Bajar precios de fármacos, pulso de plata y diplomacia

El anuncio, sobre anticonceptivos, motivó que empresarios enviaran cartas al Ministerio de Salud. Este gobierno ajustó precios de 89 referencias.

Colombia tendrá, al finalizar este gobierno, 2.624 referencias de medicamentos bajo la figura de control de precios, según explicó el Ministerio de Salud. FOTO Julio césar Herrera

Richard Aguirre Fernández

20 de julio de 2018

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Cada que el Ministerio de Salud publica una resolución para controlar precios de medicamentos, una carta de un laboratorio o de la misma embajada de Estados Unidos llega a la entidad.

La razón, según plantea Jairo Humberto Restrepo Zea, director del grupo de Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, es que se ven afectadas sus finanzas.

El más reciente pulso se conoció luego de que el Ministerio, a mediados de junio, publicó el proyecto de resolución con el que controlará los precios de 89 referencias de anticonceptivos en el país.

Presión política

En el documento se lee, por ejemplo, que las pastas Yasminiq, que actualmente cuestan $58.000, pasarán a costar $25.500, lo que se convierte en un alivio para el bolsillo.

El Ministerio, desde 2013 que empezó con esta política, ha explicado que este proceso se hace a través de una comparación de tarifas entre 17 países de referencia, con similares condiciones en Colombia. Para el caso de las Yasminiq, EL COLOMBIANO revisó los costos de Argentina, Ecuador y Perú.

Argentina es donde más vale una caja de 24 pastillas, pues alcanza $39.700, mientras que en Perú son más baratas, el valor es de $9.400, pero en Ecuador el precio es de $24.447, similar a los $25.500, nuevo precio en nuestro país.

Sin embargo, la Embajada de EE.UU. y el Consejo de Empresas Americanas (CEA), en comunicaciones enviadas al despacho del ministro Alejandro Gaviria, aseguraban que esto iba en contravía de la misión de “fortalecer las relaciones comerciales”. Quien firmó la carta es Ellen Lenny-Pessagno, consejera de la Embajada.

Además, en el mismo oficio, Ricardo Triana Soto, director del Consejo, le recodaba al ministro que “las empresas del CEA contribuyen al 7,1% del PIB en Colombia”.

¿Por qué pasa?

Este no es el primero y, de acuerdo con Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), tampoco será el último intento para intentar reversar las decisiones.

Vale recordar que en 2016, Novartis le midió el pulso al Ministerio por la decisión de controlar precios a Imatinib, para tratar leucemia y otros cáncer. “Buscamos de forma activa una discusión en torno a nuestra patente”, dijo Novartis, a lo que Gaviria, en ese momento, respondió que estos líos, que llegan a tener corte diplomático, se enfrentan de la misma manera: “con herramientas de nuestra legislación y acuerdos internacionales”.

Arias asegura que “con estas decisiones, los médicos puedan formular medicamentos y cuidar la plata del sistema”, lo que redunda en, además de una mejor atención, un gasto cuidadoso.

Lo mismo plantea Andrés Felipe Zuluaga, jefe del departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la U. de A, al destacar que esto se analiza desde dos enfoques.

El primero, favorecer el acceso de más personas a los medicamentos y, segundo, la queja de las farmacéuticas, que ven el tema solo desde el punto administrativo. Ante esto, Zuluaga asegura que “es mucho más importante el primer punto y no debería discutirse lo segundo”, y resalta que aunque la regulación es un camino que pueden tomar los países, Colombia se atrevió y “es visto como modelo”.

En lo que tiene que ver con el “pulso diplomático”, el internacionalista de la Universidad de Los Andes, Alfredo Rey, dice que esto choques se resuelven fácilmente: “demostrando que las decisiones se tomaron amparados en la normatividad o respetando los acuerdos internacionales”.