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Legalizan captura de alias “Lindolfo”
Los allanamientos, incautaciones y capturas contra siete presuntos integrantes de “la Oficina”, entre los que está el empresario Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”, fueron legalizados anoche ante el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia.
En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía expuso que la investigación comenzó en agosto de 2015, por un informe que envió la DEA, tras el sometimiento a la justicia estadounidense de Fredy Mira Pérez (“Fredy Colas”). Al parecer este hombre delegó sus negocios ilícitos en “Lindolfo” y Martín Tamayo Cano (“Martín”), en especial lo relacionado con cobros de deudas mafiosas.
A partir de allí se ordenaron seguimientos e interceptaciones telefónicas, que provocaron las órdenes de captura. “Lindolfo” cayó en un apartamento de El Poblado, donde estaba con su exesposa, la modelo y presentadora Vaneza Peláez, con quien seguía viéndose a pesar del divorcio de hace un año.
En el allanamiento a esa propiedad encontraron documentos que daban cuenta de transacciones por hasta 2 millones de dólares. Y en una finca de Santa Fe de Antioquia, en la que solía pernoctar la pareja, hallaron un arnés militar con una caja de municiones calibre 38.
“Martín” fue detenido en Cartagena, donde se presume que estaría adelantando reuniones para expandir los negocios ilícitos.
Otros cinco hombres fueron capturados, señalados de ser presuntos integrantes de la “Odín Caicedo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), en tentáculo de “la Oficina” en el oriente de Medellín: el ganadero Cristian Duque Echeverry (“Fantasma”), hermano medio de “Lindolfo”; los comerciantes Diego Zapata Martínez (“el Mejicano”) y John Vélez Londoño (“Orejas”); el taxista Alexánder Tobón Grajales (“el Viejito”); y Barney Mesa López, quien portaba una bolsa con 445 dosis de la droga 2CB o cocaína rosada.
A “Lindolfo”, “Fantasma” y “el Mejicano” les incautaron municiones y sendas pistolas Jericho, de las cuales tenían salvoconducto legal.
Hoy continúa la audiencia de imputación, donde la Fiscalía impondrá los cargos de concierto para delinquir y homicidio, pues la organización al parecer está involucrada en el asesinato de José Campo Obando, un exsocio del cartel de Medellín, abaleado el 22 de abril de 2017 en Las Palmas.
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