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Hidroeléctricas, en corto circuito

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Los proyectos de El Quimbo, Porce IV, Amoyá e Ituango están afectados por invasiones y el orden público.
Los conflictos por desplazamiento de personas a zonas donde se van a realizar las grandes hidroeléctricas y los problemas de orden público tienen en 'jaque' a cuatro proyectos de generación hídrica en el país y que representan una capacidad instalada de 2.880 megavatios (Mw), fundamentales para la expansión energética del país.

Es el caso de El Quimbo de la firma Endesa, Hidroituango y Porce IV de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Amoyá de Isagén, los cuales han tenido que enfrentar diversos inconvenientes.

En El Quimbo, Hidroituango y Porce IV la mayor traba tiene que ver con la invasión de terrenos por parte de personas que después de realizar el censo para indemnizar la población que estaba en el área, pretenden ganar jugosas sumas haciéndose pasar por lugareños.

Y es que tal como lo señala Lucio Rubio Díaz , gerente de Emgesa y director General del Grupo Endesa en Colombia, las invasiones en los terrenos del proyecto El Quimbo no tienen justificación. El directivo explica que las dificultades se han presentado porque una organización llamada Asoquimbo tiene una ideología política que no está de acuerdo con que se realicen este tipo de proyectos hidráulicos.

Sin embargo, Rubio asegura que continuarán con el cronograma para entregar la obra en diciembre de 2014 y seguirán trabajando con la población censada que son 3.000 personas. El directivo precisa que en el tema de compensaciones se han invertido 143 millones de dólares y que en total se esperan invertir en la obra en general 837 millones de dólares.

Caso EPM
EPM es una de las más afectadas. La razón es que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) decidió hacer efectiva la garantía que firmó por 23.680 millones de pesos por la construcción de Porce IV.

La compañía decidió suspender el proyecto por la difícil problemática social y de orden público de la zona donde está ubicado y que no ha tenido avances desde el 7 de diciembre de 2010. Se calcula que hoy la zona está invadida por unas 9.000 personas.

Según Jorge Mario Pérez Gallón , gerente de Generación de Energía de EPM, las invasiones ilegales dentro de los terrenos del proyecto hidroeléctrico Ituango han hecho que tengan que cambiarse los programas de trabajo y pasar los contratistas a otros frentes, lo que ha generado dificultades.

Son 181 familias que deben ser reubicadas y reasentadas, censo que se basó en diferentes fuentes de Empresas Públicas, como registros del Sisbén, de salud y educación, tanto a nivel municipal como departamental. Así mismo, la empresa debe mitigar y compensar a 1.402 mineros debido a que se les afecta su actividad económica.

En la zona del proyecto se asentaron 600 personas de manera ilegal, más de 330 de ellas abandonaron los terrenos de manera voluntaria; otro grupo fue desalojado cumpliendo con los requisitos de ley. Aún quedan 70 personas que están ocupando la zona y esperan que en máximo dos meses se pueda cumplir con el desalojo.
¿QUÉ SIGUE?
PROCURADURÍA LE PONE OJO A EL QUIMBO
La Procuraduría y la Fiscalía revisarán el proyecto de la hidroeléctrica de El Quimbo, que ha sido epicentro de polémica por parte de campesinos de la región y ambientalistas y ha generado disturbios. El procurador general, Alejandro Ordóñez , señaló que designó a una comisión especial del organismo la revisión del proyecto en el departamento del Huila. "Estamos actuando dentro del escenario de la función preventiva según las necesidades y urgencias que implica la defensa del patrimonio público y el medio ambiente", explicó. Por otra parte, la Fiscalía anunció el inicio de indagaciones para establecer si se cometieron irregularidades en la contratación de la obra.

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