2000. Y que el pasado mes de febrero fueron declarados crímenes de lesa humanidad, en donde además se compulsaron copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.