Acuerdos de Gobierno y Farc | Publicado el

Gobierno y Fiscalía discuten sobre los alcances de la JEP


Fiscal Néstor Humberto Martínez ante las comisiones conjuntas del Congreso. FOTO: Colprensa

Con una exposición de fondo de la Fiscalía General de la Nación al proyecto ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, JEP, la respuesta del gobierno a las mismas y críticas de sectores políticos, avanzó este miércoles la discusión en las comisiones primeras del Senado y la Cámara, sobre esta iniciativa.

El fiscal Néstor Humberto Martínez, en una exposición que tomó más de una hora, aseguró que respalda a la JEP, pero sí reclamó que la misma se estructure bien para no dar impunidad a los autores de delitos de lesa humanidad.

“Debemos lograr que el proyecto contribuya a una paz estable y duradera y no una paz que en la transición empiece con un conflicto jurídico”, manifestó Martínez, quien llamó la atención a que hay vacíos en lo referente a los reinsertados.

“Hay una premisa que emana de la sabiduría popular, buenos linderos hace buenos vecinos, estos son los linderos de la JEP y la ordinaria. Hay que poner bien las estacas para que no se corran y genere dificultades en el vecindario”, manifestó, tras indicar que no se debe abrigar la impunidad como está en varias normas del proyecto.

Martínez le pidió al Congreso que se haga precisión sobre el tema de los disidentes, para que nunca puedan ser beneficiarios de la JEP, porque en su concepto hoy está abierto que los que se beneficiaron vuelvan a delinquir.

Habló incluso que ya hay casos como los grupos denominados ‘Guerrillas unidas del Pacífico’ y la ‘Banda de Guacho’, las cuales están integradas por desmovilizados en su mayoría, a quienes les estarían pagando hasta 8 millones de pesos mensuales para estar allá otra vez con las armas.

Pidió de la misma forma precisar en esta ley que si activos de las Farc no fueron declarados todos, se debe sancionar a quien no lo haya hecho, a la vez que ser muy concreto en la norma legislativa que los dineros serán para reparar a las víctimas.

También el fiscal General de la Nación sostuvo que la ley tiene que ser clara en el manejo referente a los temas del narcotráfico. “Esta ley definirá la competencia de la justicia ordinaria frente al narcotráfico, llegó la hora de definir y si es la Fiscalía la responsable de asumir eso”, sostuvo.

La respuesta del Gobierno

A su turno, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, le respondió Néstor Humberto Martínez y dijo que “el fiscal, desde la propia discusión del acto legislativo, ha venido reclamando una clara delimitación de competencias entre justicia ordinaria y la JEP. Lo que hay que evitar es que existan zonas grises en materia de competencias. Que esté claro qué le corresponde a la JEP y qué a la justicia ordinaria”.

Rivera dijo que para exintegrantes de las Farc que están en los listados, la competencia de sus conductas serán de la JEP, mientras que las de todos los demás, reincidentes, disidentes o desertores, entre otros, corresponderán a la justicia ordinaria, al igual que el delito de concierto para delinquir.

Dijo que la JEP tendrá competencia frente a agentes del Estado, cuyas conductas punibles estén relacionadas con el conflicto armado, al igual que las de los terceros, que son aquellos que hayan participado de manera determinante en la comisión de conductas punibles tipificadas en el Derecho Internacional Humanitario, DIH.

Le negó a Martínez que “la JEP fue creada para una especie de persecución frente a terceros o frente a empresarios. Lo que estamos cumpliendo es con aquello que se comprometió el Estado cuando suscribió tratados internacionales”.

El ministro explicó las diferencias entre el Tribunal para la Paz, que se creó para dar seguridad jurídica, la Sala de Reconocimiento, para dar verdad y otorgar beneficios, así como las resoluciones de la sala de definición y la sala de amnistías e indultos, entre otras.

El jefe de la cartera política explicó que hay diferentes escalas del régimen de sanciones, como las propias y ordinarias.

Por su parte, el representante a la Cámara, Germán Navas Talero, sostuvo que el fiscal Martínez “en vez de haber venido a bombardear el proyecto, debió haber estado al lado del gobierno y los ponentes aportando, pero no, a él lo único que le interesa su jefe, poner trabas y no soluciones”.

Navas se refería a que el fiscal lo que buscó es favorecer los intereses del candidato presidencial Germán Vargas Lleras.

La discusión del proyecto continuará, aún no será votado.


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