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Corte aplazó la decisión sobre la multa contra Cerro Matoso


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La Corte Constitucional aplazó la decisión sobre el recurso de nulidad que interpuso la empresa Cerro Matoso en contra de una resolución que los obligó a pagar una multa de 1.700 millones de pesos por construir obras en Cesar sin licencia ambiental.

El alto tribunal tenía hasta este 9 de agosto para tomar una decisión, pero uno de los magistrados presentó un impedimento, por lo que sus pares analizan si aceptan o no la petición, lo cual podría darse la próxima semana. Por el momento los términos se encuentran suspendidos.

En relación con este caso, un grupo de empleados de la compañía viajaron a Bogotá para respaldar a la minera y solicitar se tumbe la medida.

Entre los trabajadores que realizaron una manifestación en frente del Palacio de Justicia estuvo Claudia Rodríguez, empleada de crisis y emergencias de la compañía, quien explicó que en la empresa se trabaja con estándares de calidad, con respeto por las normas, las comunidades y el medio ambiente.

“Estamos con la mano y la frente en alto diciendo ‘Cerro Matoso yo estoy contigo’, sabemos cómo hacemos las cosas, hemos trabajado por años, yo he trabajado hace 20 años allá, muchos de quienes me acompañaron a Bogotá tienen 30 años, por eso estamos aquí y consideramos que la Corte debería fallar a favor nuestro, porque trabajamos con integridad, para las comunidades y nuestros empleados, y porque el motor económico de Montelíbano es Cerro Matoso”, manifestó Rodríguez.

Según Rodríguez, tanto ella como la empresa son respetuosos de la ley, pero solicitó a los magistrados del alto tribunal que fallen en derecho, que tengan en cuenta las inconsistencias que hubo en el fallo al que la compañía solicitó revisión.

“Hubo un estudio de Medicina Legal el cual dijo en su resultado que no encontró relación de causalidad de las enfermedades de las comunidades con la compañía minera y aun así el fallo dice que nosotros debemos indemnizar a dichas comunidades. Cerro Matoso siempre ha sido respetuosa de la ley y así como tiene su licencia, así mismo ha actualizado la licencia y cada uno de los requerimientos de acuerdo a lo que va saliendo en la ley, por lo que podemos decir que Cerro Matoso es una empresa comprometida, tenemos seguimientos de muchas entidades del Estado en los que nunca se le ha sancionado, entonces es extraño que hoy salga un fallo sabiendo que nosotros hemos hecho las cosas bien”, expresó Rodríguez.

De la misma manera, la mujer explicó que un falló de esta magnitud puede traer consecuencias negativas no solo para la empresa, sino para el municipio de Montelíbano, su población que trabaja allí y dejaría un precedente de falta de garantías jurídicas que desincentivaría la inversión en Colombia por parte de compañías extranjeras.

Por el contrario, la Procuraduría General de la Nación le solicitó la semana anterior a la Corte Constitucional negar a la empresa la solicitud de nulidad contra la sentencia que le ordena reparar a comunidades afectadas por sus trabajos de explotación minera.

El Ministerio Público le pidió a los magistrados del alto tribunal no atender los argumentos que presentó la empresa, junto con la Asociación Colombiana de Minería, quienes -dijo- pretenden tumbar la sentencia T-733 de 2017, que ordenó renovar la licencia ambiental de Cerro Matoso y reparar a las comunidades indígenas y afrodescendientes del sur de Córdoba.

“No cabe duda que existe una afectación generalizada por contaminación de níquel que padecen las comunidades de la región... tratar de trasladar la responsabilidad a actividades como cocinar con leña, o la ausencia de agua potable y saneamiento básico, resulta ilógico, pues las mismas jamás tendrían la potencialidad de producir una contaminación de este metal en la sangre en las personas”, expresó la Procuraduría en el mensaje enviado a la Corte.

El alto tribunal está próximo a definir la solicitud de nulidad por lo que un grupo de representantes de las siete comunidades indígenas y la comunidad afro afectadas viajaron la semana pasada hasta la capital de la República para realizar un plantón frente a la sede de la Corte.

“La Corte ordenó realizar una consulta previa y reparar a las víctimas por el daño que ha hecho durante 35 años, pero hasta el momento Cerro Matoso no ha querido entrar en razones con nosotros, está violando nuestros derechos”, dijo Elubin Camargo, representante del cabildo indígena Zenú, ubicado en el alto San Jorge, al sur de Córdoba.


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