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Belén de Bajirá: ley y política


Dos días antes de lo que había anunciado, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) emitió los mapas oficiales de Chocó y Antioquia. Tal como ya se había informado, dejan de estar incluidos en el territorio antioqueño los corregimientos de Belén de Bajirá, hasta ahora de Mutatá, y los de Macondo, Blanquiceth y Nuevo Oriente, de Turbo. Según datos de la Gobernación de Antioquia, el territorio cercenado a Antioquia es de 100.000 hectáreas.

Esta es una historia muy larga. Desde hace varios meses el Igac venía preparando el terreno para declarar la territorialidad chocoana de esos corregimientos. Y en esta historia han ido, algunas veces paralelas, otras veces cruzadas y hasta contrapuestas, las argumentaciones jurídicas y las actuaciones políticas.

De estas últimas, pocas determinaciones políticas no solo erróneas y desatinadas, sino tan torpes, como las de los voceros del Gobierno Nacional tanto en los paros del año pasado como en los de hace un mes en el Chocó. Tragar sin más el argumento de que la modificación de los mapas era un punto esencial para resolver los graves problemas acumulados de pobreza, abandono, corrupción y falta de iniciativa propia de los dirigentes chocoanos para entrar al siglo XXI, demostró una vez más lo endeble que se siente este gobierno frente a cualquier otro asunto distinto a su proceso de paz.

Ante esta determinación ya ejecutada, la pregunta es si hay alguna posibilidad de revocarla. Y claramente sí la hay: que el Congreso de la República asuma el caso y defina los límites. El Igac dice que aquí no hay límites dudosos, y por tanto, sugiere que ya el Congreso no tiene por qué entrar a definirlos. De hecho, en la devolución del expediente el año pasado, las comisiones territoriales del Congreso dijeron que lo devolvían precisamente por eso, porque no se presentaban los requisitos para considerarlo como un asunto de límites dudosos.

En lo político, por otra parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ha asumido una posición franca frente al gobierno. Es fácil concluir que en su fuero interno debe pensar sobre su posición ante el presidente de la República, que así paga el diablo a quien bien le sirve: no hubo forma de que le concediera un espacio para explicarle los argumentos de Antioquia. Hasta el momento, el presidente Santos no ha dicho una sola palabra. Todo se le ha delegado al director del Igac.

Sobre los argumentos jurídicos de Antioquia, que son sólidos, hay que tener cuidado para ser precisos y exactos en los términos. Por ejemplo, no es lo mismo una sentencia del Consejo de Estado (que existe en el tema de Belén de Bajirá) que un concepto de la Sala de Consulta (que también existe).

Igualmente hay que tener prudencia en la solicitud de consultas populares vinculantes. Puede ser un arma de doble filo: por ahí se le pueden colar intereses espúreos para lograr, por ejemplo, la dispersión del Urabá antioqueño.

Ayer el gobernador del Chocó se refirió a Antioquia en términos agresivos. La población misma de Belén de Bajirá teme divisiones y conflictos. Y se enfrenta, además, a un panorama incierto en cuanto al acceso a servicios que Antioquia tendría que dejar de prestarle, y que ni el Gobierno ni Chocó le aseguran.

El Congreso tiene que asumir sus funciones y entrar a definir este asunto. Antioquia tiene argumentos para defender, incluso sin necesidad de exacerbar la emotividad regionalista. Con razones de peso puede hacerse oír ante un gobierno central que, parece evidente, poco quiere conectarse con esta región.


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