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¿Qué se sabe sobre los motivos de la renuncia del Secretario de la JEP?


El secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Néstor Raúl Correa. FOTO COLPRENSA

En medio de polémicas y denuncias por supuestos malos manejos de recursos, el miércoles se hizo oficial la renuncia “irrevocable” del secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Néstor Raúl Correa.

En carta dirigida a la presidenta de la entidad, Patricia Linares, y a los magistrados, quien fuera nombrado en septiembre del 2016 aseguró que dejará el puesto el próximo 1 de mayo “con la satisfacción del deber cumplido” por haber “diseñado y puesto en funcionamiento” la Jurisdicción.

“Hace poco más de un año fui designado por la Organización de las Naciones Unidas y luego ratificado por el Comité de Escogencia para diseñar y poner a funcionar la JEP. Esta labor ya la cumplí, sobre la base de una concepción humanista y respetuosa de la justicia”, detalló Correa en la misiva.

Las razones que llevaron al funcionario a tomar esta decisión se desconocen, aunque en el último mes trascendieron algunos momentos de tensión en el seno del organismo.

De hecho, Correa tuvo que salir este miércoles al paso de críticas por no haber contratado el alquiler de vehículos blindados para los magistrados y otros funcionarios sino unos de tipo convencional, que además costaban lo mismo que si se hubieran comprado.

En efecto, en la página web de la JEP, el miércoles el Secretario Ejecutivo negó que él hubiera adelantado dicha negociación.

La Secretaría Ejecutiva de la JEP solo quedará con funciones administrativas a cargo de la presidencia de los magistrados de la Jurisdicción.

“El contrato lo realizó el Fondo Colombia en Paz, después de una ‘invitación pública para el arrendamiento durante 5 meses, de 38 vehículos convencionales de gama media-alta, full equipo, modelo 2016 en adelante y 3 camionetas tipo cabinada con blindaje Nivel IIIA, cinco puertas, 4x4’”.

Agregó que el convenio “incluye el suministro de combustible hasta 3000 kilómetros y los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, seguro obligatorio e impuestos al día”.

Según lo publicado en la web de la JEP, el valor del contrato fue de $1.371.806.320 y el costo por mes de los carros convencionales $6.532.559 y el de los blindados $8.708.000 por mes.

Otro de los señalamientos contra Correa tiene que ver con el hecho de que tales vehículos no fueran blindados, ante lo que el funcionario indicó que el 16 de noviembre pasado, el Ministerio de Hacienda le envió un correo en el que solicitó optimizar los costos de los servicios de seguridad que se pretendían brindar y recomendó acudir al apoyo de la Unidad Nacional de Protección.

También indicó que la compra de vehículos “está expresamente prohibida en el Artículo 83 de la Ley 1873 de 2017, que hace relación a las medidas de austeridad” y que “no existía ni existe aún una disposición legal que incluya a los funcionarios de la JEP entre aquellos que por razón de su cargo deban contar con esquemas de seguridad predeterminados”.

En su carta de renuncia, Correa también sostuvo que guió su gestión en “los más altos estándares de transparencia, eficiencia y eficacia” y negó que la Contraloría hubiese iniciado alguna investigación en su contra.

Hace tres semanas, el Secretario Ejecutivo también estuvo en el centro de una polémica luego de que solicitara los archivos de inteligencia y contrainteligencia del antiguo DAS, los cuales le fueron negados por la Procuraduría y la Fiscalía, alegando que solo un juez de la República podía darles esa orden.

Consultada al respecto por El País, la Presidenta de la JEP se limitó a decir: “Eso está en estudio y yo no hago ningún pronunciamiento distinto al que le acabo de hacer, está en estudio”.

Versiones periodísticas indican que al parecer las relaciones entre los dos funcionarios no eran las mejores y que otros empleados de la JEP acusaban a Correa de poca capacidad gerencial, al punto de que cuando los magistrados llegaron a la sede de la entidad no tenían computadores.

Sin embargo, Correa sostuvo que el contrato de arrendamiento de la sede se hizo el 15 de diciembre pasado y que los nuevos funcionarios iniciaron labores un mes más tarde, “por lo que tuvimos apenas un mes para pasarnos y adecuar las oficinas, así que no toda estaba listo, pero puedo dar fe de que la JEP está lista en este momento para operar”.

Las tareas

Un total de 6475 personas han expresado su intención de someterse a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.

3062 personas han quedado libres y se han identificado más de 11.809 víctimas.

Se han firmado 7916 actas, 6094 por excombatientes de las Farc, de las cuales 3666 han salido por la Ley de Amnistía y 2428 por “reincorporación política, social y económica”.

Otras 1792 actas corresponden a miembros de la Fuerza Pública;, 6 a personas relacionadas con actos de protesta social y 34 a otros agentes del Estado.


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