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Felix Alberto Isaza Sánchez, alias “Beto” o “el Mocho”, uno de los cabecillas históricos de la organización criminal “la Oficina”, está a punto de salir de la cárcel.
El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Tunja le concedió la libertad condicional el pasado 31 de agosto, debido a que ya cumplió las tres quintas partes de su condena, al pagar seis años y tres meses de encierro (fue detenido en 2012).
La boleta de libertad ya está en las oficinas de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), donde está preso desde el 10 de junio de 2017. Fuentes del Inpec manifestaron esta tarde a EL COLOMBIANO que están revisando en las bases de datos para ver si existen requerimientos judiciales de alguna autoridad; en caso de que no aparezcan, sería liberado este fin de semana.
El prontuario
“Beto”, de 52 años, llegó a ser uno de los máximos cabecillas de “la Oficina” y del crimen organizado del Valle de Aburrá, gracias a su amistad con el capo Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) desde los años noventa.
Lo acompañó en la banda “los Pepes”, en la guerra contra el cartel de Medellín (1991-1993), y siguió a su lado en el exterminio de la organización “la Terraza” (1999-2002) y del bloque Metro de las Auc (2002-2004). En esas contiendas, fue víctima de un atentado con fusil en el municipio de Envigado, en el que perdió la mitad de su pierna izquierda (20/9/00). Desde entonces camina con una prótesis de metal.
Cuando se consolidó la estructura de “la Oficina” en el siglo XXI, “Beto” asumió un lugar en la cúpula. Bajo su autoridad estaban los negocios ilícitos en Envigado y Sabaneta, así como las relaciones con los servidores públicos corruptos de la Fuerza Pública y las administraciones municipales.
La empresa criminal se apoderó del bajo mundo en el área metropolitana, sometiendo a los combos barriales a sus designios y coordinando actividades de narcotráfico, sicariato, extorsión, lavado de activos y cobro de deudas mafiosas, entre otras.
Tras la extradición de “don Berna” en 2008, se presentó una violenta pugna interna por el control de “la Oficina” (hasta 2011), en la que “Beto” fue uno de los protagonistas. Al final, sus fuerzas lograron imponerse a los adversarios.
La Policía Antinarcóticos lo capturó el 24 de mayo de 2012 en una casa del corregimiento San Antonio de Pereira, en el municipio antioqueño de Rionegro. Después, la justicia profirió dos condenas en su contra: por hechos de 2009, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín lo sentenció a 9 años por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, falsedad en documento público y uso de documento falso; y por incidentes de 2004, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín le dictó otra de 5 años, también por concierto para delinquir agravado.
En junio de 2013 la Fiscalía abrió un proceso de extinción de dominio, embargándole 56 bienes (casas, fincas, locales, empresas y vehículos) valorados en 5 millones de dólares, que el cabecilla tenía en Envigado, Sabaneta, Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo.
El gobierno de Estados Unidos, que se fijó como objetivo contribuir al desmantelamiento de “la Oficina”, también le puso la mira a las acciones de “Beto”. En noviembre de 2014, el Departamento del Tesoro le aplicó sanciones financieras y lo incluyó en la Lista Clinton, en compañía de su hermano Nelson Isaza Sánchez (“Nene” u “Omega”), un agente de tránsito de Envigado, sospechoso de apoyarlo en sus actividades ilícitas.
Motivos de la decisión
En su providencia, el Juzgado de Tunja no solo tuvo en cuenta el cumplimiento de las tres quintas partes de la pena. Según el fallo, conocido por este diario, tuvo en cuenta los estudios que realizó “Beto” en la prisión, que le sirvieron para atenuar los años de condena. En sus evaluaciones y cartillas biográficas, el Inpec conceptuó que su conducta era “buena y ejemplar”, por lo que el juez estimó que “existe un compromiso del interno en su proceso de resocialización”.
En la petición de libertad, el abogado de Isaza aportó, entre otras cosas, una carta firmada por 68 vecinos del barrio El Trianón de Envigado, en la que afirman que el convicto “es una persona solidaria, comunicativa, deportista y líder”.
A pesar de esto, y considerando los antecedentes, la boleta de libertad expedida por el juez generó alerta en las autoridades de Medellín. El comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Gómez, señaló que su Institución está evaluando la situación con la Fiscalía, para revisar si existen otros requerimientos judiciales en contra de Isaza.
La salida de este hombre se da en momentos en que “la Oficina”, mediante comunicados públicos, viene informando que sus cabecillas están dispuestos a acordar un pacto de sometimiento a la justicia con el Gobierno Nacional. En una carta enviada a la Presidencia de la República, el pasado 13 de marzo, 11 jefes criminales del Valle de Aburrá aseveran que buscan pacificar la zona desarmando a las bandas, y entre los firmantes aparece “Beto”.