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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) manifestaron este domingo su preocupación por el desplazamiento forzado que se ha venido registrando en el Bajo Cauca antioqueño.
Se trata de por lo menos 822 personas, entre ellas 361 menores de edad, que se han visto afectadas desde el pasado 19 de enero en Cáceres, Antioquia, y en las veredas de Anará, San Francisco, Bejuquillo, que se suman a las ya afectadas en El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario.
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Al mismo tiempo alertaron que desde el primero de enero han aumentado los homicidios en la zona en más del 225 %, según ambas entidades.
“En el Bajo Cauca estamos observando violaciones de derechos humanos, tales como: amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles, violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en su territorio”, señalaron las Agencias en un comunicado.
En ese sentido, instaron al Estado para que implemente medidas efectivas de prevención y protección de las comunidades, al considerar que lo hecho hasta ahora es insuficiente para atender la emergencia
“Para desenredar la madeja de violaciones en Bajo Cauca, y así poder garantizar el restablecimiento de derechos de las comunidades y pueblos en sus territorios en condiciones de vida digna, recomendamos que el desarrollo de la estrategia que se adopte inicie con un análisis de factores como: la corrupción, la pobreza, la falta de participación política y la falta de acceso a servicios básicos en la zona. Además, el Estado debe tomar en cuenta que la implementación de dicha estrategia debe ser sostenida a largo plazo y lograr la articulación entre las autoridades del orden local, departamental y nacional”, señalaron las agencias.