internacional | Publicado el 26 de junio de 2017

Chuzadas del gobierno, otra cara trágica del periodismo mexicano

A la barbarie de los asesinatos de reporteros se sumó, esta semana, un escándalo por interceptaciones. FOTO AFP

Daniel Armirola Ricaurte

“Hoy en México es mucho más peligroso para los periodistas cubrir el nexo de los narcos con los políticos, empresarios y Ejército, que hablar de los mismos narcos. Ya ellos hacen a los políticos. Desde un principio los promueven y los ponen en puestos importantes. La clase política mexicana hoy es hija de los narcos”, estas palabras las dijo Javier Valdez, el cronista de la violencia en Sinaloa, a EL COLOMBIANO, el viernes 12 de mayo, tres días antes de ser asesinado, (lunes 15 de mayo).

Ha pasado un poco más de un mes y sus palabras ya suenan proféticas. El gobierno está cada vez más salpicado por un escándalo de interceptaciones contra los comunicadores más críticos y activistas de derechos humanos. Si ya se veía pisoteada la libertad de prensa con el asesinato de uno de los periodistas más valientes de México, ahora se ve mancillada al llegar la persecución a los celulares de los colegas más renombrados del Distrito Federal (DF), que se creían blindados frente a lo que se ve en las regiones.

El lunes 19 de junio, el diario The New York Times publicó un artículo de investigación en el que denunció que el Estado mexicano adquirió un malware israelí, Pegasus, con el que en vez de interceptar terroristas o criminales —condición bajo la que Israel se lo vendió—, se dedicó a chuzar a periodistas críticos del gobierno de Enrique Peña Nieto y activistas de derechos humanos, en concreto quienes se dedicaron a investigar sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El malware se instalaba en sus celulares con mensajes SMS engañosos, que denunciaban un caso impactante con un enlace. Cuando las víctimas lo abrían, el virus se instalaba en sus dispositivos y desde ese momento los hackers tenían acceso a todo su contenido (ver gráfico).

La punta del iceberg

Por ahora, son 14 los afectados, entre los que se cuentan Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, dos de los reporteros más reconocidos del país. Pero en opinión de Salvador Camarena, director de investigación periodística de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se trataría apenas del inicio.

“Existe un informe de la Universidad de Toronto, en el que también participaron organizaciones mexicanas. Se llama Gobierno Espía y es más detallado en cuanto a las circunstancias en las cuales llegaron estos mensajes a los afectados. Lo que demuestra el informe es que estamos ante una mecánica sistemática, no aleatoria, sino completamente programada, en momentos en que estos periodistas, y estas ONG, estaban precisamente en la dinámica de investigar sobre cosas complejas para la realidad mexicana como el caso Ayotzinapa”, dijo.

Es este carácter sistemático que se desprende de lo que se ha averiguado de las chuzadas el que levanta la sospecha sobre nuevos casos, pero el periodista investigativo Camarena revela más: “en las últimas horas han hablado colegas que se han reconocido en ese informe, y han asegurado que recibieron esos mensajes en su celular. Los hemos remitido a una de las organizaciones que colaboró en la pesquisa.

Por ahora no se ha comprobado que haya más periodistas afectados, pero ténganlo por seguro que en los próximos días se sabrán más revelaciones. Ya el portal Eje Central dice que fueron más de 700 las personas que fueron espiadas. Es claro en cualquier caso que es muy prematuro saber el calibre o la dimensión de esto, y mucho más su daño”, agregó.

Práctica extendida en A.L.

Para Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el fenómeno de chuzadas no es nuevo en la región, y durante las últimas décadas se registró un aumento de casos en países como Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, entre otros.

“Pero también incluso se dan en Estados Unidos, donde hay quejas contra el Departamento de Estado, con presunciones de que utiliza el espionaje cibernético contra la prensa y opositores. Es un asunto extendido por las Américas”, explicó.

El experto recalca que interceptaciones igual o más exhaustivas y amplias contra periodistas, jueces y activistas se dieron en países como Colombia, donde dicha práctica se extendió durante años. De hecho se siguen desarrollando procesos frente a lo que ocurrió en pasados mandatos, ya que hace pocos días (el jueves), la Fiscalía acusó a Edmundo Del Castillo, exsecretario jurídico de Presidencia, y César Mauricio Velásquez, exjefe de Prensa del gobierno de Álvaro Uribe, de participar en interceptaciones para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema.

El acusado que se investiga

De cualquier forma, para el funcionario de la SIP, “en la actualidad es en México donde tenemos una crisis muy extendida. Hay una intención de los grupos criminales y poderes fácticos de ubicar a los periodistas como objetivo específico, ni siquiera como un daño colateral, para ser atacados. Más aún, frente al poder globalizado del narco, las instituciones estatales ofrecen distintos niveles de vulnerabilidad en cuanto a la capacidad corruptora que tiene este mal”.

¿Pero quién concretamente está detrás de esta nueva persecución? Y más aún, ¿está relacionado este nuevo escándalo con la corrupción que Valdez denunciaba como el mayor peligro contra los periodistas en México? Expertos son prudentes pero tienen sospechas consolidadas.

Una vez supieron que sus celulares fueron atacados, los 14 afectados se dirigieron el mismo lunes 19 a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), a denunciar su caso y solicitar una investigación. Pero resulta paradójico:

“Nos acercamos allí para que determine quién mandó a hacer esto. Que responda cuál de los tres entes que usan este malware en México —la Secretaría de Defensa Nacional del Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, o la propia PGR—, es el responsable. Allá fuimos a pedir la pesquisa, algo muy complejo, pedir que ellos mismos se investiguen, pero tendrán que encontrar el mecanismo legal porque ni el Estado puede estar por encima de la ley”, afirmó Camarena.

