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Quebradas desaparecen por minería ilegal en el Pacífico


Minería ilegal en el Pacífico.

Tras cinco años de un ataque devastador por parte de la minería ilegal, en el 2015 la Fuerza Pública logró detener la fiebre del oro en el río Dagua, cuando ya el lecho estaba destruido y en sus aguas no quedaba ningún rastro de vida.

Sin más opción que les permitiera generar algún ingreso, desaparecieron de un momento a otro de la zona cerca de ocho mil mineros que habían levantado sus ranchos entre el 2009 y el 2015 en el sector de Zaragoza, en la vía a Buenaventura.

¿A dónde fueron a parar esas personas? ¿Abandonaron esa actividad ilegal? ¿De qué estaban viviendo todas esas familias que nunca se fueron de las improvisadas viviendas ubicadas a ambos costados de la vía?

La información que manejaban las autoridades locales era que algunos se habían desplazado hacia el Chocó, otros tenían indicios que estaban trabajando la minería en Guapi y Timbiquí (Cauca) o que se habían movido hacia Anchicayá o San Cipriano.

Pero desde el 2016 los mapas satelitales de Google ya mostraban el enorme daño ambiental que estaban ocasionado en las quebradas La Brea y La Sierpes, al norte de la vía principal a Buenaventura.

La huella de la devastación en la quebrada La Brea, ubicada en el bajo Calima, se extiende a lo largo de tres kilómetros por entre el lecho deformado del afluente y en los cinco principales focos de actividad ilegal se aprecia el nivel de deforestación, los cambuches de los mineros, socavones y las piscinas de cianuración.

“Toda la selva la están acabando y nadie hace, ni dice nada. Por esta vía (Al Mar) pasan a diario autoridades de todo nivel; el Ejército, la Armada y la Policía, y ven la cantidad de gente que con botas plásticas se interna en la montaña para ir hacer minería ilegal y es como si no vieran nada”, aseguró Miguel, un líder social que pide que no se revele su verdadero nombre por temor a represalias.

Y no es infundado ese miedo. Información militar asegura que en esa zona tuvo el control la Columna Libardo García de las Farc y últimamente se han disputado el poder disidencias de esa misma guerrilla, miembros de la banda criminal La Empresa, e incluso, reductos del ELN que devengas ingresos de esta actividad ilegal.

El País indagó hace un par de meses con fuentes de Inteligencia de la Armada Nacional, quienes aseguraron que ese punto enorme de devastación que se ve desde el espacio era un foco ya controlado de minería y actualmente no existe extracción de oro.

No obstante, el pasado lunes un Fiscal Especializado contra la Minería Ilegal ordenó un operativo conjunto entre Ejército, Armada, Policía, Carabineros, Fiscalía y CVC, donde se destruyó maquinaria por un valor cercano a los $700 millones.

“Esto no es obra de mineros artesanales sino de organizaciones criminales muy poderosas. Solo en el punto donde se hizo la intervención, se estima que trabajaban unas 200 personas que extraían ilegalmente unos $600 millones mensuales en oro. Además, se destruyeron motores de más de 60 caballos de fuerza”, dijo una de los integrantes del operativo, en el cual se presentó una asonada y no se registraron capturas.

La preocupación de Wilson Atehortúa, quien residen en el Bajo Calima, es que La Brea y La Sierpe son quebradas que se supone que están ubicadas en zona de reserva natural y que descargan sus aguas en el río Calima y es de ahí que toman el agua muchas comunidades.

“Esta es la típica lucha de tigre con burro amarrado. Nosotros hacemos hoy un operativo y mañana están los mineros de nuevo armando todo el entable. El problema es que no podemos mantener 180 o 200 hombres cuidando a diario una mina y menos cuando la realidad nos muestra que hay voluntad y ganas de hacer las cosas, pero nos limita mucho los recursos. Hay operativos que se han suspendido porque no hay gasolina para un camión o para un helicóptero y eso es un tema muy desestimulante”, indicó un funcionario judicial.

Jaime Alberto Celis, jefe del Parque Nacional Natural Farallones agregó también que “la normativa ambiental en Colombia tiene dientes, pero son de leche” porque hay un tema normativo que limita el accionar contra la minería ilegal y los delitos son excarcelables.

“Además no es fácil articular las instituciones y menos si en la zona hay presencia de actores armados y lo vivimos porque en el parque Farallones llevamos ocho años en la misma lucha y pese a que estamos allá con presencia constante con Ejército, sigue subiendo gente”, indicó Celis.

Cuando sonaron las alarmas ya era demasiado tarde. Frente de todas las personas que transitan a diario entre Cali o Buga y la ciudad de Buenaventura, al rededor de diez mil mineros atacaron el lecho del río Dagua a comienzos del 2009 y ocasionaron un enorme daño ambiental.

Con puntos de excavación ubicados a lo largo de 20 Kilómetros del río, personas llegadas de Antioquia y de todos los rincones del Pacífico colombiano llegaron persiguiendo el sueño dorado detrás de unas 300 máquinas retroexcavadoras que iban removiendo la tierra y destruyendo el lecho del río Dagua.

Aunque la reducción de la minería se estima en más de un 70% en este afluente, aún persiste la presencia de mineros artesanales o de personas que a través de los llamados cúbicos, perforaciones al lado de la vía Cabal Pombo, siguen amenazando la estabilidad de la vía en varios puntos tras el destello de una esquirla de oro.

Han destruido más de cinco kilómetros de la quebrada La Sierpe

Quienes conocen la quebrada La Sierpe aseguran que es un paraíso tropical que vale la pena visitar en familia.

Sin embargo, la destrucción del cauce de la quebrada hasta el mes de agosto del 2016, fecha de la última foto satelital que tiene Google, revelaba que casi dos años atrás eran algo más de 5,5 kilómetros los que habían sido afectados por cuenta de la minería ilegal en la búsqueda de las vetas de oro.

Residentes del sector aseguran que el daño es mucho más grave porque en el sector es casi nula la presencia de integrantes del Ejército o la Policía Nacional controlando la actividad ilegal que allí se desarrolla.

No obstante, fuentes de la Fiscalía aseguran que entre el año 2014 y hasta la fecha se han realizado tres o cuatro operativos con el propósito de frenar la minería de oro que se desarrolla en esa zona.

El último de ellos, según registros de prensa, se presentó en octubre del 2015 en el sector de la quebrada La Sierpe, en zona rural de la vereda Bendiciones, donde se logró la destrucción de cuatro máquinas retroexcavadoras, una clasificadora de material, una pistola hechiza y hubo también dos capturados.

De acuerdo con la Oficina de Prensa de la Armada Nacional, en esa operación “se logró la ubicación y destrucción de tres estructuras dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros, las cuales de acuerdo con información de inteligencia militar producían dos libras de oro semanal, que representaban ganancias aproximadas a $1440 millones al mes.

Pese a la preocupación que entonces generó el daño irreversible en el ecosistema, los mineros retornaron y han continuado con la actividad ilícita más de dos años y medios después y sin alguna resistencia.

La única sanción que se está aplicando ahora a los responsables de la minería ilegal en los Farallones es el comparendo ambiental tipo 3, porque los obliga a pagar una multa.


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