Raúl Cardona afrontará en libertad juicio por presunta corrupción

Audiencia del alcalde Envigado y funcionarios de su gabinete. Foto: Santiago Mesa Rico

Un Juez de Control de Garantías determinó, este lunes, medida no privativa de la libertad con restricción de acceso a la alcaldía y contacto con funcionarios para el alcalde de Envigado, Raúl Cardona, dentro del proceso judicial que se le adelanta por delitos relacionados con corrupción.

Según el administrador de justicia, la medida no privativa al alcalde implica que este no puede tener contacto con dependencias municipales ni funcionarios de las mismas.

No obstante, anotó el juez, que hay testimonios que dan cuenta que los ciudadanos pusieron en conocimiento del alcalde los cobros irregulares que hacía el exconcejal Johnson Galeano por puestos en la alcaldía, en la Universidad de Envigado y Enviaseo, y que aunque el mandatario tenía como función proteger a la comunidad y administrar recursos, no hizo nada.

“Estas actuaciones afectaron a los ciudadanos y se hicieron para mantener una coalición que gobierna y mantener contentos a los concejales”, dijo el juez.

Al exconcejal Lindon Johnson Galeano, procesado por concusión, el juez le dio prisión domiciliaria y acogió el argumento de que la esposa del sindicado está enferma. No obstante, anotó que “se hace necesario separarlo de la comunidad para evitar que siga actuando en detrimento de esta”.

En contexto: Capturan al alcalde de Envigado por presunta feria de contratos

La defensa de Galeano había indicado que este no representa peligro, porque ya había perdido la investidura. Sin embargo, el juez consideró que eso no estaba demostrado.

El juez lamentó que la Fiscalía no presentara como víctima de los presuntos actos de corrupción al municipio de Envigado.

Hechos que marcan el proceso judicial

El proceso fue dividido en cuatro actuaciones en las que se habrían cometido delitos: el primero, el supuesto cobro de coimas por parte del concejal Lindo Jhonson Galeano, con cobros efectuados -al parecer- por el contratista Esteban Rodríguez, y con supuesto conocimiento del alcalde, Raúl Cardona.

El segundo hecho es la venta del lote en la vereda Pantanillo, por $1.300 millones a un particular que lo adquirió días antes por $60 millones.

El tercero es el contrato entregado a una empresa a cambio, al parecer, de la donación de tabletas.

Y el último hecho es la presunta intervención del alcalde para que la policía no cerrara un local que estaba violando la ley seca.

Una hora y media después de iniciada la audiencia, apenas se ha resuelto la medida de aseguramiento en uno de los cuatro hechos.

Otros funcionarios

A la secretaria de hacienda, Girlesa Mesa Medina, y al contralor municipal, José Conrado Restrepo, se les dictó detención domiciliaria por los delitos de cohecho propio y falsedad en documento privado. El juez consideró que era necesario apartarlos de la comunidad y restringir su contacto con servidores públicos.

Por la presunta negociación irregular de un lote en la vereda Pantanillo, Luz Marcela Quintero Restrepo, comisionista, y Camilo Andrés Correa Berruecos, vendedor del lote, fueron dejados en libertado con restricción y obligados a interrumpir cualquier comunicación con funcionarios públicos.

En ese caso el juez desestimó los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y aceptó los cargos por falsedad en documento privado y cohecho por dar u ofrecer.

El caso del lote fue uno de los que más llamó la atención de la Fiscalía. Se trata de la compra de un predio rural de Envigado por el que la Alcaldía habría pagado $1.300 millones, cuando el anterior comprador lo había adquirido solo en $50 millones.