Acuerdos de Gobierno y Farc | Publicado el

A Farc le incautan el doble de lo declarado


Desordenes en el sur de Bogotá por intento de saqueo en supermercados Merkandrea, que son objeto de extensión de dominio por la fiscalía, por supuestamente ser de las Farc. FOTO: Colprensa

La persecución de la Fiscalía a las propiedades de las Farc que pudieran estar en manos de testaferros cada día da más resultados. Desde agosto, cuando el Secretariado declaró 540.700 millones de pesos en bienes y dinero en efectivo al Gobierno Nacional para la reparación de las víctimas, la Fiscalía ha decomisado con fines de extinción del derecho de dominio propiedades por 1,13 billones de pesos.

Además, el ente investigador ha capturado a diez presuntos testaferros, quienes en medio del proceso judicial podrán decir realmente a quiénes pertenecen el dinero, los negocios y los bienes incautados.

Andrea del Pilar Malagón Medina, directora Especializada de Extinción del Derecho del Dominio de la Fiscalía General de la Nación, garantizó que ninguno de esos bienes decomisados hacen parte del listado que las Farc entregaron al Gobierno para hacer su tránsito a la vida civil.

Por su parte, el Consejo Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido de la extinta guerrilla, aseguró en un comunicado que “todas las imaginerías y arbitrariedades sobre las fabulosas cifras presuntamente no declaradas por las Farc tendrán que demostrarse”, y agregó: “lo que se impute tendrá que demostrarse en los estrados judiciales. Que se ponga en conocimiento de la JEP. Lo demás es espectáculo mediático”.

La carga de la prueba

La mayoría de los bienes, según estableció la Fiscalía, pertenecerían a Henry Castellanos, conocido como Edison Romaña, y a Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa.

En Colombia, en la extinción del dominio opera la carga dinámica de la prueba, es decir, corresponde al afectado probar los hechos que sustenten la improcedencia de la causal de extinción.

“Cuando el afectado no allegue los medios de prueba requeridos para demostrar el fundamento de su oposición, el juez podrá declarar extinguido el derecho de dominio con base en los medios de prueba presentados por la Fiscalía”, dice la Ley 1849 de 2017.

Es decir, las Farc deberán demostrar que no son culpables de lavar activos producto del narcotráfico, la extorsión y el secuestro, con los bienes incautados a través de testaferros, si no lo logran, deberán ir a la cárcel.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha dicho en varias oportunidades que “en cuanto a los bienes que no estén relacionados, serán de competencia de la justicia ordinaria y se realizará el proceso de extinción de dominio. Es decir, a quienes los ocultaron los espera la cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, planteó el ministro.

Sin embargo, lo que no es muy claro, es quién es el que estaría ocultando esas propiedades. Juan Manuel Charry, constitucionalista de la Universidad del Rosario, explicó que la justicia penal es personal, por lo que no podrían responder las Farc sino sus comandantes. “Es un hecho que si esos bienes efectivamente son de las Farc hubo un incumplimiento por parte de alguien, pero lo que no está establecidos es si es responsabilidad del comandante de cada frente o del Secretariado que fue quien entregó el listado al Gobierno Nacional”.

Y más allá de los asuntos penales, los recursos incautados a las Farc irán a la extinción del dominio y no al Fondo Fiduciario para la Reparación de las Víctimas.

Fiscalía ha incautado 1,13 billones de pesos a presuntos testaferros de las Farc, desde que entregaron el listado de bienes al Gobierno Nacional avaluados en 540.774 millones de pesos.
A Farc le incautan el doble de lo declarado

Contexto de la Noticia

La Ley de Extinción del Dominio (Ley 1849 de 2017) distribuyó los recursos del Fondo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) así: el 25 % va para la Rama Judicial y 25 % para Fiscalía General, que no depende del Ministerio de Hacienda para ser ejecutado. Del 50 % restante, se destina el 10 % a la Policía Nacional para fortalecer las investigaciones de la policía judicial y el otro 40 % para fortalecer, entre otros, la infraestructura penitenciaria y carcelaria.

Siendo así, por lo incautado desde agosto de 2017 a las Farc, la Fiscalía General de la Nación obtendría $282.500 millones de pesos para su funcionamiento.


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