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A raíz de múltiples denuncias y sospechas de irregularidades, la Fiscalía General de la Nación anunció que se encuentra investigando qué hubo detrás de la expedición de los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, en 93 municipios de 10 departamentos.
Las sospechas se fundamentan en presuntas alteraciones en estos documentos, para facilitar la expedición de licencias de construcción o favorecer la valoración o el uso del suelo de distintos municipios de Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Huila, Tolima, Santander, Meta, Magdalena, Quindío y Valle del Cauca.
Por la gravedad y las sospechas de corrupción alrededor de este caso, la Fiscalía priorizó la investigación en el programa Bolsillos de Cristal.
Si bien, aún se están recabando datos sobre este casi centenar de municipios, en cuatro ya existen hallazgos claros que dejan evidencia de un modus operandi y traerían en los próximos días imputaciones y judicializaciones para funcionarios, exfuncionarios y contratistas.
Según las pruebas recolectadas hasta la fecha, la alteración en el uso de las tierras, que se regulan por medio de los POT, se realiza con la omisión o intromisión de funcionarios públicos, en asociación con privados.
Las pruebas encontradas en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, muestran que la Alcaldía habría adquirido predios para construcción de vivienda de interés social inflados.
Esto ocurrió en 2013, cuando el Concejo autorizó al alcalde de la época, Ubaldo Pacheco, a solicitar un préstamo por 1.600 millones de pesos para comprar estos lotes y para ello designó a un hombre, Luis Alberto Mora, como perito para que estableciera el valor comercial de los terrenos.
Tras una revisión de la transacción, este municipio habría pagado 845 millones de pesos de más en comparación al precio fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
En el segundo caso, ocurrido en Popayán, Cauca, se habrían ignorado las recomendaciones en contra de la construcción en las laderas del humedal Villa Olímpica. Según halló la Fiscalía, se desarrolló un proyecto urbanístico en un sector que tenía medidas cautelares ordenadas por el Consejo de Estado en 2011. Se investiga cómo se expidieron permisos y licencias en un lugar con estas características.
Algo similar se encontró en Cajicá, Cundinamarca. Allí se detectaron licencias de construcción en la vereda Chuntame que ignoraron las restricciones que estaban claramente incluidas en el POT local de 2015.
El último caso adelantado se encuentra también en Cundinamarca y corresponde al municipio de Apulo. Allí, un acto administrativo otorgado en 2006 por el secretario de Desarrollo Sostenible de la época, Joan Manuel Guevara, otorgó una concesión de licencia de urbanismo para un centro vacacional, aun cuando esto estaba prohibido a la luz de la reglamentación contenida en el POT local.
No es la primera vez que los Planes de Ordenamiento Territorial son seriamente cuestionados por indicios de corrupción. En julio del año pasado, ya se había referido a ello el procurador, Fernando Carrillo, cuando los llamó “motores de corrupción”, a causa de la falta de aparato del Estado en todas las regiones.
Para no ir más lejos, el pasado 12 de abril el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, le pidió al Congreso de la República serias modificaciones a la Ley de Desarrollo Territorial para permitir que el Gobierno Nacional pueda controlar, vigilar y acompañar la implementación de los POT.
Carlos Fernando Galán, senador de Cambio Radical, quien lleva dos años denunciando que los POT se volvieron moneda de cambio para intereses de particulares insistió en que se tiene que mejorar en el control y veeduría sobre estos documentos, que son aprobados en los Concejos municipales tras conciliaciones que son públicas y abiertas al que quiera asistir.