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En libertad, Pablo Villegas, gerente de Lérida CDO, María Cecilia Posada, directora de Proyectos y Jorge Aristizábal, ingeniero calculista, aguardan la sentencia, este 18 de diciembre, luego del sentido de fallo que los condenó, ayer, por el homicidio culposo de Juan Esteban Cantor como consecuencia del desplome de la etapa 6 del Space.
La juez primera del circuito de Medellín, en su exposición, atribuyó responsabilidades de los acusados en las fallas estructurales, de diseño y construcción, que propiciaron el desplome del edificio.
Señaló que el caso Space fue un hecho de connotación nacional e internacional en el que además del fallecimiento de 12 personas se presentó una cadena de errores y omisiones, con repercusiones graves en la sociedad.
“(...) La judicatura encontró que Pablo Villegas y María C. Posada en su condición de primera y segunda posición de autoridad dentro de la empresa constructora que adelantó la obra del proyecto y su comercialización, así como Jorge Aristizábal, que tuvo a cargo directo el diseño estructural del edificio deben ser sujetos del reproche penal (...) No se excluye por el principio de confianza legítima o la culpa exclusiva de la víctima”, afirmó la juez.
El sentido del fallo fue puntual en indicar que los diseños de los planos para la torre 6 (de 26 pisos) eran similares en su cálculo estructural al de las 5 primeras etapas, de altura inferiores, y que “el edificio no era apto para soportar su propio peso, más el peso de las cargas vivas, más las fuerzas horizontales y verticales (...)”.
Durante la etapa probatoria y los alegatos de conclusión, Álvaro Vargas, defensor de Villegas y Posada, aseguró que ellos no conocieron los errores en los diseños, que a la postre ocasionaron las fallas.
Indicó que hubo un equívoco señalamiento de los roles que desempeñaban, considerados por la Fiscalía y la defensa de la familia Cantor, como constructores, “cuando Villegas era el dueño de siete empresas y Posada la gerente de Proyectos de esas firmas”.
No obstante, la juez aclaró que la constructora Lérida CDO estaba a cargo de Villegas, quien ejerció su representación legal, y Posada, era segunda al mando y ejecutando y disponiendo lo necesario para desarrollar la actividad comercial, “lo que implicó la construcción y venta de unidades de vivienda en Space”.
“Se probó en el juicio oral que la construcción del edificio fue por iniciativa, control, autoridad y políticas a cargo de Villegas, como responsable de la actividad de construcción de su compañía, en cuya gestión era acompañado por su segunda, Posada, también con poder decisorio y plena autoridad (...) Admitir que quienes deben responder por la omisión debe ser el albañil, porque toma la pala y hace la mezcla, resulta insustentable”, apuntó la juez.
En cuanto al argumento de Carlos López, abogado de Jorge Aristizábal, sobre una “autopuesta en peligro” de Juan Esteban Cantor, al ingresar al parqueadero de visitantes del Space y “jugar lanzándose bolsas con su acompañante, conociendo el riesgo”, la juez enfatizó que “la culpa de la víctima, y el resultado lesivo carecen de sustento”.
“Tampoco fue admisible la información de responsabilidad penal con respecto al vigilante de turno (en el Space), porque no existen elementos de juicio que permitan decir si estaba a su cargo vigilar el ingreso a la torre, sino al conjunto. Es una tesis forzada”, acotó la juez.
El fallo condenatorio contra un reconocido empresario constructor como Pablo Villegas y Aristizábal, calculista de más de 2.000 proyectos urbanísticos en Colombia, reviste para líderes de gremios inmobiliarios y construcción, un aprendizaje.
Federico Estrada, gerente de la Lonja Propiedad Raíz, estableció que, si bien lo más importante dentro de la tragedia del Space son las víctimas que dejó el desplome, también hubo un impacto para la ciudad y el sector inmobiliario.
“Estamos en una normatividad en que se ajustaron aspectos, recogió la importancia de una supervisión técnica por parte de un tercero, la revisión de diseños estructurales y la regulación del sector”, aseveró.
De igual manera, José Fernando Villegas, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, hizo un llamado a la responsabilidad de los profesionales de la construcción y a la rigurosidad de los entes territorial a la hora de hacer cumplir las normas.
“Aquí hay una lección grande, un replanteamiento de los valores éticos. La responsabilidad de los profesionales, ingenieros civiles y arquitectos, que somos responsables sociales, pues hacemos obras que son usadas por personas”, subrayó.
Al final de la lectura de sentido del fallo condenatorio, Fiscalía, Procuraduría y la defensa de la víctima, pidieron una condena de entre 31 y 52 meses de prisión para los acusados.
Adicional, Juan Camilo Muñetón, abogado de la familia Cantor, solicitó una sanción para que los responsables no vuelvan a ejercer su oficio y la reparación de sus defendidos. Este 18 de diciembre, la juez definirá la condena que podría ser apelada por los afectados.
El colapso de la torre 6 de Space generó la evacuación permanente de los propietarios de los edificios Asensi y Continental Towers; y temporal de los residentes de Colores de Calasania; todas estas, unidades construidas por CDO.
EL COLOMBIANO expone qué ha pasado con los dos proyectos de CDO vecinos del Space y con la unidad que vivió la evacuación más grande.