Para el periodista investigativo, sin duda alguna en México se puede asegurar que desde el gobierno se ha propiciado un clima adverso contra uno de los ejercicios fundamentales del periodismo, que es la denuncia, y eso ha influido en la precaria situación que dichos profesionales viven en la actualidad del país.

“Creo que hay un ambiente enrarecido, donde se han dado situaciones de acoso y marginación a las voces críticas, y en donde todos los días los reporteros luchan por defender este derecho. No diría que hoy está cancelada la libertad de prensa y de expresión, pero sí hay varias señales de intolerancia por parte del gobierno, y de manejo discrecional de presupuesto público para pautar en medios, lo que se vuelve un mecanismo muy vulgar de control”, dijo el experto, en referencia a lo que ve como un círculo vicioso.

Muchos medios mexicanos terminan dependiendo de la publicidad oficial y “resultan atrapados en un síndrome de Estocolmo, en donde quedan secuestrados pero además agradecen el secuestro”.

Un ejemplo de ello es que, tras las revelaciones de la periodista Carmen Aristegui, en noviembre de 2014, con un equipo periodístico al que perteneció Camarena, en las que se supo que el presidente Enrique Peña Nieto le había comprado una propiedad de 7 millones de dólares a un contratista de su gobierno —se conoce como el caso Casa Blanca—, los periodistas fueron expulsados por la emisora MVS Radio en marzo de 2015 utilizando “explicaciones cuando menos infantiles y absurdas”, denunció el colega.

Como ese hay muchos otros casos en el país norteamericano y “hay un clima de acoso generalizado”.

De las regiones al DF

El asesinato de Javier Valdez golpeó a todos los periodistas en México. Tal vez
no impactó a quienes viven en connivencia con el crimen organizado, como muchas veces denunció el ya emblemático profesional del sombrero —se cumplen hoy 42 días de impunidad en su caso—.

“Fue muy impactante, no porque él fuera más relevante que el resto de periodistas asesinados, sino por lo que él significaba. Era reconocido mundialmente por su vocación de informar sobre temas de narcotráfico y corrupción, y de alguna forma se creía que estaba blindado, porque llevaba mucho tiempo sin que le pasara nada. El hecho de que llegaran hasta él, nos hizo pensar que nos podía pasar a cualquiera. Nos sentimos ahora atemorizados”, dijo la periodista independiente Ruth Muñiz, quien es activa en el clamor que está aumentando en el país por la defensa de la libertad de prensa.

Para ella, tanto el caso de las interceptaciones como los asesinatos contra periodistas forman parte del mismo problema: “el Estado no está al servicio de quien debe, de la sociedad. Porque al final nosotros somos la voz de la gente. Todo nos lleva a lo mismo, una política de Estado contra los periodistas, de intentar silenciarlos de distintas formas, y en suma una constante impunidad en todos los casos”.

Muñiz, como otros periodistas, se siente sola, poco acompañada por la sociedad, y ese le parece parte del problema, porque cree que hay una desconexión en la que la gente no está entendiendo la vital función que tiene la prensa. En este sentido, propone una mayor unidad del gremio para su protección.

Camarena afirmó por su parte que lo que está ocurriendo en México ha dado pie para que muchos periodistas reflexionen, en especial los del DF: “parecía que vivíamos en una burbuja o realidad paralela, con un terrible desapego sobre lo que pasa en las regiones y lo que pasa con nuestros colegas allá en los otros estados. Pero si ya nos estamos viendo vigilados acá en el DF, mucho peor es la situación de nuestros colegas en frontera y en las zonas más golpeadas por la violencia que aqueja al país”.

Impunidad y estancamiento

¿Qué tiene que pasar para que la situación cambie? Ninguno de los entrevistados supo dar respuesta en tiempos en los que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa está completamente impune; cuando no se sabe quién ordenó el asesinato de Valdez; cuando el mismo gobierno es salpicado por The New York Times en un caso de interceptaciones a quienes denuncian e investigan; “y cuando casos como el de Casa Blanca no implican sanción contra un gobernante por conflicto de intereses”, como advierte Camarena. Lo mínimo que los periodistas mexicanos piden es que se mantenga el seguimiento mundial a la tragedia que viven, que es lo único en lo que han visto avances.

700

periodistas o más habrían sido chuzados por el Estado, según el portal Eje Central.

Tanto las chuzadas como el asesinato contra los periodistas forman parte de la misma estrategia de poderes fácticos para silenciar su labor, de denunciar la trágica actualidad que vive México.

Contexto de la Noticia

El 6 de noviembre de 2014, el gobierno mexicano revocó, de manera sorpresiva, la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio liderado por la empresa China Railway Construction Corporation y en el que figuraban tres empresas mexicanas vinculadas al presidente Enrique Peña Nieto (EPN). Una de esas empresas locales era la Constructora Teya, perteneciente al Grupo Higa. La periodista Carmen Aristegui reveló pocos días después que dicha empresa fue la encargada de construir al presidente una casa en Las Lomas, DF, con valor de US$ 7 millones.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, reconoció el viernes haberse expresado “inadecuadamente” al formular declaraciones sobre el presunto espionaje a comunicadores y activistas, que fueron interpretadas como amenazas a quienes han acusado a su gobierno. Por otra parte, negó que sus funcionarios espíen a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, y aseguró que ha ordenado a la PGR investigar el caso.

El mandatario había dicho con anterioridad: “espero que la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”.

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