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Farc criticaron fuertemente la escogencia de magistrados para la JEP


“Jesús Santrich”. FOTO: Colprensa

“El Comité de Escogencia no hizo su trabajo como debía”, así describió “Jesús Santrich” su inconformidad con la escogencia de los magistrados para la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuyos preseleccionados fueron anunciado el pasado fin de semana.

En una comunicación enviada al Comité de Escogencia y a la Secretaría Ejecitiva de la JEP, el exguerrillero manifestó que “las personas preseleccionadas no cuentan con las características necesarias para ejercer la función de Magistrados de Tribunal o de Sala, ni con las establecidas por el Acuerdo Final en el punto 5.1.1.1.5, que eran mandato para el comité”.

El artículo al que hace referencia dice que en los criterios de selección se tendrá en cuenta la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés, y el conocimiento del conflicto armado, del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y la reconocida trayectoria en alguno de estos campos.

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De acuerdo con Santrich, para el Tribunal especial para la Paz hay tres personas relacionadas con las Fuerzas Militares: Camilo Andrés Suárez Aldana, coronel Presidente del Tribunal Superior Militar; Fabio Enrique Araque Vargas, juez de la Justicia Penal Militar, y Hernán Galán Castellanos, que fue director jurídico del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, e implicado en el Cartel de los Jueces.

Para el caso de las Salas de Justicia, continúa el excombatiente, “hay cinco personas con conflicto de intereses y falta de imparcialidad relacionados con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: Alexandra Ladina Pinzón, que fue directora nacional de articulación de Policías Judiciales Especializadas; Carlos Alberto Dulce Pereira, Magistrado del Tribunal Superior Militar; Claudia Rocío Saldaña Montoya, ha sido Juez de instrucción penal militar desde 1997 hasta el año pasado; Héctor Cruz Carvajal, quien ocupo importantes cargos en el Ministerio de Defensa; y Sandra Rocío Hernández Cruz, quien fue directora del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública”.

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Santrich también señaló el caso de Zeneida de Jesús López, “quien fue acusada de prevaricato por omisión, la ausencia de formación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la mayoría de los postulados, criterio fundamental para ejercer su función, y la basta presencia de fiscales que habiendo aplicado Justicia Retributiva durante años van a pretender administrar justicia de carácter restaurativo”.


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